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INTERNACIONAL / sube la tensión en bolivia
sábado 23 noviembre, 2019

Ofensiva legal del gobierno de Añez contra Morales

Denunciaron al ex presidente por “sedición y terrorismo”, tras difundir un audio donde supuestamente pide que sus seguidores cerquen las ciudades e impidan el ingreso de alimentos. La pena máxima es de 30 años.

Con la biblia y el codigo penal bajo el brazo. La presidenta de facto recibió ayer en el Palacio del Quemado al cuerpo diplomático. Su gobierno lanzó una embestida judicial en la fiscalía contra Evo Morales. Foto: ap
sábado 23 noviembre, 2019

En momentos en que el Congreso, con la participación del Movimiento al Socialismo (MAS), debate un llamado a elecciones generales, el gobierno de facto de Jeanine Añez lanzó ayer una ofensiva judicial contra el ex presidente Evo Morales, al que denunció penalmente por “sedición y terrorismo”, delitos que tienen una pena máxima de treinta años de prisión. Según el Ejecutivo, Morales habría cometido esos crímenes al pedir que sus partidarios cercaran las ciudades y provocaran el desabastecimiento de alimentos.

“Estamos pidiendo la máxima pena por sedición y terrorismo”, dijo el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, a los periodistas a la salida de la sede de la fiscalía. El proceso abierto contra Morales se sustenta en un audio revelado el miércoles por el propio Murillo, en el que supuestamente se escucha al ex gobernante dando instrucciones a uno de sus partidarios, el líder cocalero Faustino Yucra, para que bloqueen caminos. “Que no entre comida a las ciudades, vamos a bloquear, cerco de verdad”, afirma un hombre, que, según las autoridades, sería el líder del MAS.

El fiscal general, Juan Lanchipa, dijo que le pedirá a la Cancillería que “ponga en conocimiento de las autoridades de México el inicio de investigación” contra Morales. El ex presidente no tendría fueros especiales a la hora de enfrentar a la Justicia.

Además de Morales, fue denunciado el ex ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, refugiado en la embajada mexicana en La Paz, a la espera de recibir un salvoconducto para asilarse en ese país. “Bolivia se va a convertir en un gran campo de batalla, un Vietnam moderno porque aquí las organizaciones sociales han encontrado un horizonte para reafirmar su autonomía, soberanía, identidad”, había advertido el ex funcionario en una entrevista con la agencia rusa Sputnik.

Morales cuestionó en duros términos la denuncia presentada en la fiscalía. “Denuncio al gobierno de facto en Bolivia por crear un montaje con intención de hacerme un juicio internacional. Apelar a la manipulación judicial para encarcelar a líderes antiimperialistas, de izquierda y progresistas es algo que ya hicieron con Lula, Cristina y Correa”, escribió en su cuenta de Twitter.

El ex mandatario fue derrocado por un golpe de Estado el 10 de noviembre, luego que la Organización de Estados Americanos (OEA) denunciara “irregularidades graves” en las elecciones del 20 de octubre, en las que el Tribunal Supremo Electoral lo consagró vencedor en primera vuelta, y que el jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, pidiera públicamente su renuncia.

Detención. La denuncia contra Morales no fue la única ofensiva contra altos líderes del MAS. La policía arrestó ayer en La Paz al vicepresidente del partido, Gerardo García. Según informó el diario El Deber, el dirigente circulaba a bordo de un vehículo oficial por el centro de la ciudad y tenía en su poder computadoras y equipos biométricos. En un breve contacto con la prensa, García, que no tenía hasta ayer denuncias en su contra, dijo que transportaba esos equipos a las oficinas del partido de Morales.

Añez lanzó una dura ofensiva legal contra Morales justo cuando el Congreso discute un llamado a elecciones. Desde que la presidenta de facto asumió el poder, la represión a las protestas dejaron al menos 32 muertos. Las manifestaciones y cercos a ciudades generaron desabastecimiento en La Paz, donde se dispararon los precios y se multiplicaron las filas para conseguir comida y combustible. “La ciudadanía no merece estar cercada. Déjennos gobernar por este tiempo que será corto”, aseguró ayer Añez.

“Este es un gobierno de estricto carácter provisorio y tiene como propósito la pacificación del país y la convocatoria de elecciones libres y transparentes en el más breve tiempo”, agregó la presidenta de facto, que no se expidió sobre la violenta represión del jueves. En esa ocasión, la policía arrojó gases lacrimógenos a personas que llevaban en andas los féretros de sus familiares, fallecidos durante las protestas.

Lula: “Evo cometió un error”

El ex presidente boliviano Evo Morales cometió un “error” al buscar un cuarto mandato, consideró ayer el ex mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en una entrevista al diario The Guardian. “Mi amigo Evo cometió un error cuando buscó un cuarto mandato como presidente”, consideró Lula, pese a denunciar que “lo que hicieron con él fue un crimen” y “un golpe de Estado”.

Observadores de la Organización de Estados Americanos encontraron irregularidades en los comicios de octubre y su principal rival, Carlos Mesa, los calificó de “monumental fraude”, lo que desató masivas protestas en Bolivia.

Morales, que tuvo que asilarse en México tras perder el apoyo de las Fuerzas Armas y el amotinamiento de la policía, denunció un “golpe político, cívico y policial” instigado por la derecha boliviana.


El Congreso debate la convocatoria a elecciones generales

Con la participación del oficialismo y el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales, el Senado boliviano debatía ayer una ley de convocatoria a nuevos comicios generales y para la elección de autoridades del Tribunal Supremo Electoral, un paso esencial para salir de la crisis institucional que estalló hace un mes. Una comisión de la Cámara alta se encontraba en la fase final para concertar esta ley, que podría aprobarse en las próximas horas.

“Esperamos terminar este viernes el trabajo de comisión y presentar el proyecto al plenario en el Senado”, afirmó el senador y presidente de una comisión interpartidaria Oscar Ortiz. El oficialismo y el MAS no acordaron aún cuándo será la fecha de las elecciones ni quiénes podrán participar. Un sector de la izquierda, que controla una mayoría de dos tercios en las dos Cámaras, insiste en el retorno al país de Morales, asilado en México desde el 12 de noviembre, y en su participación en los nuevos comicios, mientras que el ala más concertadora aceptaría que su líder no sea candidato, en un esfuerzo por pacificar Bolivia. Ortiz, ex candidato presidencial, considera que ni Morales ni su vicepresidente Alvaro García, pueden participar de los comicios, porque la Constitución solo permite una reelección, ya cumplida por ambos.

Otro elemento central será la renovación de los siete ministros del Tribunal Supremo Electoral (TSE), tras la detención de sus autoridades por irregularidades en las últimas elecciones. Luego de 13 años en el poder, Morales había buscado un cuarto mandato consecutivo en las elecciones del 20 de octubre, las que, según el anterior TSE, ganó en primera vuelta. Sin embargo, la Organización de Estados Americanos (OEA) denunció “graves irregularidades” en una auditoría pedida por el propio Morales, lo que profundizó la crisis política y culminó con la renuncia –tras un pedido de las Fuerzas Armadas– de Morales.

Mientras los parlamentarios afinan la ley de convocatoria a elecciones, la tensión sigue en la ciudad de El Alto, donde el martes un operativo policial-militar desalojó una planta de combustibles, desatando una violenta represión que culminó con ocho muertos.

Asimismo, en seis de los nueve departamentos del país se registran bloqueos de carreteras contra la presidenta de facto, Jeanine Añez, quien se juramentó aduciendo el abandono de Morales de su cargo, tras su asilo en México.


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