Desde París
El presidente François Hollande estudia la posibilidad de convocar a un referéndum para imponer su proyecto de privar de la nacionalidad a los binacionales condenados por crímenes terroristas, incluso a los nacidos en Francia.
La consulta popular sería el recurso extremo si no consigue reunir la mayoría de 60% de votos necesaria para que el Parlamento apruebe su idea de reformar la Constitución para introducir el estado de urgencia y el despojo de nacionalidad a los terroristas binacionales. El proyecto es resistido por numerosos sectores políticos y por una gran parte de la opinión pública.
Hollande había anunciado su proyecto ante las dos cámaras reunidas en sesión conjunta en Versalles, pocos días después de los atentados de París, que provocaron 130 muertos y más de 200 heridos.
Sarkozy. El primero en reaccionar fue el partido sarkozysta Los Republicanos (LR), que consideró innecesario recurrir a una reforma constitucional. En varias ocasiones su partido propuso sancionar a quienes consideraba “indignos” de tener la nacionalidad francesa. La idea fue reiterada en 2008 y 2010, cuando el himno nacional La Marsellesa fue silbado en partidos de fútbol de Francia contra Argelia y Túnez, respectivamente.
En ese momento, el Frente Nacional de los Le Pen también pidió “castigar” a quienes “ensucian a Francia”.
En 2010, la idea de Sarkozy suscitó la feroz resistencia del entonces líder del bloque parlamentario socialista Jean-Marc Ayrault: “El despojo de nacionalidad es absurdo e ineficaz. Un crimen es un crimen. Un criminal es un criminal. Un francés es un francés”, dijo quien dos años después fue designado primer ministro por Hollande.
Sin embargo, Sarkozy nunca pudo aplicar esa drástica medida porque violaba los principios de la Constitución.
Frente interno. La idea del actual presidente también es resistida por importantes dirigentes de su propio partido como Martine Aubry y la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, una mayoría de legisladores y algunos ministros, como la titular de Justicia, Christiane Taubira, una parte de la opinión pública y la prensa influyente del país.
El diario Le Monde, por ejemplo, publicó un duro editorial criticando la iniciativa porque lesiona el “principio constitucional de igualdad de los ciudadanos y amenaza con “banalizar la detestable lógica xenófoba”.
“El fin nunca justifica los medios –concluye el diario–, ni siquiera en la ‘guerra’ contra el terrorismo”.
Analistas políticos sospechan que, más que una medida disuasiva, lo de Hollande es, sobre todo, un ardid político destinado a hacer caer a la derecha y a la extrema derecha en su propia trampa sobre las medidas antiterroristas.
Sarkozy y el FN no podrían oponerse a una medida que exigían cinco años antes por delitos mucho menores.
Un éxito en el referéndum le otorgaría a Hollande una considerable ventaja psicológica con vistas a las elecciones presidenciales de 2017. Pero una derrota podría tener consecuencias catastróficas para su futuro político
