El juez federal Julián Ercolini procesó por enriquecimiento ilícito a Roberto Baratta, quien fue uno de los principales funcionarios del Ministerio de Planificación Federal durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y la mano derecha del entonces ministro Julio De Vido. A su vez, la resolución dispuso un embargo de $1.500 millones y mantuvo la inhibición general de sus bienes durante el avance de la investigación judicial.
Su procesamiento es sin prisión preventiva. Ercolini señaló que no pudo concluir que el exfuncionario “intentará eludir el accionar de la Justicia ni entorpecerá, al continuar en libertad, el trámite de la investigación”.
Además, sostuvo que no detectó “circunstancias de excepción reales y concretas que hagan indispensable la aplicación de una medida cautelar coercitiva”. La decisión puede ser apelada por la defensa ante la Cámara Federal porteña.
Todavía se busca determinar si el exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión logró incorporar a su patrimonio bienes y gastos que no pudieron ser justificados con sus ingresos legítimos.
En esta investigación, la pericia contable comparó los recursos que pudieron ser acreditados con las distintas operaciones y erogaciones detectadas.
Su resultado mostró desfasajes en varios ejercicios, es decir, períodos en los que los gastos y las inversiones registrados superaban los recursos legítimos que pudieron ser comprobados.
A partir de esa comparación, Ercolini advirtió que el aumento patrimonial de Baratta “carecería de sustento”, ya que la confrontación entre sus ingresos legítimos y las aplicaciones de fondos verificadas arrojó saldos negativos en 2005, 2008, 2010 y entre 2012 y 2017. Esos resultados acumulados alcanzaron $4.678.496,90 y, para el magistrado, evidencian los desfasajes entre los recursos declarados y las erogaciones detectadas.
Para el magistrado, estos elementos permiten sostener en esta etapa del expediente la existencia de un incremento patrimonial “apreciable” e “injustificado” entre 2003 y 2017, período que comprende sus años en la función pública y los dos posteriores a su salida.
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Entre los bienes se encuentran un departamento, una cochera y una baulera en la calle José Hernández, adquiridos en 2010. A esto se sumaron dos departamentos y cocheras en Thames, registrados a nombre de la entonces pareja de Baratta, y distintos vehículos adquiridos durante el período investigado.
Se incluyeron asimismo US$25.276 y €27.500 encontrados durante un allanamiento, junto con movimientos bancarios, compras de moneda extranjera, depósitos a plazo fijo y otros fondos incorporados a la reconstrucción patrimonial.
Analizaron también una oferta de donación realizada en 2013 por la madre de Baratta a favor de su hijo, además de testimonios y documentación vinculados con la propiedad de Pilar.
La casa del country de Baratta
El terreno, ubicado en Pilar, fue comprado el 19 de septiembre de 2012 por US$70.000 y quedó registrado a nombre de Marta Rosa Girola, la madre de Baratta. Sobre ese lote se construyó posteriormente una vivienda familiar de unos 380 metros cuadrados, distribuida entre subsuelo, planta baja y primer piso.
Se sabe que la obra tuvo un costo estimado de aproximadamente $3,7 millones de aquella época. El arquitecto que intervino en la construcción declaró que Baratta era quien daba las indicaciones sobre los trabajos y que los pagos fueron realizados por el propio exfuncionario o por su entonces secretario privado, Nelson Lazarte.
Ahí aparece uno de los puntos que destacó Ercolini: el financiamiento de la obra. En la resolución, el juez señaló que “en conjunto, el matrimonio declaró aportes por $604.546,11”, pero advirtió que “ese reconocimiento resulta relevante pero no explica la totalidad” de la inversión.
La defensa sostuvo que la casa no era de Baratta, sino de sus padres, quienes la habrían comprado y construido con dinero proveniente de una indemnización recibida por su padre, ahorros, un plazo fijo y otros recursos familiares.
Es más, las facturas de la obra aparecían relacionadas con el exfuncionario, mientras que el uso de la vivienda y distintos gastos del country también fueron asociados a él y a su esposa. Incluso el servicio de cable e internet estaba contratado a nombre de Oscar Centeno, quien había sido chofer de Baratta.
Centeno es el autor de los cuadernos que dieron origen a la causa que lleva su nombre, donde registró recorridos que, según la acusación, realizaba junto a Baratta para retirar dinero de empresarios vinculados con la obra pública.
Baratta actualmente enfrenta el juicio oral de la causa Cuadernos, donde está acusado como presunto integrante de ese esquema de recaudación ilegal. El exfuncionario rechazó las acusaciones y calificó a Centeno de "mentiroso".
LT
