La convulsión política en Perú es total. El presidente Pedro Castillo fue detenido horas después de su intento de autogolpe de Estado. El hecho ocurrió luego de que el mandatario anunciara la disolución del Congreso, en un último atisbo para aferrarse al poder en vistas de lo que hubiera sido el tercer intento del cuerpo legislativo para destituirlo.
Luego de su cuestionado anuncio, Castillo salió del Palacio de Gobierno en Lima hacia una sede de la Prefectura, donde fue detenido por orden de la Fiscalía. Esto a su vez coincidió con el anuncio de las Fuerzas Armadas y de la Policía peruana de que "no acatarían actos contrarios al orden constitucional establecido".
Castillo, investigado por el delito de "rebelión"
La Fiscalía del país andino anunció este miércoles la detención del expresidente por el delito de rebelión luego de su intento fallido de disolver el parlamento y su destitución por parte del Congreso.
"Hay una comisión de un hecho en flagrancia y está en calidad de detenido", comunicó a la prensa Marita Barreto, coordinadora del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder.
"Discutiremos hoy (si hay elementos para una prisión preventiva). La democracia debe respetarse", completó la fiscal Barreto, que participó en la detención.
“Se ha procedido conforme a ley, se impuso un derecho fundamental que es ser procesado o investigado por la imputación de un delito”, agregó la mujer en declaraciones reproducidas por la agencia de noticias AFP.
Castillo, vestido con casaca azul, fue conducido al departamento de la policía local, acompañado por el exjefe de gabinete Aníbal Torres, uno de sus aliados más cercanos. La fiscal de la nación, Patricia Benavides, participó en la detención.
Entre sus facultades, la fiscalía podría solicitar a la justicia que Castillo permanezca detenido "preventivamente", una figura que también podría afectar al exjefe de gabinete, según aclaró Barreto.
El delito de rebelión prevé una pena de entre 10 y 20 años de prisión.
Tras el intento de disolución del Congreso, éste destituyó a Castillo por "incapacidad moral" y juramentó en su lugar a la vicepresidenta, Dina Boluarte, en el marco de una turbulenta jornada de inestabilidad política.
Fuentes informaron a La República que el jefe de la escolta presidencial fue quien impidió el traslado de Castillo y ordenó su desplazamiento a la sede de la Prefectura ubicada en la avenida España, por violar la Constitución. Por su parte, Aníbal Torres, exjefe de gobierno, sería el abogado defensor.
Hasta esa dependencia se desplazaron la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y el fiscal adjunto supremo Marco Huamán, quienes encabezaron la diligencia para detener al exmandatario, quienes previamente habían anunciado que procederían a implementar acciones legales tras el quebrantamiento del orden constitucional.
Este miércoles 7 de diciembre la oposición, líder en el Congreso, tenía previsto votar una moción de vacancia (de destitución) contra Castillo por "incapacidad moral permanente", un proceso por el que cayeron otros dos presidentes en 2018, marcando el clima actual de inestabilidad política. Con el voto a favor de 101 congresistas, la caída de Castillo era inminente.
Cayó Pedro Castillo, nueva víctima del desafortunado destino de los presidentes de Perú
En ese contexto, el ahora exmandatario no solo disolvió el Congreso de manera temporal, sino que decretó un gobierno de excepción, la reestructuración del Poder Judicial y un toque de queda nocturno. La ruptura del orden constitucional por parte de Castillo provocó un aluvión de renuncias de su gabinete y representantes diplomáticos, además de la condena internacional y de todo el arco político.
Carente de apoyo, incluso de su propio partido que lo llevó al poder hace apenas un año y medio, y sin el respaldo de las fuerzas de seguridad o de la justicia, el intento de autogolpe de Castillo fracasó.
Castillo fue reemplazado en funciones por la vicepresidenta Dina Boluarte, quien jurò esta tarde ante la máxima investidura. Sin embargo, todavía queda mucho para restablecer la calma de este presidencialismo, que hasta el momento exhibe serias dificultades para sobrellevar las crisis por vías constitucionales.
