Oriente boliviano marchó contra reforma agraria

Dirigentes sociales y políticos del departamento boliviano de Santa Cruz marcharon contra la Ley de Tierras y convocaron para el jueves a una asamblea, con miras a definir las medidas que asumirán en rechazo a las políticas del presidente Evo Morales que buscan mayor injerencia del gobierno central en las prefecturas (gobernaciones).

Productores agrarios y el poderoso Comité Cívico Pro Santa Cruz participaron de la movilización que partió desde la localidad de Warnes hacia Santa Cruz de la Sierra (la capital provincial), donde se realizó una concentración.

Los sectores agrarios de esa región, que concentran mayormente tierras dedicadas al cultivo de soja, se oponen a un proyecto para modificar la ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que prevé la reversión de predios improductivos y la expropiación con indemnizaciones.

De forma paralela, el Comité Pro Santa Cruz -que aglutina a diferentes sectores de la región considerada el "motor económico" boliviano- llamó para este jueves a una asamblea de la "cruceñidad", para definir "las reglas de juego a partir de ahora".

"Santa Cruz, el Oriente en su totalidad, hemos sido declarados enemigos del gobierno central" que preside el socialista Morales, advirtió el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Germán Antelo. "Si nos declaran sus enemigos, pues tenemos que prepararnos para defendernos y para asumir la posición que creamos más adecuada, para ganarnos el espacio que nos corresponde en este nuestro país, porque nadie va a sacarnos de este país", enfatizó.

Antelo indicó que "cuando alguien vota por alguien es para que haga las cosas bien, no para que se apodere del país y crea que es el único que tiene la verdad absoluta".

Uno de los aspectos más polémicos del proyecto de ley de tierras está referido a la intención oficialista de evaluar cada dos años si un predio está siendo trabajado o, de lo contrario, contemplar una posible reversión. La oposición propone efectuar este proceso cada cuatro o cinco años para evitar la "inestabilidad" en la propiedad.

Al margen del tema tierras, Morales se enfrenta al malestar expresado por seis de los nueve gobernadores del país, que decidieron "romper" relaciones con su administración central en rechazo a un proyecto de ley para fiscalizar las autoridades locales y el mecanismo de mayoría absoluta impulsado por su partido en la Asamblea Constituyente.

"Quieren mayoría absoluta y una Asamblea Constituyente originaria, para desconocer el referéndum autonómico, un proceso por el que hemos luchado todos, los venidos y no venidos a Santa Cruz", señaló Antelo, aludiendo a una consulta popular en la que se impuso el "Sí" a las autonomías en cuatro de los nueve departamentos.

Señaló que quieren "destruir a los prefectos", que fueron elegidos por primera vez en las urnas en diciembre pasado.

"Se los quiere sacar (a los prefectos) a través de la censura de un Parlamento dominado por el partido de gobierno", expresó Antelo.

Morales envió ayer al Congreso el proyecto de ley para fiscalizar los prefectos, y aclaró que su propuesta "no tiene ninguna mala intención".