El juez federal Sebastián Casanello dio un paso clave en la investigación por el escándalo de los seguros. Procesó a la empresa de Héctor Martínez Sosa, el broker amigo de Alberto Fernández, por participar en negociaciones que no corresponden a la función pública. Además de la acusación, el juez ordenó congelar los bienes y la plata de la compañía. La medida buscó frenar el beneficio que la firma obtuvo gracias a su relación privilegiada con el poder.
A su vez, Casanello procesó a Hugo Rodríguez, quien era el administrador de la residencia presidencial de Olivos. El juez lo señaló como el "puente" que permitió encuentros secretos entre Martínez Sosa y el Presidente. Según la justicia, Rodríguez facilitó estas reuniones sin anotarlas en los registros oficiales, lo que permitió que el negocio de los seguros avanzara sin controles ni ojos extraños.
La investigación detalló que Rodríguez permitió que el empresario y su esposa, María Cantero (secretaria de Fernández), entraran a Olivos a escondidas en agosto de 2020. En esa oficina se sacaron una foto que hoy sirve como prueba de su amistad íntima. Además, el juez marcó que en 2022 el administrador coordinó otra reunión para que Martínez Sosa presionara al Presidente y lograra que un director de Nación Seguros se quedara en su cargo.
El esquema delictivo se aprovechó de un decreto de 2021 que obligaba al Estado a contratar seguros solo con la empresa pública Nación Seguros. Ese escenario habría sido usado por funcionarios para meter a "productores amigos" en el medio y cobrar comisiones millonarias. Solo la empresa de Martínez Sosa está acusada de haberse llevado más de 416 millones de pesos en comisiones, un dinero que la justicia ahora busca recuperar.
Finalmente, el juez le impuso a Hugo Rodríguez un embargo de casi 788 millones de pesos. Casanello concluyó que el ex administrador de Olivos sabía perfectamente que había un conflicto de intereses y, aun así, decidió colaborar para que el plan funcionara. Para la justicia, el "intendente" de la quinta presidencial fue una pieza necesaria en este sistema que terminó perjudicando las cuentas del Estado.
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El papel de Rodríguez en Olivos
Hugo Rodríguez fue procesado como partícipe secundario de negociaciones incompatibles y por no cumplir con sus deberes de funcionario. La justicia probó que conocía el plan de Martínez Sosa y su esposa, y que usó su cargo para que ellos pudieran entrar y salir de la residencia presidencial sin dejar rastro. Su rol fue fundamental para que el empresario pudiera ejercer influencia directa sobre Alberto Fernández sin que nadie se enterara.
El fallo de Casanello no se quedó solo en Martínez Sosa. También procesó a otras compañías aseguradoras que participaron del esquema, como San Cristóbal, que recibió un embargo de más de 2.000 millones de pesos. Otras firmas como Bachellier y San Germán también quedaron bajo la lupa porque, según el juez, permitieron que sus jefes actuaran por fuera de la ley sin poner ningún tipo de control interno para evitar delitos.
Para el juez, que el dueño de una empresa fuera amigo íntimo del Presidente representó un "peligro elevado". La resolución sostuvo que las compañías aprovecharon este vínculo personal para saltearse las reglas y ganar contratos de forma irregular. Al no tener programas de transparencia, las empresas funcionaron como herramientas para que los funcionarios "infieles" desviaran el dinero público hacia el bolsillo de conocidos y amigos del poder.
TC
