Tras el pedido de los fiscales Sergio Rodríguez y Franco Picardi, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11 llamó a indagatoria a 29 personas que están siendo investigadas en la causa sobre supuestos actos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), incluyendo a Diego Spagnuolo, extitular del organismo, que ya se encuentra procesado.
El juez Ariel Lijo afirmó que “la organización habría estado abocada a generar millonarias sumas de dinero para sus integrantes de manera ilegal, en detrimento del erario público”.
Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), las indagatorias se realizarán entre el 28 de abril y el 26 de mayo. La lista incluirá una ampliación de las declaraciones de 5 personas procesadas por esta causa, incluyendo a Spagnuolo; Daniel María Garbellini, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud; y Miguel Ángel Calvete, supuesto lobbista de los directivos de laboratorios y droguerías.
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El Juzgado también decretó la inhibición general de bienes para las compañías y personas involucradas en la causa. “Las hipótesis delictivas investigadas en autos asoman la posibilidad de que acontezcan maniobras tendientes al desprendimiento de activos que pudieron haber sido instrumentos, productos, objetos o provecho de posibles delitos —y por ende, susceptibles de ser recuperados por el Estado”, explicó Lijo.
La causa intenta aclarar los hechos de corrupción que involucrarían a más de 20 empresarios. Spagnuolo ya fue indagado y procesado por fraude al Estado, cohecho activo y negociaciones incompatibles con su trabajo como funcionario público.
Qué sucedió en la causa ANDIS
De acuerdo a la investigación, habría existido un entramado de retornos en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) del que participaron funcionarios públicos y empresarios proveedores de insumos médicos de elevado costo. Estas maniobras implicaron salidas de dinero por más de 75.000 millones de pesos provenientes del erario público que habrían terminado en manos de una veintena de empresarios.
El pasado 9 de febrero, cuando procesó a Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) por asociación ilícita, el juez federal Sebastián Casanello expresó en su fallo que, durante los primeros meses del Gobierno de Javier Milei, se creó “un entramado de corrupción institucional que tuvo su núcleo en el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad”.
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Según el magistrado, ese entramado se armó con “operadores externos y funcionarios que ocupaban los cargos de máxima autoridad actuando en forma mancomunada en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos”. Lo que permitió, según el juez, que ANDIS se convirtiera en una “vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”.
El juez cerró su fallo remarcando que “dentro de la propia ANDIS, existen indicios de que el grupo habría extendido la lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios hacia otras áreas y actores. La extensión de los negocios, la importancia de las cifras y cierto desenfado -por ejemplo, al hacer caso omiso a quejas de empresarios desplazados o de funcionarios disconformes-, sugieren que no se trató de algo encapsulado y que podría tener otro nivel de complicidades”.
HM
