INTERNACIONAL
Proyecto de ley

Ponen más trabas para la ciudadanía italiana

Además de los 10 años de residencia, habrá que rendir exámenes.

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Los inmigrantes que hayan elegido Italia para rearmar sus vidas tendrán un nuevo escollo para poder adquirir la ciudadanía de ese país, si es que el Parlamento aprueba un nuevo y polémico proyecto de ley. Es que, además de los 10 años de residencia, las autoridades de ese país solicitarán que el requirente apruebe una serie de exámenes sobre historia y cultura italiana y europea, de educación cívica, y sobre la Constitución.

Según consignó el diario La Nación, hay varios requisitos más para poder ser italiano, por lo que no basta con la inteligencia y la capacidad de estudio. El extranjero que quiera legalizar su situación deberá demostrar capacidad de integración social y respeto "también en el ámbito familiar" de las leyes italianas. Finalmente, y sin excepción, una vez adquirida la nueva nacionalidad se deberá renunciar a la anterior.

La autora del proyecto, Isabella Bertolini, expresó que la ley " servirá a quien realmente quiere quedarse en Italia y no a los extranjeros que la consideran una residencia temporal, a la espera de irse a otros países". La oposición, consignó el matutino, rechazó la propuesta de manera efusiva mientras que la derecha se ha dividido en torno a los nuevos requisitos.

Gianfranco Fini, presidente de la Cámara de Diputados y un hombre que siempre estuvo cerca del premier, Silvio Berlusconi, no coincidió con el contenido del proyecto. Hace unos días, el hasta hace poco tiempo aliado de la xenófoba Liga Norte aseguró públicamente que " es una mierda [stronzo] quien dice que los extranjeros son distintos"

La Liga Norte rechazó el proyecto alternativo de "ciudadanía fácil". "No necesitamos atraer inmigración, sino manejar el fenómeno, restringiéndolo. No podemos enviar mensajes errados. Obtener la ciudadanía fácilmente será un gran imán que va a atraer inmigrantes que no podemos recibir", explicó Roberto Cota, jefe de bancada de la Liga Norte.

El proyecto de ley volverá a ser debatido tras las elecciones regionales que se celebrarán el próximo marzo.