La oficina de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, criticó ayer el “elevado número de violaciones de derechos humanos” que se cometieron en la represión policial a las protestas en Chile, cuyo gobierno pidió recordar el “contexto” en que se dieron.
“Estas violaciones incluyen el uso excesivo e innecesario de la fuerza, que ocasionó muertes ilícitas y heridas, tortura y malos tratos, violencia sexual y detenciones arbitrarias”, dice el documento que resume el trabajo del equipo que viajó a Chile para investigar la situación durante tres semanas de noviembre.
Según las pruebas recabadas, “existen razones fundadas para creer que, desde el 18 de octubre, se ha cometido un elevado número de violaciones de derechos humanos”.
“La gestión de las manifestaciones por parte de Carabineros se ha llevado a cabo de manera fundamentalmente represiva” y sin “distinguir entre personas que se manifestaban pacíficamente y manifestantes violentos”.
Una de las cuestiones que más llamó la atención de los expertos fue “el número alarmantemente alto de personas con lesiones en los ojos o la cara”, por el “uso desproporcionado y a veces innecesario” de escopetas antidisturbios.
Las protestas sociales que estallaron el 18 de octubre en Chile han provocado la crisis más profunda desde el retorno a la democracia en 1990, con un saldo hasta el momento de más de una veintena de muertos y miles de heridos.
Por su parte, el gobierno de Sebastián Piñera lamentó el contenido del informe, pero advirtió que las denuncias se generaron en un “contexto” de violencia.
“Chile vivió una situación imprevista e inédita de violencia, que se desarrolló en paralelo con expresiones ciudadanas pacíficas y legítimas en relación con demandas por una mayor justicia social”, dijo Lorena Recabarren, subsecretaria de Derechos Humanos.
Recabarren lamentó que el informe tenga información “errada y desactualizada”, y defendió la decisión del gobierno de decretar el estado de excepción que rigió por nueve días. “Fue esa situación de violencia y no las manifestaciones pacíficas” la razón para instaurar la medida, dijo la subsecretaria.