Fue tal vez la incorporación más impactante del gobierno de Jair Bolsonaro. Cuando se anunció que el entonces juez de Curitiba Sérgio Moro, que había puesto en marcha la gigantesca operación contra la corrupción sistémica del Brasil, sería parte del gabinete del presidente ultraderechista, la conmoción fue grande: para algunos, era una muestra de que la promesa de “limpiar” al país del ex capitán era sincera; para otros, fue la confirmación de que las investigaciones, que entre otras cosas llevaron al ex presidente Lula da Silva a la cárcel, habían tenido un interés político.
Lo cierto es que ahora, apenas cuatro meses después de haber asumido, el ministro de Justicia y Seguridad Pública ya querría renunciar por las muchas desinteligencias que tiene con el presidente y sus asesores más cercanos.
El ex juez y mentor del Lava Jato “llegó a hablar con asesores sobre una posible dimisión”, escribió el sitio de noticias O Antagonista.
Bolsonaro volvió a agitar el fantasma de Cristina y Venezuela
Según esa publicación, generalmente bien informada sobre el Lava Jato, Moro manifestó reservadamente su disgusto con Bolsonaro, quien suele repetir que él “es quien manda” y da a entender que no acepta que funcionarios le hagan “sombra”.
En recientes encuestas, Bolsonaro perdió aprobación del público mientras Moro es el ministro con mejor imagen.
Además, el ministro habría dicho a sus colaboradores que su gestión es objeto de “sabotajes”, como el intento de retirar de su cartera el COAF, organismo de control de los movimientos financieros.
Moro es un experto en delitos financieros, conocimiento que aplicó en la causa Lava Jato, que desbarató una red de corrupción inédita en Brasil con ramificaciones en una decenas de países latinoamericanos.
A través del COAF se reveló meses atrás una trama de pagos presuntamente ilegales realizados por el hijo del presidente, el actual senador Flavio Bolsonaro.
El vicepresidente de Brasil es acusado de conspirar contra el gobierno de Bolsonaro
Seguridad. Al asumir, Bolsonaro decidió fusionar ministerios y otorgó a Moro el conrtol de la lucha contra la delincuencia, una promesa clave de su campaña en un país que en 2018 tuvo más de 63 mil homicidios.
Analistas advertían que el flamante ministro tendría problemas en convencer a Bolsonaro, cuyo lema era “el mejor delincuente es el delincuente muerto”, a respetar las leyes.
El tiempo demostró que, más que cambiar al ex capitán, la gestión cambió a Moro: días atrás presentó al Congreso un proyecto de ley que habilita a los jueces a reducir –o incluso dejar de aplicar– penas a policías que, actuando en legítima defensa, tengan una reacción excesiva presas del “miedo, sorpresa o emoción violenta”.
