Un 9 de diciembre de 1985 la Justicia argentina logró condenar por primera vez en la historia al terrorismo de Estado con la sentencia de cinco comandantes que encabezaron la dictadura militar más sangrienta. Pese a que se realizó en democracia, el Juicio a las Juntas Militares no fue un camino para nada fácil.
La causa fue llevada adelante por el fiscal Julio César Strassera y su adjunto, Luis Moreno Ocampo, quienes se debieron enfrentar a la fuerte influencia que aún mantenían los generales en el poder en medio de un frágil sistema democrático.
La previa del juicio
El juzgamiento a los militares que ordenaron cometer los crímenes de lesa humanidad contra los ciudadanos de argentina comenzó originalmente el 15 de diciembre de 1983, cuando el presidente Raúl Alfonsín publicó el decreto 158/83, que en su artículo primero establecía: “Sométase a juicio sumario ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas a los integrantes de la Junta Militar que usurpó el gobierno de la Nación el 24 de marzo de 1976 y a los integrantes de las dos juntas militares subsiguientes”.
“Ese enjuiciamiento se referirá a los delitos de homicidio, privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos a los detenidos, sin perjuicio de los demás de que resulten autores inmediatos o mediatos, instigadores o cómplices los oficiales superiores mencionados en el art. 1.”, indicaba.
El mismo día de la publicación del decreto, Alfonsín dispuso la creación de la CONADEP (Comisión Nacional de Desaparición de Personas), un órgano descentralizado que tenía por objetivo investigar la desaparición forzada de personas durante la dictadura.
El 22 de diciembre el Congreso de la Nación casi por unanimidad declaró nula la Ley de Autoamnistía dictada por el Gobierno militar. Luego de eso, la nueva legislación fue promulgada por Alfonsín el 28 de diciembre.
Sin embargo, su conducta era revisada por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, es decir militares juzgando a militares. Así, el 25 de septiembre de 1984 este organismo consideró que los actos de represión cometidos eran “inobjetablemente legítimos”.
Por esto mismo, la Cámara Federal se hizo cargo del Juicio a las Juntas en octubre de 1984, por lo que los fiscales Strassera y Moreno Ocampo comenzaron a recopilar todas los elementos probatorios, apoyándose en el informe de la CONADEP “Nunca más”.
El Juicio a las Juntas Militares
El proceso judicial comenzó el 22 de abril de 1985 y llevó ante la Justicia a nueve integrantes de las Juntas por poner en marcha un plan sistemático de exterminio y persecución durante la dictadura cívico-militar que inició el 24 de marzo de 1976.
Con el objetivo de darle a los generales algo que no dieron a sus víctimas: un juicio justo, el fiscal Strassera intentó adjudicar el nivel de responsabilidad de cada fuerza, por lo que disminuyó la responsabilidad de los jefes aeronáuticos.
Los fiscales se basaron en la figura del autor mediato, utilizada en los casos contra los oficiales nazis en Alemania. De esta manera, se intentó establecer que quienes no ensuciaron sus manos, pero dieron las órdenes, tienen la misma responsabilidad que quienes cometieron los delitos.
El juicio se extendió por 17 largas semanas, en las que se oyeron 530 horas de declaraciones con el testimonio de 839 testigos. Todos estos testimonios no fueron televisados debido a las fuertes presiones de las fuerzas a los medios de comunicación.
Nuevos escenarios de enjuiciamiento en derechos humanos
“Este proceso (la dictadura) ha significado para quienes hemos tenido el doloroso privilegio de conocerlo íntimamente una suerte de descenso a zonas tenebrosas del alma humana, donde la miseria, la abyección y el horror registran profundidades difíciles de imaginar antes y de comprender después”, definía el fiscal Strassera al iniciar su alegato final. Así, al terminar su exposición el fiscal inmortalizó la frase: “Señores jueces, nunca más”.
La condena a las Juntas Miltares
La sentencia se leyó el 9 de diciembre de 1985 y la Justicia logró condenar así al terrorismo de Estado. De los nueve condenados, solo cinco recibieron una pena por sus crímenes.
Jorge Rafael Videla y Emilio Massera fueron sentenciados a prisión perpetua, Roberto Eduardo Viola recibió 17 años de prisión, Armando Lambuschini fue condenado a una pena de ocho años y Orlando Ramón Agosti a cuatro años y seis meses.
Mientras tanto, resultaron absueltos Omar Rubens Gaggifna, Arturo LamiDozo, Leopoldo Galtieri y Jorge Anaya.
CP
