El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, está acorralado por una serie de casos de corrupción que surgieron en su entorno más íntimo y que llevaron a la oposición a reclamar su renuncia inmediata.
El mandatario ya anticipó que no va a dimitir y tampoco a convocar a elecciones, como exige el Partido Popular, la principal agrupación opositora de centroderecha. Y buscó despegarse de las denuncias afirmando que no tenía conocimiento de los graves hechos de corrupción destapados por la Justicia.
El último, y tal vez el más grave, es el que estalló esta semana y que tiene que ver con el número tres del Partido Socialista Español (PSOE), Santos Cerdán, quien terminó renunciando.
“Quiero pedir perdón porque hasta esta misma mañana yo estaba convencido de la integridad de Santos Cerdán”, dijo Sánchez en rueda de prensa. Agregó que, aunque “no conocía absolutamente nada” sobre las presuntas irregularidades hasta este mismo jueves, nunca debió “confiar” en Cerdán.
Lo cierto es que Cerdán es un socialista muy cercano a Sánchez. El jueves pasado, un juez del Tribunal Supremo reveló un informe policial que muestra “consistentes indicios acerca de la posible participación” de Cerdán “en una adjudicación indebida” de contratos públicos a cambio de dinero.
Los medios españoles también revelaron escuchas donde Cerdán admite haber recibido montos importantes en euros por la concesión de obras.
Se trata del mismo caso por el que está siendo investigado José Luis Ábalos, el exministro y exmano derecha de Sánchez.
Según el informe de la UCO, la unidad de la Policía Nacional que investigó el hecho, Cerdán se encargó de “gestionar los presuntos pagos” que recibieron José Luis Ábalos, exministro de Transportes, y Koldo García, asesor del mismo, de la empresa Acciona, a quien le otorgaron varias obras, y que ascenderían a 620 mil euros.
“Las contraprestaciones económicas dimanantes presuntamente de Acciona, percibidas por Ábalos y Koldo, y gestionadas por Santos, ascenderían a 620 mil euros, si bien a criterio de Koldo aún quedarían 450 mil euros pendientes de abono”, destaca el informe.
Ábalos, quien fue expulsado del PSOE cuando estalló el escándalo el año pasado, es sospechoso de haber cometido delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación por haber obtenido dinero por contratos adjudicados durante la pandemia de covid-19.
Si bien este caso es un dolor de cabeza para Sánchez, su entorno tiene muchos frentes judiciales abiertos.
Caso Koldo. Considerado durante mucho tiempo como el brazo derecho de Pedro Sánchez, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, está siendo investigado en un caso de presunta corrupción y desvío de fondos, junto a su antiguo asesor, Koldo García.
La Justicia trata de determinar si Ábalos participó en la presunta contratación irregular de mascarillas y material sanitario durante la pandemia de covid-19, recibiendo comisiones ilegales del empresario Víctor de Aldama.
Esta investigación, que también indaga en posibles adjudicaciones irregulares de contratos públicos, sumó un potente capítulo esta semana con la investigación contra Santos Cerdán.
Caso Begoña. La esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, está siendo investigada por presunta corrupción y tráfico de influencias en una causa abierta el año pasado tras las denuncias presentadas por dos asociaciones cercanas a la extrema derecha.
La Justicia investiga si Gómez se aprovechó de ser la esposa de Sánchez para conseguir dirigir en la Universidad Complutense de Madrid un máster y obtener financiación privada para el mismo. Se examina también si, a cambio de esta financiación para su curso, ayudó a un empresario a conseguir acceso privilegiado a ofertas públicas.
Caso García Ortiz. La Justicia busca determinar si el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, estuvo implicado en la filtración a la prensa de un correo electrónico que mencionaba un posible acuerdo de culpabilidad en un caso de fraude fiscal entre la fiscalía y el empresario Alberto González Amador.
Éste último, pareja de la figura ascendente de la derecha española, la presidenta regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es sospechoso de haber defraudado al fisco español los años 2020 y 2021.
Nombrado en agosto de 2022 a propuesta del gobierno de izquierdas de Sánchez, García Ortiz niega estas acusaciones, que forman parte de una investigación sin precedentes en la historia judicial española.
Un magistrado del Tribunal Supremo consideró, sin embargo, este lunes que los “indicios” contra el fiscal general por presuntamente haber cometido un “delito de revelación de secretos” quedaron “confirmados” durante la investigación, dejándolo al borde de ser enjuiciado.
Caso David Sánchez. El hermano menor de Pedro Sánchez, David Sánchez, fue enviado a juicio a finales de mayo junto con otras diez personas en un caso de presunto tráfico de influencias por su contratación en 2017 por una institución pública de la provincia de Badajoz (suroeste), donde gobernaban los socialistas.
“Manos Limpias”, el colectivo cercano a la extrema derecha que interpuso la denuncia, lo acusa de haber utilizado la influencia de su hermano para conseguir el puesto, así como de haber recibido un salario financiado por fondos públicos sin acudir a su lugar de trabajo.
Caso Leire Díez. Militante del PSOE, hasta hace poco desconocida para el gran público, Leire Díez se vio en el ojo del huracán cuando la prensa publicó a principios de junio las grabaciones de varias conversaciones comprometedoras, en particular con un comandante de la Guardia Civil y un empresario, ambos señalados en casos que involucran a personas próximas a Sánchez.
En una de estas conversaciones, Díez parece buscar elementos comprometedores sobre los mandos de una unidad de la Guardia Civil que investiga la corrupción y delitos graves, prometiendo a cambio un trato benévolo de la Justicia a sus interlocutores.
