Zeid Ra'ad Al Hussein, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos calificó este viernes de "lamentable" la situación de los DD.HH. en Venezuela, al tiempo que reclamó la formación de una comisión investigadora internacional y una mayor "implicación" en la escena venezolana de la Corte Penal Internacional (CPI).
"El fracaso en que no se haga responsable a las fuerzas de seguridad por violaciones de derechos humanos tan graves sugiere que el estado de derecho está prácticamente ausente en Venezuela", dijo Zeid, tras la divulgación de un informe lapidario sobre el país caribeño. Zeid pidió al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que establezca una comisión internacional de investigación del más alto nivel para Venezuela y recomendó que la Corte Penal Internacional se "implique" más en todos aquellos casos de abusos donde no hay respuesta del Estado.
En febrero la Corte Penal Internacional inició exámenes preliminares por "presuntos crímenes" en el país durante manifestaciones contra el presidente Nicolás Maduro que dejaron unos 125 muertos en 2017. La oficina de derechos humanos de la ONU, que examinó la represión de los manifestantes en un informe el año pasado, dijo que los nuevos hallazgos están relacionados principalmente con supuestos abusos cometidos durante supuestas operaciones contra la delincuencia.
El acceso de los investigadores de la ONU a Venezuela ha sido rechazado. Algunas de las conclusiones están basadas en el monitoreo de la situación a distancia y en entrevistas con víctimas, testigos, grupos de la sociedad civil y otros. Otra evidencia incluye material compilado por la exfiscal general Luisa Ortega Díaz, quien fue despedida por Maduro en agosto pasado y está viviendo en el exilio.
"La situación de los derechos humanos de los venezolanos es lamentable", declaró Zeid en un comunicado replicado por la agencia AFP, señalando que el gobierno de Maduro incluye "ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y la tortura con violencias sexuales, simulacros de ejecución y descargas eléctricas"
El responsable de la ONU advirtió que "cuando una caja de pastillas contra la hipertensión cuesta más caro que el salario mínimo mensual y la leche en polvo para bebé más de dos meses de salario, y cuando manifestar contra una situación así puede llevar a la cárcel, la injusticia extrema de todo eso es flagrante". Este informe sale después de la publicación de un primer informe del Alto comisionado, publicado en agosto de 2017, que denunciaba ya "el recurso generalizado y sistemático de la fuerza excesiva durante las manifestaciones, y la detención arbitraria de manifestantes y presuntos opositores políticos".
El uso de la fuerza excesiva, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratamientos continúan, según el Alto Comisionado, quien subraya que la represión llevada a cabo por las autoridades del Estado comenzó en 2014. Como las autoridades venezolanas rechazaron el acceso al país a los expertos de la ONU, Zeid encargó un equipo de especialistas de derechos humanos entrevistar a distancia a unas 150 personas, entre ellas víctimas y sus familias, así como testigos, periodistas, abogados y médicos.
En conclusión, "teniendo en cuenta la magnitud y el alcance de las violaciones", el informe considera que los "Estados miembros del Consejo de derechos humanos deben crear una comisión de investigación internacional". "Dado que el Estado no parece ni capaz ni dispuesto a procesar a los autores de las violaciones graves de derechos humanos, hay sólidas razones para pedir un compromiso creciente de la Corte Penal Internacional", subrayó el Alto comisionado.
Según el informe, continúan aplicándose los métodos para "intimidar y reprimir a la oposición política o cualquier persona percibida como amenaza para el gobierno" y "las detenciones se han vuelto más selectivas que durante el periodo de las manifestaciones".
Al menos 12.320 personas fueron detenidas en el país entre enero de 2014 y abril de 2018, y más de 7.000 fueron liberadas con la condición de respetar ciertas medidas que les limitan sus libertades, subrayó el informe, que utiliza elementos comunicados por representantes de la sociedad civil. Al menos 570 personas, entre ellos 35 niños, fueron detenidas desde agosto pasado. El presidente Nicolás Maduro, en el poder desde 2013, fue reelegido recientemente hasta 2025 luego de elecciones muy criticadas en el extranjero.
A poco de conocerse la nota de la ONU, el gobierno venezolano calificó este viernes como una "grotesca farsa" alinforme del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, que denuncia una política de represión contra los opositores a Maduro. La respuesta del gobierno venezolano no se hizo esperar y en un comunicado, el gobierno de Nicolás Maduro denunció que toda la información que ha enviado a la agencia de Naciones Unidas "ha sido intencionalmente descartada (...) con el objetivo de construir una grotesca farsa mediática".
"Venezuela rechaza categóricamente el informe (...), resultado de una metodología altamente cuestionable que sepulta la credibilidad y el rigor técnico exigido a una oficina de esa naturaleza", agrega el documento, difundido por el canciller Jorge Arreaza.
Finalmente, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) urgió este viernes a Venezuela a frenar el avance del sarampión y la difteria y disminuir la mortalidad por malaria, así como abordar la actual "fragmentación y segmentación" de los servicios de salud. Venezuela debe "elaborar y ejecutar urgentemente un plan de acción para detener la transmisión del sarampión y la difteria", "reducir la morbilidad y la mortalidad debida a la malaria" y "acelerar los esfuerzos para mejorar la integración de los servicios de salud (...) a fin de abordar la fragmentación y segmentación actuales", dijo la OPS. Estas recomendaciones están incluidas en un informe sobre Venezuela y países vecinos presentado durante la 162º sesión del comité ejecutivo del organismo, que finalizó este viernes en Washington.
