Ni tan siquiera a los Borgia, valencianos ellos, se les habría ocurrido un guión cargado de corrupción, traiciones y doble juego como el que se está desarrollando en Valencia y que tiene como máximos protagonistas al ahora ex presidente de la Comunidad, Francisco Camps y a Mariano Rajoy, líder del Partido Popular (PP) y casi seguro próximo habitante de La Moncloa, sede del Ejecutivo Español.
Agobiado por las presiones de su partido tras ser acusado del delito de cohecho impropio el pasado 15 de julio por el juez José Flors del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Camps presentó ayer su renuncia – también podría haberse declarado culpable y pagar una multa de 14 mil euros - al cargo que había renovado por mayoría absoluta en las elecciones autonómicas y municipales llevadas a cabo el pasado 22 de mayo.
La decisión del magistrado se inscribe dentro de la trama Gurtel, el mayor escándalo de corrupción que afecta al partido conservador desde su creación, en tiempos de la Transición. A Camps se le acusa de haber aceptado 12 trajes, cuatro sacos, cinco pares de zapatos y cuatro corbatas por valor de 14 mil euros, tras ver el juez indicios de evidentes tratos de favor de su Administración y del PP valenciano a la empresa Orange Market – filial local de la trama - en la concesión de contratos a dedo. En total, las contratos obtenidos por la empresa dirigida por Álvaro Pérez, “El Bigotes”, a quien Camps llamaba “amiguito del alma”, además de confesarle que le quería “un huevo”, según dos conversaciones que figuran en el sumario de Gurtel, superan los 13 millones de euros.
Hasta aquí la crónica de los hechos. Pero detrás hay una historia que habla de una relación, política, entre dos hombres poderosos del PP: el propio Camps y Rajoy.
Veamos. Cuando Rajoy pierde por segunda vez las elecciones generales en 2008, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, fue la cabeza visible de un movimiento dentro del partido para desplazar al líder derrotado por José Luis Rodríguez Zapatero. Camps salió en su ayuda organizando un congreso partidario en Valencia que terminó renovando el mandato y liderazgo de Rajoy. El político gallego acababa de contraer una deuda política con el dirigente valenciano que un año después, al estallar el caso Gurtel, acabaría maldiciendo.
Rajoy, en público, nunca puso en duda la honorabilidad de Camps. También aceptó la candidatura del presidente de la Generalitat para un segundo mandato, cuando ya el hedor que desprendía la rama valenciana de la trama Gurtel era insoportable. Rajoy podría haber abortado la apuesta de su problemático compañero de partido, ya que los estatutos del PP permiten al líder no confirmar una candidatura. Prefirió el silencio y que sean los acontecimientos los que decidan por él. Es su estilo de hacer política, y si ese estilo lo lleva a La Moncloa, ¿para qué cambiarlo?
Lo cierto es que todo se precipitó el día en que el Juez Flors hizo pública su decisión de sentar en el banco de los acusados al presidente de la Comunidad de Valencia, junto a otros tres altos cargos del partido. Sin duda, la decisión de Flors los tomó por sorpresa: en los últimos años, la justicia española muestra una especial sensibilidad ante los intereses políticos. Flors, en cambio, pegó el carpetazo sobre la mesa y colocó a los funcionarios valencianos ante la disyuntiva de ir a juicio o evitar el bochorno de la foto sentados ante el tribunal declarándose culpables, pagar la multa de 14 mil euros, y quedar, eso sí, con antecedentes penales. Aunque esa no era la peor de las noticias.
La crisis económica se llevó por delante al Gobierno de Zapatero, y todo parece indicar que en el próximo otoño habrá elecciones generales, lo que haría coincidir la campaña electoral con el juicio. La imagen de Camps siendo juzgado por corrupción, aterrorizó a Rajoy, quien ya da por hecho que será el próximo presidente de España, siempre y cuando, claro está, no haya sorpresas de último momento, y menos aún condenados por corruptos.
Contradiciéndose a sí mismo, Rajoy decidió actuar. Envió a Valencia al ex ministro de José María Aznar y coordinador de Justicia del partido, Federico Trillo, para convencer a Camps y al resto de los imputados a que se declaren culpables y evitar, de esa manera, el juicio y foto. Esa decisión implicaba no sólo el fin de las carreras políticas de los imputados, sino la posibilidad de ir a la cárcel para la mano de derecha de Camps y ex secretario general del partido, Ricardo Costa, ya que también está involucrado en la causa por financiación ilegal del PP valenciano, otra de las vertientes de la trama Gurtel.
Rajoy no tuvo problemas en conciliar el sueño el martes por la noche. Las presiones habían dado resultado y los cuatro imputados se declararían culpables. El miércoles por la mañana todo se iba desarrollando según lo previsto. Los abogados de tres de los imputados, Víctor Campos, Rafael Betoret y Francisco Camps llegaban al Tribunal Superior de Justicia de Valencia con los documentos que reconocían el delito por parte de sus clientes. El documento sin la firma del imputado no vale. Campos y Betoret se presentaron y estamparon sus firmas. Camps no aparecía.
La impaciencia en Génova, sede madrileña del PP, era notoria. El tribunal alargó su hora de cierre para esperar al presidente. Nada. Nunca llegó. Tampoco nada se sabía de Costa, quien había prometido a María Dolores de Cospedal, número dos del PP, declararse culpable. Campos y Betoret, a esas alturas, ya sabían que habían hecho el ridículo quedando como los mas tontos del patio. Camps, rodeado por Trillo y Rita Barberá, alcaldesa de Valencia, anunció su dimisión desde el palacio presidencial. Costa, curtido en mil batallas libradas en cuartos oscuros y con mil gatos adentro, esperó a que su jefe moviera ficha antes de tomar una decisión. Un tipo listo, sin duda. Pero, una pregunta busca respuesta: ¿Qué le hizo a Camps cambiar de idea a último momento?
Hombre profundamente religioso, cercano al Opus Dei, posiblemente eligió defenderse en juicio y poder mirar a los ojos a sus hijos. A Camps le atraen las figuras místicas. Pero, por otra parte, animal político, como se le reconoce, seguramente midió muy bien las consecuencias de haberse declarado culpable. La primera, obvia, un presidente que acepta que fue sobornado debe necesariamente presentar la renuncia, por lo que no sólo ganaba nada sino que se prestaba con antelación a la lapidación pública.
La segunda, tiene que ver con Rajoy, quien se preocupó que se lea la dimisión de Camps como un triunfo político suyo , al tiempo que insistía, a través de un comunicado, creer en su inocencia. ¿Cómo Camps podría nuevamente influir en el futuro político de Rajoy? Este interrogante lleva a otro: ¿Especuló Camps que en caso de que se adelanten las elecciones, su jefe, que se vanagloria a través de sus segundos de haber impulsado el hacha que hizo rodar su cabeza al lodo, haga campaña con la foto del ex presidente de la Comunidad de Valencia en el banco de los acusados? Quizás. Es la tierra de los Borgia.
(*) Especial para Perfil.com desde Madrid
