Finalmente, Luiz Inácio Lula da Silva no pudo festejar en su despacho del Palacio del Planalto, que aún espera a su nuevo inquilino. Un juez federal de San Pablo volvió a anular ayer de manera cautelar su nombramiento como ministro de la Presidencia de Brasil, después de que dos tribunales de segunda instancia suspendieran decisiones similares presentadas en la víspera.
Sin embargo, ese revés de la justicia no impidió que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) cerrara un masivo acto en el centro del San Pablo, en el que el oficialismo exhibió su poder de movilización, en momentos en el que el movimiento pro impeachment, que avanza a pasos acelerados en el Congreso. “Ellos reclaman que el dólar está alto porque quieren viajar a Miami. Yo viajo a Bahía, al interior de Brasil. Ingresé al gobierno porque quiero restablecer la paz, la esperanza, porque sé que este paíspuede crecer. No vamos a aceptar un golpe”, afirmó el mandatario en la parte más encendida de su discurso en la
Avenida Paulista.
Minutos antes, el juez Luciano Tertuliano da Silva, de la Justicia Federal de Assis, había bloqueado nuevamente su asunción con el argumento de que él y la presidenta Dilma Rousseff interfirieron en la investigación de la corrupción en la petrolera Petrobras.
Lula fue nombrado en el cargo –equivalente a jefe de Gabinete– el pasado miércoles, un día después fue investido, pero entonces dos jueces ordenaron suspender los efectos de su posesión, atendiendo a sendas demandas presentadas por partidos y grupos opositores.
La primera cautelar, presentada en un tribunal de Brasilia, fue anulada este jueves, y la segunda, que procedía de una corte de Río de Janeiro, fue reprobada por el Tribunal Regional Federal de la Segunda Región, corte de segunda instancia. En su decisión, el vicepresidente de la corte, Reis Fride, argumentó que no es competente para impugnar un acto decidido por la presidenta, que sólo podría ser contrariada por el Tribunal Supremo. Además, el magistrado Fride consideró que “no le cabe al Poder Judicial inmiscuirse en consideraciones de carácter político” y valoró que la suspensión del nombramiento de Lula podría acarrear una “grave lesión” al orden público y a la economía.
La oposición considera que el nombramiento del ex mandatario es ilegal porque se trata de una supuesta maniobra para que que no sea juzgado por corrupción en los tribunales comunes. Los opositores sostienen que Lula no puede ser nombrado ministro al estar bajo investigación en diversos procesos y haber sido acusado formalmente de delitos de enriquecimiento ilícito, blanqueo de dinero y falsificación de documentos.
A las calles. Miles de militantes del PT se manifestaron ayer en 22 estados del país, en una señal de fortaleza ante la embestida política y judicial que acorrala al gobierno de Dilma. En San Pablo, 80 mil personas colmaron la céntrica avenida Paulista, donde a la mañana la policía desalojó con chorros de agua y bombas de estruendo a unos 150 manifestantes opositores. Allí, denunciaron un supuesto intento de “golpe de Estado”, al tiempo que cuestionaron al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y al juez Sérgio Moro, que investiga el Lava Jato.
Con el baño de masas, Lula buscó ayer recuperar la iniciativa política.
OEA llamó a mantener “la estabilidad”
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, instó ayer a Brasil a mantener la “estabilidad institucional de la democracia” y continuar con la operación Lava Jato contra la corrupción.
“En Brasil, la principal responsabilidad política y jurídica es la estabilidad de las instituciones y asegurar la más plena vigencia de la democracia”, afirmó el ex canciller uruguayo en un comunicado en referencia a la crisis política que atraviesa el país sudamericano.
El secretario general de la OEA, con sede en Washington, expresó también “el mayor respeto” por la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, quien “ha mantenido un claro compromiso con la transparencia institucional y ha defendido las conquistas sociales logradas por el país”.
“En este momento –subrayó–, su valentía y su honestidad constituyen la herramienta esencial para la preservación y fortalecimiento del Estado de derecho”.
El directivo de la OEA agregó que “su mandato constitucional debe ser asegurado, conforme a la Constitución y las leyes, por todos los poderes del Estado y todas las instituciones del país, así como debe evitarse todo menoscabo de su autoridad, venga de donde venga”.
Almagro indicó que “es imperativo que continúe la investigación en curso” en Petrobras, que llevó a decenas de empresarios y políticos tras las rejas.
