El Gobierno quiere ingresar al organismo, que exige a sus miembros ortodoxia fiscal y poca intervención estatal. Su visión es novedosa en temas como educación y calidad vital.
Es una idea del flamante ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay. Se la propuso a Mauricio Macri y el Presidente ya la conversó con su par chilena, Michelle Bachelet, durante el encuentro que mantuvieron la semana pasada. El Gobierno quiere que la Argentina ingrese a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un exclusivo “club” global que hoy integran 34 países y cuyo leitmotiv es la articulación de políticas macroeconómicas. Con 55 años de historia, la OCDE dispone de un exigente recetario al que todos sus integrantes deben adscribir, con todos los beneficios y las contras que ello puede implicar. Es posible rastrear la visión de la OCDE sobre temas como equilibrio fiscal, mercado laboral, intervención del Estado o estructura impositiva en las recomendaciones que el organismo le hizo en los últimos años a sus miembros, a países en vías de ingresar e incluso a naciones que no expresaron interés por pertenecer. Chile es el único país de Sudamérica que hoy integra la OCDE, mientras que Colombia se encuentra en proceso de adhesión. Para habilitar su ingreso, la OCDE le impuso una serie de objetivos que el país deberá cumplir en los próximos meses. Entre otras recomendaciones de perfil ortodoxo, el organismo le sugirió al gobierno de Juan Manuel Santos que haga recortes a la seguridad social, eleve la edad jubilatoria, ponga tope a la evolución del salario mínimo y eleve los impuestos indirectos al consumo. Como ya lo había hecho con Chile, también recomendó medidas tendientes a la flexibilización laboral –presentadas por la OCDE bajo el rótulo de “buenas prácticas laborales”–, tales como ampliar los causales de despido justo, restringir los reintegros de trabajadores, reducir las tablas de indemnización o atar las subas salariales a la tasa de productividad. Desde que estalló la crisis económica de la que aún no se ha recuperado, España es uno de los actuales miembros que permanece bajo la lupa de la OCDE. Sus recetas para el país ibérico van en la tónica de la austeridad demandada por la “troika” (FMI, UE y BCE): el organismo le reclamó este año a Madrid un ajuste del gasto público superior al 4,5% del PBI, al igual que a otros 13 países europeos.
El lado B. Aunque su enfoque macroeconómico casi no difiere del recetario clásico del FMI, la OCDE es vanguardia en asesorías sobre educación, medio ambiente, energía y otros asuntos estratégicos. El organismo ofrece asistencia a sus miembros sobre innovación educativa, desde la formación temprana hasta el sistema universitario; y realiza exámenes periódicos sobre docentes y alumnos. Dos meses atrás, al lanzar la tercera edición de su informe ¿Cómo va la vida? sobre calidad vital, la OCDE dejó planteado un novedoso enfoque que incluye variables como medio ambiente, compromiso cívico y conexiones sociales para medir el bienestar de una población. Sus miembros deben cuidarse de no descuidar tampoco esos rubros.
