Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista, aseguró que no existen fallos de imposible cumplimiento y criticó los tiempos de la Corte Suprema: "Es una barbaridad constitucional y violatoria de los Derechos Humanos no tener plazos en la Corte", señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).
¿Nos podría explicar los fundamentos jurídicos, tanto de la Corte como del Gobierno, que se opone al amparo que se dictó?
En primer lugar, la Corte Suprema dictó una medida cautelar, no el fondo de cuestión. El mismo es saber cuál es el porcentaje de coparticipación que le corresponde a la Ciudad. El Gobierno sostiene que es el 1,4% de los recursos coparticipables que le quedan después de hacer la repartición, mientras que la Ciudad afirma que es 3,5%.
Se incluye en este concepto el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad. La Corte estableció un 2,95%, pero no se aclara de dónde sale y cuáles son los fundamentos de cómo se arriba a ese porcentaje.
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La Ciudad de Buenos Aires es un sujeto de la estructura federal que está a la par de las provincias y tiene autonomía financiera. Por eso la repartición de los recursos coparticipables, vía el Estado, se tiene que hacer por medios de mecanismo de consenso y de acuerdo.
Eso es lo que ha resuelto la Corte y frente a esto, el Gobierno va a interponer un recurso de reposición in extremis. Y con eso va a recusar a todos los miembros de la Corte, porque considera que al estar en instancia originaria no se estaría garantizando la doble instancia.
Y se tiene que revisar una cautelar de estas características con jueces que surgirían del sorteo de todos los presidentes de las Cámaras Federales del país.
¿El Gobierno no cayó en un estado de secesión mientras plantea esta apelación?
No, está usando un recurso procesal creado por la jurisprudencia de la Corte. Utiliza la recusación para garantizar la doble instancia. El Gobierno no va a incumplir el fallo, sino que va a recusar a la Corte.
La Corte probablemente rechace la recusación, va rechazar el recurso de reposición in extremis, antes tiene que darle traslada al gobierno porteño, y ahí se entrará en una etapa de ejecución de la sentencia donde no se discute el fallo de Corte pero sí las formas de cumplimiento.
¿Cómo va a evolucionar este tema?¿Cuáles son los escenarios posibles que sería lógico esperar?
Jurídicamente, la Corte va a rechazar la recusación y el recurso de reposición in extremis, y se abrirá una instancia de ejecución de la sentencia. Políticamente, se tienen que bajar las intensidades del Gobierno, de la oposición y del manejo de los tiempos que está haciendo la Corte. Es una barbaridad constitucional y violatoria de los Derechos Humanos no tener plazos en la Corte.
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El Gobierno, la oposición y la Corte tienen que salir de esta adolescencia institucional, tener mayor responsabilidad en cumplir con los fallos de la Corte, que la oposición no diga que esto es un Golpe de Estado y que la Corte misma haga cumplir sus fallos en un marco de racionalidad.
¿Hay muchos fallos, sobre todo económicos, en donde la Corte le ordena determinada cuestión al Estado y este no lo hace sosteniendo que es de imposible cumplimiento?
No hay ningún fallo de imposible cumplimiento, especialmente cuando es de contenido económico. El problema acá es que la Corte Suprema de Justicia actuó en competencia originaria, entonces, no hay nadie que va a ejecutar por fuera esta decisión. Concentra todo la Corte y hace que el sistema quede muy expuesto.
AO JL
