Agencias
Brasilia
En medio del escándalo por las acusaciones contra Luiz Inácio Lula da Silva, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, salió ayer a criticar los métodos utilizados por la Justicia para investigar a su antecesor e insistió en la teoría oficial acerca de un supuesto complot orquestado para debilitar su gobierno. “Estoy a favor del más riguroso combate a la corrupción y de que todos los corruptos vayan a la cárcel –manifestó Rousseff durante un discurso en el municipio de Feira de Santana, en el noreste del país–. De lo único que no estoy a favor es de que alguien justifique que, para combatir la corrupción, también hay que llevarse la democracia por delante”.
La mandataria volvió a criticar las escuchas telefónicas que un juez ordenó realizar sobre las comunicaciones privadas de Lula, en el marco de las pesquisas abiertas sobre el ex presidente por supuesto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos. El magistrado Sergio Moro, a cargo de la investigación judicial conocida como Lava Jato, ordenó pinchar las conversaciones de Lula y luego permitió la divulgación de los audios.
En uno de los diálogos, interceptado el pasado miércoles, se puede oír a la propia Rousseff avisándole a Lula que le había enviado un mensajero con un documento con su nombramiento como jefe de gabinete, para que lo utilizara “en caso de necesidad”. Según la oposición, el diálogo filtrado demostró que ambos estaban preocupados por la posibilidad de que algún juez ordenara la detención preventiva de Lula antes de que el ex mandatario fuera investido como ministro. Ayer, Rousseff afirmó que “no es válido” grabar a un presidente “sin una autorización judicial” concedida por el Tribunal Supremo. “En muchos lugares, quien hace escuchas a un presidente sin autorización de la Justicia es arrestado”, se quejó.
Críticas. La presidenta también rechazó la “politización” de las investigaciones y de los órganos responsables de luchar contra la corrupción. En relación con las manifestaciones opositoras que tuvieron lugar en los últimos días en varias ciudades del país, Rousseff aseguró que respeta el derecho a la protesta de todos los sectores políticos. “Estuve tres años en la cárcel –recordó, en alusión a los años de su juventud que pasó detenida por la dictadura militar–. Cualquiera puede ir a la calle a manifestarse. Lo respeto y lucharé por esos derechos”.
