Durante los próximos diez días, Luiz Inácio Lula da Silva quedará expuesto a un pedido de prisión preventiva que pesa sobre él. El juez Gilmar Mendes, miembro del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, suspendió el viernes por la noche la toma de posesión del ex presidente como jefe de Gabinete de Dilma Rousseff y devolvió el caso a Sérgio Moro, el magistrado de primera instancia del estado de Curitiba que conduce la investigación del Lava Jato y que indaga si Lula cometió actos de corrupción. La palabra final la dará el pleno del STF, que se reunirá recién el 30 de marzo. Hasta entonces, el destino de Lula quedará otra vez en manos de Moro, quien tiene sobre su escritorio una solicitud de prisión preventiva entregada por fiscales de San Pablo. Dar curso a ese pedido sería una jugada al límite, acorde con el estilo del polémico juez.
Lula es investigado en el marco de las pesquisas sobre una red de sobornos en el seno de la estatal Petrobras, que involucran a las principales empresas constructoras de Brasil. Los fiscales del Lava Jato acusan a Lula de haber recibido dádivas de las compañías OAS y Odebrecht. Según las denuncias, esas firmas habrían pagado reformas a dos propiedades de lujo que el ex mandatario tendría a nombre de testaferros. Lula niega que las casas sean suyas y afirma que las acusaciones son parte de una operación judicial y mediática para frenar su candidatura presidencial en 2018 y para golpear al gobierno de Rousseff, ya debilitado por la crisis económica y por la amenaza de un proceso de impeachment en el Congreso contra la presidenta.
En ese marco, Rousseff designó el pasado jueves a Lula como jefe de Gabinete. Antes del anuncio, Moro filtró a la prensa una escucha telefónica –cuya legalidad es cuestionada por muchos juristas– de una conversación entre ambos que dejó en evidencia que la designación buscaba aliviar la situación judicial de Lula, ya que su condición de ministro le quitaría la potestad del caso a Moro y se la transferiría al STF. El hecho provocó una catarata de cautelares opositoras y apelaciones oficialistas en tribunales regionales que trastocó varias veces el escenario en cuestión de horas.
El asunto se zanjó con la intervención de Mendes, un juez de sabida mala relación con el Partido de los Trabajadores (PT), a quien le cayó por sorteo un recurso opositor presentado ante el STF contra la toma de posesión de Lula. En su dictamen, el magistrado sostuvo que la designación ministerial fue “una especie de salvoconducto emitida por la presidenta de la República” cuyo objetivo fue “impedir el cumplimiento de orden de prisión del juez de primera instancia” y retirar la acusación del juzgado de Moro transfiriéndola al STF.
De esa forma, la toma de posesión de Lula quedó suspendida al menos hasta el 30 de marzo, cuando los once miembros del STF darán la palabra final, luego de que el abogado del Estado, José Eduardo Cardoso, anunciara ayer que el gobierno apelará la decisión de Mendes. Sin cargo, Lula quedará otra vez expuesto al accionar de Moro, que podría hacer uso de un recurso explosivo: dar luz verde a un pedido de prisión preventiva contra el ex presidente presentado días atrás por la Fiscalía de San Pablo, bajo el argumento de que Lula atentó “contra el orden público al desprestigiar a las instituciones que componen el sistema de Justicia” durante un discurso ante militantes.
Juristas y expertos coinciden en que esa solicitud de preventiva carece de bases sólidas. Pero los fiscales paulistas no son los únicos que quieren a Lula en prisión. Según la prensa brasileña, el Ministerio Público en Curitiba está preparando un pedido similar para presentar ante Moro, cuya viabilidad sería mayor ya que acusa al ex presidente por obstrucción a la Justicia. La divulgación de las escuchas fortalece esa percepción. Claro que mandar a la cárcel a Lula sería una jugada casi temeraria. Hasta ahora, a Moro no le tembló el pulso para allanarle su casa, llevarlo compulsivamente a declarar o pincharle el teléfono.
El 68% quiere ‘impeachment’
El 68% de los brasileños está a favor de la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, según una encuesta divulgada ayer por la consultora Datafolha y difundida por el diario Folha de São Paulo. El sondeo se realizó entre el jueves y el viernes pasados, en simultáneo con la conformación de la comisión parlamentaria que decidirá si se inicia o no un juicio político contra la mandataria en el Congreso. La encuesta muestra que el apoyo al impeachment creció ocho puntos en el último mes. El rechazo a la gestión de Rousseff subió hasta el 69% de los encuestados, pero el diario no ofreció cifras sobre el actual porcentaje de apoyo a la jefa de Estado y a su gobierno. El estudio de Datafolha se hizo sobre la base de encuestas a 2.794 personas de 171 municipios en todo el país, y tiene un margen de error de dos puntos porcentuales.
