Nueva Delhi, 5 de agosto de 2019. El primer ministro indio Narendra Modi envía el proyecto para derogar el artículo 370 de la Constitución, vigente desde 1949. Fin de la autonomía para el estado de Jammu y Cachemira. Tras la media sanción en la Cámara Alta –la Rajya Sabha-, se espera su pronta aprobación en la Cámara Baja –la Lok Sabha-, donde el partido de gobierno, el Bhartiya Janata, cuenta con mayoría. De esa manera, se consolida la promesa de campaña de Modi: Ladakh, de mayoría budista, se separa de Jammu y Cachemira (la primera de mayoría hinduista, la segunda musulmana). Serán, a partir de ahora, “Territorios de la Unión”, gobernados desde la capital india.
Cachemira es una herida vieja y profunda. Cuando los británicos dejaron el Indostán, la solución que se acordó en agosto de 1947 fue la partición en dos estados. Pakistán, bajo dominio islámico. India, una democracia secular de mayoría hinduista. Las fichas estaban acomodadas. Pero el tablero de ajedrez era bastante más complejo. Coexistían 565 principados bajo el dominio británico y la descolonización les abría el juego a elegir: India, Pakistán o independencia. El gran dilema lo tenía el principado de Jammu y Cachemira, gobernado por el príncipe hinduista, Raja Hari Singh, con mayoría de súbditos musulmanes. La tercera opción entonces parecía cantada. Cachemira independiente. La presencia del ejército pakistaní y el apoyo a grupos cachemiros provocó una revuelta. El príncipe buscó ayuda de India. ¿El resultado? Firma de un instrumento de anexión en octubre de 1947 con promesa de elecciones.
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El fuego no se apagó. Tras siete décadas, la llama continúa encendida por deseos independentistas en Jammu y Cachemira y creciente militarización desde ambos lados de la frontera. Al menos desde 1990, la población minoritaria hinduista fue forzada a migrar desde la región, al tiempo que se fue intensificado la violencia perpetrada por grupos terroristas y separatistas en Srinagar, la capital, y más allá. La llegada al poder en 2014 del partido nacionalista hinduista Bhartiya Janata fue un punto de inflexión. La derogación del artículo 370 había sido una de las banderas partidarias desde su creación en 1980, cuando tenía solo dos escaños. Hoy, ese emblema se eleva a la enésima potencia con más de 300 de los 545 escaños en la cámara baja. Legalmente, la medida debía ser primero aprobada por la Asamblea estadual, pero el gobierno central intervino la región en junio de 2018. Entonces, avanzó a través del Parlamento nacional, sin esperar el restablecimiento del órgano legislativo regional. El fin del estatus especial permitirá, entre otras cuestiones, que personas de cualquier parte de India puedan adquirir tierras en Jammu y Cachemira, algo que estaba legalmente vedado hasta ahora.
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Las ramificaciones de este giro son aún desconocidas. Se esperan efectos inmediatos en la economía. Al calor de las medidas, los dos índices bursátiles indios, Bombay Stock Exchange y National Stock Exchange, cayeron 500 y 150 puntos, respectivamente. Pero la incertidumbre mayor estará en el escenario internacional. No sólo Pakistán reclama autoridad sobre Cachemira (de hecho, una porción occidental ya está bajo su dominio). Semanas atrás, Trump se ofreció como mediador. Y no es todo. También China tiene un pie allí. Aksai Chin, al Este de la región, es considerada por Beijing como parte de la autónoma Xinjiang, donde vive mayoría de uygures que pugnan por su independencia. Las cartas están sobre la mesa.
*El autor es candidato a Doctor por Universidad para la Paz, Costa Rica. Traducción de Bernabé Malacalza.
