Un rastreador de vuelos online da una imagen espeluznante, un continente repleto de vuelos ida y vuelta hacia las principales ciudades, con la excepción de Venezuela, donde el espacio aéreo parece vacío. La imagen, fiel reflejo de la actualidad venezolana, es producto de nuevas suspensiones de vuelos por parte de aerolíneas internacionales, un paso más en el creciente aislamiento del país. Esto es parte de la faceta externa de un gobierno que en lo domestico se torna autoritario y dictatorial, a medida que desconoce instituciones, infringe el Estado de Derecho y la constitución, reprime ferozmente las protestas populares, y persigue activamente a los líderes de la oposición.
Todos los días se discuten las cifras de muertos por la represión, el consenso es en torno a los 100, y la respuesta del gobierno es justificar su accionar violatorio de derechos humanos acusando a la oposición de ejercer la violencia, a pesar de que las balas provengan de las armas reglamentarias de los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. Maduro, el chavismo oficialista y la FANB parecen olvidarse de que el ejercicio de la soberanía implica asumir y respetar las responsabilidades del Estado a la hora de resguardar los derechos humanos, así como el conjunto de obligaciones que asume ante la comunidad internacional, fundamentalmente en lo concerniente a la preservación de la vida, la libertad, la seguridad, la alimentación, la salud, y otros derechos elementales que tienen que ver con la vida digna de una persona.
La convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente corporativizada, sectorializada y políticamente no pluralista que se está llevando adelante hoy es parte de este proceso que apuesta a seguir eliminando las instituciones democráticas e imponiendo nuevas estructuras de poder que benefician a la elite político-militar chavista que ha cooptado al Estado progresivamente desde finales del siglo pasado y que ha llegado al punto de negar la constitución de 1999 auspiciada y aprobada en los primeros años de gobierno de Chávez.
Mientras tanto la comunidad internacional no logra coordinar acciones conjuntas para apoyar la defensa de los derechos de los venezolanos. El endurecimiento discursivo contra el gobierno de Maduro que se ha dado en los últimos dos años ha sido un importante cambio en la región, pero insuficiente de cara a un régimen que aún mantiene algunos aliados que, por razones ideológicas, geopolíticas o financieras persisten en su apoyo al régimen. Las acciones más contundentes provienen del gran vecino del Norte. Trump a ha aplicado nuevas sanciones contra funcionarios públicos de alto rango, al igual que su antecesor Obama, y sin muchas diferencias en su efecto sobre el régimen de Maduro: las sanciones unilaterales alimentan el discurso anti-imperialista que postula a EEUU como un agresor que busca derrocar al chavismo.
Ni las presiones ni las sanciones unilaterales traerán una solución al conflicto en Venezuela, no solo porque puedan ser insuficientes o contraproducentes, sino porque el cambio dependerá de una gran confluencia de factores, tanto externos como predominantemente internos. En lo internacional, sin una coordinación y concertación multilateral, las medidas que tomen los países para presionar a Maduro serán de escaza efectividad para abrir el camino a una transición democrática. Un accionar multilateral y multidimensional de la comunidad internacional – pese a la eventual reticencia de China y Rusia - debe apuntar a incrementar los costos percibidos por la elite político-militar para disuadirlos de continuar en la perpetración de crímenes de lesa humanidad y la profundización de un régimen inconstitucional y represivo.
Las sanciones deben ser tanto de orden político como económico para poner en evidencia la ilegitimidad del gobierno de Maduro. En lo político, avanzar con la activación de las cláusulas democráticas, tanto en el contexto de la OEA como en MERCOSUR y eventualmente otros foros regionales, y en la aplicación de medidas diplomáticas como el desconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente, el otorgamiento de asilo a venezolanos que escapan de la crisis, la eventual suspensión de relaciones. En lo económico, aparte de la ampliación de las sanciones individuales contra funcionarios de alto nivel acusados de violar los derechos humanos y estar involucrados en el tráfico internacional de drogas, se deben aplicar sanciones más amplias contra el gobierno de Maduro, en particular en los ámbitos más sensibles de la economía venezolana donde los recursos son cooptados por la elite madurista en detrimento de las necesidades del pueblo venezolano. Todas estas acciones requieren de una compleja coordinación a nivel regional e internacional para ser efectivas en función de defender la persistencia del orden democrático y evitar la instauración de un régimen político dictatorial. Pero, sobre todo, requieren de un compromiso real y una voluntad política dispuestas a defender los principios básicos de la democracia.
(*) Analistas internacionales
