La tensión se palpaba ante el tribunal de La Habana, donde 33 manifestantes del 11 de julio fueron juzgados esta semana por el delito de sedición. Atemorizados familiares aguardaban noticias en un parque aledaño pese a que varios fueron detenidos el lunes por gritar consignas como “Justicia” y “Libertad”.
“El lunes tuve un problema aquí, me detuvieron, tengo miedo de que me vuelvan a detener”, dijo con los ojos húmedos, Belkis Ortiz, abuela de Duannis Dabel León Taboada, un joven de 22 años que participó en las históricas manifestaciones de julio y para quien la fiscalía pide 21 años de prisión.
Un total de 33 manifestantes fueron juzgados entre el lunes y jueves por el delito de “sedición” en el tribunal del municipio 10 de Octubre, en La Habana. La fiscalía pide sentencias de hasta 25 años de cárcel.
Sentada al pie de un árbol, Belkis Ortiz esperaba el miércoles en el mismo parque donde fue detenida el lunes con una treintena de personas que hicieron un círculo para pedir “libertad” para sus familiares mientras estos eran juzgados.
La organización opositora Justicia 11J, que lleva un registro de estos casos, posteó un video en el que estas personas aplauden gritando consignas. Al menos 14 personas fueron detenidas “con violencia”, entre ellas, activistas como Carolina Barrero, indicó.
Como ha pasado con otros jóvenes disidentes, el jueves Barrero se vio forzada a abandonar el país rumbo a Madrid. “La seguridad del Estado me dio 48 horas para salir”, dijo en Facebook, explicando que si no se iba, las madres detenidas y activistas “serían instruidos por el delito de desorden público”.
“Extrema violencia”. La audiencia del lunes se llevó a cabo bajo un fuerte despliegue policial que llegó en patrullas y autobuses. Agentes vestidos de civil fueron desplegados en las inmediaciones del tribunal.
Este caso es conocido como el juicio de Toyo, nombre de una panadería ubicada en una esquina del municipio 10 de Octubre, donde el 11 de julio se registró un zafarrancho entre partidarios del gobierno y manifestantes, que dejó vehículos dañados, al menos una patrulla volteada, así como piedras y botellas esparcidas por todos lados.
Lisnay María Mederos Torres, jefa de la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía General de la República, dijo al portal de noticias estatal Cubadebate que los acusados de sedición “actuaron con extrema violencia, organizaron las alteraciones del orden público, acordaron expresa o tácitamente irrespetar las instituciones oficiales comprometidas con garantizar la seguridad y tranquilidad ciudadana”.
Además, “utilizaron lenguaje grosero y ofensivo para incitar a la violencia, lanzaron objetos cortantes, contundentes o incendiarios contra bienes públicos; arrasaron y destruyeron lo que encontraron a su paso”, dijo Mederos, al precisar que las diligencias se hicieron “con amplia participación” de abogados defensores en las actuaciones.
El 25 de enero, el gobierno informó que 790 personas, incluidas 55 menores de 18 años, fueron procesadas por las manifestaciones de julio. Otras 172 habían sido condenadas, indicó.
Al juicio solo tuvo acceso un familiar por cada acusado, no se permitió la entrada a la prensa. Una funcionaria del tribunal explicó que los medios requieren autorización del presidente del Tribunal Supremo Popular.
Desde Estados Unidos, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, expresó el jueves en un tuit su preocupación por los presos políticos, incluidos los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel “Osorbo”, como es su nombre artístico.
“Instamos al gobierno de #Cuba a que deje de encarcelar a sus ciudadanos por ejercer la libertad de expresión”, dijo Price.
“Son demasiados años”. Para Laila Prieto de La Rosa, esposa de un manifestante de Toyo juzgado esta semana, su marido no merece lo que le está pasando.
“Se subió encima de una patrulla y por eso le piden 25 años de cárcel”, dice esta mujer de 20 años alzando la voz con rabia. “El juicio es un total teatro y no estoy de acuerdo, no espero nada bueno”.
Igual que otros familiares autorizados para presenciar el juicio, durante el receso se reúne con sus allegados en el parque ubicado a una cuadra del tribunal.
Entre el martes y miércoles, la presencia de uniformados se fue haciendo menos visible, pero el parque estaba colmado de partidarios del gobierno, dijeron familiares de los presos, quejándose de no poder acercarse al tribunal.
“Nos mandan para acá a una cuadra y media de distancia”, dijo Caridad García, otra abuela de 62 años a cuya nieta de 24 años le han pedido 17 años de sentencia.
El juicio concluyó el jueves a la espera de que se dicten las sentencias.
“Justicia es lo único que pedimos, son demasiados años, esos muchachos son muy jóvenes”, dice sentada en el césped, Yesenia Díaz, de 32 años y hermana de Oscar Bravo, de 23 años y trabajador del aeropuerto de La Habana hasta su detención.
