Bogotá – La Corte Suprema de Justicia colombiana citó a declarar al menos a una sesenta personas –como los familiares de la canciller María Consuelo Araújo–, con el fin de detectar los nexos entre políticos y paramilitares.
Mientras tanto, el Gobierno presentó una serie de medidas para proteger a los representantes de las víctimas de esos grupos ultraderechistas.
La sala penal de la Corte informó que, entre los citados, se encuentran el ex candidato presidencial Horacio Serpa; el ex ministro de Minas y Energía, Luis Ernesto Mejía; un coronel del Ejército; ex funcionarios del Ejecutivo y ex congresistas.
También fueron convocados Alvaro Araújo Noguera, padre de la ministra de Relaciones Exteriores, y Sergio Araújo Castro y Alvaro Araújo Castro –un senador investigado por sus presuntos vínculos con grupos de extrema derecha– y que son hermanos de la funcionaria.
Sin pistas. Por su parte, el gobierno colombiano estableció hoy una serie de medidas para proteger la vida de las personas y organizaciones que representan a las víctimas de los grupos paramilitares.
La decisión fue tomada al día siguiente del asesinato de Yolanda Izquierdo, una campesina del noroeste del país que representaba a unas setecientas personas que reclaman la devolución de tierras que les fueron despojadas en forma violenta por los ultras.
La viceministra de Interior y Justicia, María Isabel Nieto, aseguró hoy que por ahora no se sabe quiénes fueron los responsables de la muerte de la líder campesina, aunque advirtió que existen indicios que apuntan a dos personas del departamento de Córdoba. Por ahora, sostuvo la funcionaria, “eso hace parte de la investigación que está adelantando en este momento la Fiscalía”.
La primera decisión adoptada por el gobierno para proteger a los dirigentes que representan a las víctimas de la ultraderecha incluyó la orden de salvaguardar la vida de cuatro personas en los departamentos de Sucre y Córdoba, en el Caribe colombiano, donde los paramilitares tuvieron buena parte de su bastión militar. Otra de las disposiciones adoptadas por el Ejecutivo fue la elaboración de una “mapa de riesgo” de las ciudades y poblaciones donde están aquellos que se encuentran en la mira de los denominados “paras”, a fin de poder establecer medidas para proteger sus vidas.
En tanto que las citaciones del máximo tribunal se realizaron para confrontar testimonios con las versiones que entregaron a la justicia unos catorce parlamentarios, investigados por sus presuntos nexos con ultraderechistas de Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La Corte aclaró que –en algunos casos– el llamado no significa una vinculación al proceso judicial, sino una medida apelada por la defensa de los investigados para probar su inocencia.
El ex candidato, complacido. Tras conocer la citación de la Corte, el ex presidente Serpa afirmó que se siente complacido de que lo llamen porque será un escenario en el que podrá continuar exponiendo sus denuncias sobre “el fenómeno del paramilitarismo”. Y agregó: “Durante los veinte años de política he asumido la lucha contra el paramilitarismo en Colombia. Durante las campañas presidenciales de 2002 y 2006 denuncié la participación del paramilitarismo en la política; lo dije con toda claridad ante las propias autoridades que el país se había paramilitarizado, así que tengo muchos aspectos que comentar”.
El anuncio del tribunal se conoció en momentos en que el presidente Alvaro Uribe ordenó a la Policía Judicial y a la Fiscalía decomisar “como medida cautelar”, los bienes de los irregulares desmovilizados bajo la Ley de Justicia y Paz para reparar a las víctimas.
“Esta decisión se ha tomado para evitar que a través de testaferros, contratos de diversa índole, invasiones y descuido administrativo, esos bienes desaparezcan y se dificulte indemnizar a las víctimas”, explicó un comunicado de la Casa de Nariño, sede de la presidencia de Colombia.
El escándalo por la “parapolítica” se generó en noviembre de 2006, cuando la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura, sin derecho a excarcelación, de los parlamentarios oficialistas Alvaro García, Jairo Merlano y Erick Morris, tras encontrarlos responsables de tener vínculos con grupos paramilitares.
El escándalo se agudizó cuando el senador oficialista Miguel de la Espriella declaró en ese mismo mes que varios congresistas del norte habían pactado en 2001 con paramilitares la creación de un movimiento para difundir y apoyar los ideales de los ultraderechistas.
El Ejecutivo colombiano inició negociaciones de paz con las AUC el 1 de julio de 2004, y ya se desarmaron más de 31 mil hombres, pero aún queda una escuadrilla por desmovilizar.
Fuente: Télam
