Venezuela, en llamas: son más de veinte los muertos

Caracas vivió ayer una noche de furia con epicentro en la zona popular de El Valle, donde al menos 11 personas murieron por “hechos de violencia” ocurridos cerca de la madrugada del viernes, lo que eleva a veinte las muertes desde que comenzaron las protestas callejeras de la oposición.

La capital venezolana respira un creciente clima de estallido social marcado por saqueos, represión policial y acciones delictivas de los “colectivos” armados chavistas y las “guarimbas” opositoras.

Mientras el pulso callejero amenaza con llevar la crisis a un punto de no retorno, el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición siguen endureciendo sus posturas antagónicas y echando leña al fuego de la deriva violenta en el país.

El Ministerio Público venezolano confirmó que diez personas murieron durante un intento de saqueo a una panadería en El Valle, al oeste de Caracas. Ocho se electrocutaron y dos recibieron impactos de balas de plomo.

Algunos medios locales publicaron que el comercio contaba con un vallado eléctrico para impedir robos, mientras que otros indicaron que un cable de alta tensión se habría desplomado cuando los saqueadores intentaban ingresar al local. Seis personas resultaron heridas en los incidentes. Y un joven murió por disparos con arma de fuego en el barrio de Petare, un histórico bastión del chavismo.

Hospital. En tanto, la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, denunció un presunto ataque de “bandas armadas contratadas por la oposición” contra un hospital materno infantil durante la noche del jueves.

Los líderes de la oposición, entre ellos el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, rechazaron la acusación y volvieron a denunciar el uso abusivo de la fuerza por parte de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), que dispersaron protestas, piquetes e intentos de saqueos con balas de goma y gases.

En las redes sociales, los vecinos de El Valle –una zona obrera urbana que supo protagonizar momentos históricos de convulsión social, como el Caracazode 1992– transmitieron en directo los violentos incidentes en las calles. En los videos se ven incendios, choques con la policía, cortes de accesos y actos de sabotaje, con los estruendos de los disparos y las bombas lacrimógenas como sonido de fondo.

La espiral de violencia en Caracas y otras ciudades se desató a principios de este mes, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), señalado como afín al chavismo, dio un fallido golpe judicial contra la Asamblea Nacional al arrogarse facultades del Poder Legislativo. Desde entonces, la dirigencia opositora sostiene que al gobierno de Maduro le llegó su hora.

 Los líderes antichavistas reclaman que el gobierno convoque de inmediato a elecciones presidenciales adelantadas y alientan una movilización en las calles que, tal como pudo verse ayer, conllevan el riesgo de un desborde –premeditado o no– de sectores violentos.

Por su parte, el oficialismo cierra filas y se muestra inflexible ante protestas que Maduro califica como un intento de “golpe de Estado”.

A nivel callejero, la respuesta del gobierno fue una durísima represión policial que ya provocó varios muertos. Al accionar de las fuerzas de seguridad se suma la irrupción en escena de los “colectivos” chavistas: grupos de hombres armados, motorizados y dispuestos a disparar contra manifestantes. Originalmente, eran militantes sociales afines al gobierno en las barriadas populares. A medida que la situación se fue agravando, se convirtieron en bandas que operan en los márgenes de la ley, a las que la dirigencia orgánica del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) difícilmente puede controlar.

Maduro sugirió que está “ansioso” por que se convoquen las postergadas elecciones de alcaldes y gobernadores, que debían ser en diciembre de 2016 pero fueron suspendidas por la Justicia Electoral. Pese a la crisis, el PSUV mantiene el control de 20 de las 23 gobernaciones del país y de 275 de las 335 alcaldías.

Los sectores más pragmáticos de la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) ven con buenos ojos la oportunidad de conquistar cargos regionales en un momento de debilidad chavista. Pero el ala dura descree del súbito interés de Maduro por las urnas.

Más allá de la desconfianza opositora, la fijación de un calendario electoral es vista por la diplomacia regional –y, en particular, por la OEA– como un necesario antídoto para que la mecha ya encendida en Venezuela no toque la pólvora.