Vuelve el diálogo en Oaxaca en máxima tensión

La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (Appo) se sentará a dialogar nuevamente con el gobernador Ulises Ruiz y el gobierno federal, luego de una tensa espera marcada por los acontecimientos del último mes en el estado del sur mexicano cuando la policía se enfrentó con los manifestantes.

En ese marco, el gobierno mexicano aceptó la petición hecha por la Appo –que núclea a las organizaciones oaxaqueñas, que exigen la renuncia del actual gobernador– con el fin que se reanude el diálogo ante la intensificación de la presión por parte de la Policía Federal Preventiva (PFP).

Uno de los voceros de la Appo, Florentino López, sostuvo que el gobierno les dio las “garantías necesarias para la comisión que participe en esta reunión”, a pesar de que la policía anunció la intención de detener a los dirigentes de esta organización.

Por su parte, el subsecretario de gobierno, Arturo Chávez, se reunirá con representantes de la Appo, que estudian la posibilidad de convocar una nueva manifestación contra Ruiz y la policía el próximo viernes, en coincidencia con la ceremonia de investidura del conservador Felipe Calderón como presidente de México.

Las negociaciones entre los asambleístas y el gobierno se encontraban paralizadas desde el 28 de octubre pasado, cuando la Appo rechazó un ultimátum para abandonar las protestas y terminar con las barricadas y las ocupaciones de oficinas públicas que tenían paralizadas a la capital estatal.

Este lunes, a partir de una serie de enfrentamientos que se produjeron el sábado pasado –en el que ardieron varios edificios, incluido el Tribunal de Justicia–, el responsable de la operación policial en el estado, Ardelio Vargas, anunció un cambio de estrategia de los agentes a su cargo.

La policía afirmó entonces que abandonaría su función de “contención” para comenzar a patrullar las calles con armas de fuego y así implementar las órdenes de aprehensión que tiene pendientes, incluidas las que tiene libradas contra los líderes de la revuelta.

En tanto que el vicario general de la arquidiócesis de Oaxaca, Jesús Gopar, denunció que el auto del párroco Carlos Pérez, quien ha permitido a los opositores instalar un servicio de urgencias desde el que se ofrece asistencia médica a los manifestantes durante los choques con la policía, fue tiroteado por individuos desde un automóvil en marcha.

En el Senado mexicano, que en octubre rechazó destituir a Ruiz, volvió a tomar fuerza la posibilidad de aprobar esta medida: “Vamos a hacer lo posible porque así sea”, aseguró el coordinador del gobernante Partido de Acción Nacional (PAN) en esa Cámara, Santiago Creel, cuyo grupo votó junto con el del Partido Revolucionario Institucional (PRI, al que pertenece Ruiz) en contra de la destitución el 19 de octubre.