La embajada de Rusia en Buenos Aires respondió al anuncio del Gobierno de Javier Milei sobre la detección de ciudadanos rusos presuntamente involucrados en un proyecto de inteligencia internacional. La sede diplomática calificó el comunicado como un “intento de perjudicar las relaciones entre Argentina y Rusia”.
La respuesta aclaró que los ciudadanos mencionados “no están registrados en la sección consular de la embajada” y que se solicitó una explicación formal al Gobierno argentino. “Hemos enviado una nota verbal al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina solicitando aclaraciones sobre el estatus legal de los mencionados ciudadanos”, expresaron.
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Manuel Adorni, vocero presidencial, fue quien informó públicamente la denuncia durante una conferencia de prensa en Casa Rosada. “La SIDE detectó a un grupo de residentes rusos en la Argentina que estaría realizando tareas en favor de los intereses geopolíticos de Rusia”, dijo el portavoz.
La investigación indicó la existencia de un grupo de ciudadanos rusos vinculados al Kremlin, denominado "La Compañía" y relacionada con el ‘Proyecto Lakhta’. El presunto líder de la organización fue identificado como Lev Konstantinovich Andiashivili, según la Secretaría de Inteligencia del Estado. Se estima que su esposa, Irina Lokovdenko, estaría encargada de la recepción de fondos y del fortalecimiento de vínculos con actores locales.
Las autoridades sostienen que “La Compañía” buscaría reclutar individuos afines a los intereses rusos para desplegar campañas de desinformación e influencia contra el Estado argentino. La organización también estaría involucrada en tareas como la producción y propagación de mensajes en redes sociales, el acercamiento a entidades civiles y ONG locales, y la coordinación de grupos focales con ciudadanos del país.
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Como parte de la respuesta oficial, Adorni destacó la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), un nuevo organismo dentro de la Policía Federal Argentina. Su mision apunta a la desarticulación de organizaciones vinculadas al narcotrafico, el terrorismo, espionaje y crimen organizado con el objetivo de reforzar la seguridad nacional y evitar que el país quede bajo la influencia o control de potencias extranjeras.
La creación de la institución apunta a reforzar la prioridad que el Gobierno otorga a la seguridad nacional. La protección de los ciudadanos y la defensa de la soberanía nacional son temas fundamentales, por lo que se incorporará personal especializado en áreas como abogacía, psicología social y ciencias de la computación.
Sin embargo, sectores de la oposición manifestaron su preocupación, dado que la normativa le otorga atribuciones a la estructura policial que “exceden las funciones constitucionales asignadas a su competencia”. En ese sentido, la reglamentación habilita a la PFA a acceder a bases de datos públicos y privados, y a realizar “sin necesidad de autorización judicial, tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales”, como las redes sociales.
BGD/ML
