Con su renuncia a ser restituido en el poder en Honduras, el presidente depuesto Manuel Zelaya intenta deslegitimar los comicios del 29 de noviembre, los que considera un "proceso electoral ilegal" pues se celebrarán bajo el régimen golpista de Roberto Micheletti.
En una carta dirigida al mandatario de Estados Unidos, Barack Obama, de la que la agencia AFP obtuvo una copia, Zelaya "reafirma" su decisión de que "a partir de esta fecha cualquiera que fuera el caso, YO NO ACEPTO ningún acuerdo de retorno a la presidencia, para encubrir el golpe de Estado".
Esta decisión de Zelaya deja "sin valor ni efecto por incumplimiento unilateral del gobierno de facto" el acuerdo firmado el 30 de octubre con su rival Micheletti, bajo presión de Estados Unidos.
El acuerdo San José/Tegucigalpa, recuerda Zelaya, "tenía un sólo propósito, restaurar el orden democrático y la paz social y con esto se revirtiera el golpe de Estado, lo que implica el seguro retorno del Presidente de República elegido legítimamente por voto popular".
Dicho acuerdo dejaba en manos del Congreso Nacional hondureño su restitución, previa consulta a la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y la Comisión de Derechos Humanos. Hasta ahora, solo esta última ha dado un parecer.
Asimismo, preveía la formación de un gobierno de unidad nacional antes del 5 de noviembre, la constitución de una Comisión de Verificación para vigilar por el cumplimiento del mismo y la realización de las elecciones presidenciales el 29 de noviembre y el traspaso al vencedor de las mismas, el 27 de enero.
Sin embargo, el 5 de noviembre, Micheletti anunció la formación de un gobierno en el que no había representantes de Zelaya, quien se negó a dar nombres mientras no fuera restituido en la presidencia.
Con su decisión, Zelaya intenta deslegitimizar las elecciones después de que Estados Unidos, que tanto presionó para que se firmara ese acuerdo, se haya desmarcado de la posición de la comunidad internacional y piense reconocer el proceso independientemente de que el presidente depuesto regrese o no al poder.
"Este proceso electoral es ilegal porque oculta el golpe de estado militar, y el estado de facto en que vive Honduras no brinda garantías de igualdad y libertad en la participación ciudadana, a todos los Hondureños", recuerda Zelaya, que sigue refugiado en la embajada de Brasil desde el 21 de septiembre, tras regresar clandestinamente al país.
Por ello, "en estas condiciones, este proceso, y por lo tanto sus resultados serán sujetos de impugnación y no reconocimiento", advierte Zelaya en su misiva de cinco páginas, quien alerta del "grave riesgo" para la estabilidad futura "de las relaciones entre Honduras y el resto de naciones que reconozcan sus resultados".
Hasta ahora, sólo Washington y Bogotá han desvinculado la restitución de Zelaya con las elecciones, con las que el gobierno de facto espera dar por zanjada la crisis política que se inició con el golpe de Estado del 28 de junio.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, reiteró la semana pasada que no existe ambiente político propicio en el país para celebrar estas elecciones y recordó que esta institución no enviará observadores para el proceso.
Mientras tanto, la campaña electoral, que ya entró en la fase final, prosigue en el país, aunque con mucha menor intensidad que en comicios previos.
Cinco candidatos aspiran a la presidencia, entre ellos, Elvin Santos del oficialista Partido Liberal (PL, derecha) y Porfirio Lobo, del Partido Nacional (PN, derecha) y César Ham, de Unificación Democrática (UD, izquierda) que ha decido permanecer en liza pese a que pertenece al Frente de Resistencia contra el Golpe de Estado del 28 de junio que ha llamado al boicot de los comicios.
Unos 4,5 millones de hondureños están convocados a elegir presidente, 128 diputados titulares con sus respectivos suplentes y 20 para el Parlamento Centroamericano así como las alcaldías de 298 municipios.
