En una audiencia pública que había sido programada para el martes 4 y finalmente se realizó este jueves en la Sala II de la Cámara Federal porteña, las defensas de los dueños de la droguería Suizo-Argentina y del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, reclamaron la nulidad de la causa por presuntas coimas en la compra de medicamentos.
Martín Magrám y Mauricio D’Alessandro, defensores de Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker y de Diego Spagnuolo, respectivamente, sostuvieron que los audios que originaron el expediente tienen una procedencia incierta, que podrían haber sido obtenidos de manera ilegal y que nunca fueron peritados, por lo que no pueden servir como base válida para una investigación penal. Alertaron sobre posibles maniobras de inteligencia, reclamaron conocer el origen de las grabaciones y afirmaron que, sin ese esclarecimiento, la causa deviene nula.
Desde el Ministerio Público Fiscal, en cambio, se defendió la continuidad del proceso: para el fiscal Franco Picardi, la pesquisa no nació de los audios en sí, sino de una denuncia criminal sustentada en un conjunto más amplio de elementos: notas periodísticas, testimonios y el propio decreto que removió a los funcionarios; por lo que la investigación puede avanzar sin vulnerar garantías.
El abogado de Spagnuolo, Mauricio D’Alessandro —exdiputado nacional y hasta hace poco representante legal de Fabiola Yáñez, hoy incorporado como defensor particular en este expediente— sostuvo que los audios son “falsos, editados o generados mediante inteligencia artificial” y que no existe constancia sobre su autenticidad ni sobre el modo en que ingresaron a la causa. Planteó que podrían formar parte de una maniobra de inteligencia ilegal, citó los artículos 18 y 19 de la Constitución para argumentar que se vulneró la intimidad y afirmó que, si la prueba inicial es ilícita, toda la investigación deviene nula.
“No se puede avanzar sin saber si los audios fueron plantados”, advirtió, y calificó el expediente como una “expedición de pesca”.
Por su parte, Martín Magrám, abogado de los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker y de su padre Eduardo, cuestionó el secreto de sumario, denunció posibles “actuaciones de espionaje” y aseguró que la causa reedita hechos ya investigados y archivados. Recordó que el juez Sebastián Casanello había analizado las contrataciones entre la ANDIS y Suizo-Argentina y las cerró por inexistencia de delito, por lo que consideró que investigar nuevamente el vínculo violaría el principio de non bis in idem. Describió además el proceso formal de adquisición de medicamentos para sostener que la droguería actuó "siempre a través de licitaciones".
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Ambas defensas coincidieron en que sin pericia sobre los audios ni esclarecimiento sobre su origen, no puede sostenerse el caso.
La posición de la fiscalía
El fiscal federal Franco Picardi rechazó los planteos. Aseguró que la investigación no se inició por los audios sino por una denuncia criminal presentada por el abogado Gregorio Dalbón, sustentada en tres notas periodísticas que describían presuntas irregularidades en la ANDIS y mencionaban al exfuncionario Diego Spagnuolo, a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y al asesor Eduardo “Lule” Menem. Sostuvo que la fiscalía actuó respetando derechos y garantías, que el caso se encuentra en una etapa inicial y que las medidas adoptadas fueron fundadas.
Picardi subrayó además que no existe derecho a la intimidad cuando un funcionario público conversa sobre posibles hechos de corrupción vinculados al ejercicio de sus funciones, y menos aún cuando esos hechos podrían afectar indirectamente a personas con discapacidad. Recordó que Spagnuolo relató esos episodios ante distintos interlocutores: periodistas, productores y asesores, por lo que tampoco había una expectativa razonable de privacidad. “No hay un solo elemento que indique espionaje ni que permita afirmar que los audios fueron falsificados”, sostuvo.
Picardi argumentó que Spagnuolo no tenía expectativa de intimidad porque relataba presuntos hechos de corrupción vinculados a su función pública y lo hizo ante múltiples interlocutores. “No hay una sola evidencia de espionaje ni de que los audios sean falsos”, dijo. También señaló que el decreto del Poder Ejecutivo que removió a Spagnuolo y a su segundo reforzó la necesidad de que la Justicia investigara.
El fiscal de Cámara, Luis Agüero Iturbe, coincidió en que el archivo previo dictado por Casanello no impide una nueva investigación, ya que no hubo imputación ni impulso fiscal. Destacó que la defensa no demostró ningún perjuicio concreto que habilite la nulidad.
Lo que viene
Con los planteos ya expuestos, la Cámara Federal deberá resolver si hace lugar a los pedidos de nulidad y de falta de acción o si convalida la decisión del juez de primera instancia para que la causa continúe. El expediente permanece bajo secreto de sumario y en las últimas semanas se realizaron nuevos allanamientos ordenados por la fiscalía.
MU
