Cuando el ministro de Justicia Martín Soria fue a visitar por primera vez a los ministros de la Corte Suprema a principios de diciembre y les lanzó en la cara la catarata de quejas que la Casa Rosada tenía sobre el funcionamiento del cuerpo, pareció que se las traía; que después de dos años de gestión y de promesas de reformas, finalmente el Ejecutivo iba a comenzar a empujar esos cambios desde el Congreso y también aquellos por cuenta del presidente, como la propuesta de la nueva ministra.
Pero no solo que eso no ocurrió, sino que el presidente Alberto Fernández dejó vencer el plazo legal para dar a conocer el nombre de la persona que cubrirá la vacante que se abrió en el Máximo Tribunal a partir de la salida de Elena Highton de Nolasco. Y a pesar de que ello reduzca aún más el margen que tiene la Casa Rosada para quejarse sin hacer nada para cambiar las cosas, en los últimos días se intensificó la ofensiva oficial con el sutil pero eficaz apoyo a la marcha del 1F contra la Corte Suprema.
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Claro está que ninguna reforma se hace de un plumazo, pero por algo hay que empezar. Y si efectivamente en la cúspide de las quejas está el funcionamiento de la Corte, las demoras en proponer a una nueva integrante suprema lo único que hacen es validar a un cuerpo que en la actualidad funciona con cuatro integrantes y que en el primer acuerdo del 2022 ya hizo más que el propio gobierno para limpiar su imagen, cuando quedó aprobado el regreso de las audiencias públicas.
Mientras tanto, en el gobierno no hay novedades acerca de qué va a pasar con la agenda judicial en general y con la propuesta para ocupar la vacante en particular. Hasta ahora sólo se ha especulado con algunos nombres de prestigiosas juristas, aunque muy por lo bajo hay quienes argumentan que la demora se debe a que el presidente no propondría uno sino varios nombres, con el objetivo de ampliar la composición del Máximo Tribunal.
Claro que es una posibilidad porque en la mesa de acuerdos del cuarto piso del Palacio de Tribunales sobran lugares. Pero después de la experiencia de la mayoría automática de Carlos Menem, cabe preguntarse si efectivamente sumar más ministros y ministras ayudará a solucionar problemas como las demoras en resolver sentencias o el uso político de las mismas, sólo por nombrar algunas de las fallas que endilgan desde Balcarce 50.
Corte Suprema: modelos y visión de expertos
De todos modos, modelos más amplios hay de sobra. Está el del Supremo Tribunal Federal de Brasil, con 11 integrantes que pueden sacar decisiones colegiadas o monocráticas; o el de la Corte Suprema de Chile, con 21 integrantes y tres salas (Civil, Penal y Contencioso Administrativa).
Quienes llevan adelante la política judicial del Gobierno también tienen presente el modelo español, donde la cabeza del Poder Judicial está dividida en dos: el Tribunal Supremo, con 74 integrantes y cinco salas (Civil, Penal, Social, Contencioso Administrativa y Militar); y el Tribunal Constitucional, conformado por 12 magistrados que pueden funcionar en pleno o divididos en dos salas para abocarse a resolver sobre constitucionalidad.
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En el tintero también está la Corte norteamericana de nueve miembros, similar a la que tuvo Argentina en los años 90’; y la Corte de Casación francesa, que integran 120 consejeros divididos en seis salas (tres civiles, una comercial/financiera, otra comercial y una social) abocados únicamente a resolver la constitucionalidad de las decisiones de tribunales inferiores y no así sobre los hechos en particular.
La gran pregunta es si alguno de esos modelos es adaptable a la compleja realidad de la Argentina. Con el debate sobre la mesa, PERFIL dialogó con varios especialistas en Derecho de diferentes sectores quienes coincidieron en cuanto a la necesidad de reformas de fondo.
Sin embargo, también fueron enfáticos al rechazar la división en salas porque requeriría una modificación de la Constitución. Eso sí, insisten con que antes de encarar con cualquier cambio, el gobierno tiene que avanzar con el proceso para cubrir la vacante que existe en el Máximo Tribunal. Con 4 miembros no hay modelo alguno a nivel mundial.
La visión de los especialistas
Para el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, integrante de la Comisión que le entregó a Alberto Fernández un informe con sugerencias para la reforma de la Justicia, el hecho de que la actual Corte Suprema de cinco integrantes en realidad tenga una vacante sin cubrir “implica menos eficacia en su funcionamiento”. Por ello, considera necesario “cumplir de forma urgente con la designación de una mujer”.
A su vez, en relación a la necesidad de adoptar cambios, dijo: “Hay que generar un debate profundo, una ley orgánica de la Corte Suprema donde se determine misión, competencia, funciones, apelaciones, formas de resolver, plazos y agenda. Si uno considera importantes variables como pluralismo ideológico, paridad de géneros y la real representación del federalismo, en una Corte con 9 u 11 integrantes esas variables tendrían otro impacto”.
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Gil Domínguez también dijo que “si bien la Corte argentina es junto con la uruguaya la más chica de América latina, lo cual genera un déficit, no hay posibilidad de ampliación sin acuerdo político y sin un contexto de cambio sustancial del sistema”.
Gustavo Arballo no cree en Cortes “excesivamente numerosas”, porque en lugar de acelerar los tiempos se retrasarían más los procesos. Sin embargo, el reconocido profesor de Derecho de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) sostuvo ante una consulta de este medio que la conformación actual de cinco integrantes puede quedarse corta en tiempos de transición como el actual, “cuando se combinan vacantes sin cubrir y debe funcionar con cuatro o tres jueces. No es teoría, ya está sucediendo”.
A pesar de eso, señaló: “A mediano plazo, tal vez sea posible pensar en una ampliación no inmediata, sino diferida en el tiempo, y una Corte que con siete jueces tenga margen de redundancia para no quedar afectada en las fricciones de transición".
Según Arballo, además, la división en salas tampoco es conveniente porque "en un primer nivel de análisis exige una reforma constitucional ya que nuestra Constitución habla de una sola: la Corte no está para juzgar temas penales o civiles, sino para resolver la interpretación constitucional".
"La división en Salas inevitablemente nos puede llevar a inconsistencias, como por ejemplo que en materia de libertad de expresión la Sala Penal tenga un criterio y la Sala Civil otro”, completó.
Modificación de la Corte: más opiniones
Flora Acselrad es abogada e integra la Red de Judiciales Feministas. Hasta 2015 estuvo a cargo de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia y fue autora del proyecto de la Ley Micaela.
Consultada sobre si considera necesario adoptar cambios en el Máximo Tribunal, insistió en que la prioridad debe ser cubrir la vacante que se abrió con la renuncia de Highton.
“Diversas agrupaciones, en particular feministas, venimos reclamando porque la vacante sea ocupada por una feminista haciendo hincapié en el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de igualdad y erradicación de la violencia”, dijo.
Y completó: “Hay debates muy interesantes respecto de los diferentes modelos, pero mientras tanto creo que no debe demorarse la designación vacante. Ninguna excusa, ni siquiera que podría avanzarse hacia un modelo mejor y más representativo o eficiente, es suficiente para justificar meses que peligrosamente pueden transformarse en años, sin una mujer en la Corte”.
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Florencia Ratti, doctora en Ciencias Jurídicas (UCA - Conicet) y profesora de Derecho Constitucional y Formación del Pensamiento en la Universidad de Lomas de Zamora, no cree prudente aumentar el número de integrantes.
Es que si bien piensa que una formación de siete o nueve cortesanos “podría enriquecer la deliberación y evitar que la última palabra sobre los debates jurídicos más relevantes la tengan tan solo tres jueces, los necesarios para conformar mayoría en un tribunal de cinco”, observa riesgos y desventajas.
“Eso atrasaría los procesos y además habría que estar alerta a cuáles son los intereses que mueven una reforma así, porque siempre está latente el riesgo de que el poder político de turno utilice ese aumento para influir en el Poder Judicial", sostuvo.
En relación a las salas, concluyó que "generaría varios inconvenientes, en especial sobre la coherencia del tribunal. Hoy la Corte altera su precedente más de lo deseable. Pensemos cuánto más difícil será que hable con una sola voz, como debe ser, si la Corte se divide en salas”..
Joaquín Caprarulo y Celeste Fernández, abogados y coordinadores de programas de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) también insisten con que es urgente designar a una mujer en el lugar que hasta hace unos meses ocupaba Highton. “Estimamos necesario un debate amplio y participativo sobre las reformas que requiere el servicio de Justicia, algo que hasta el momento no ha propiciado ningún sector”, coincidieron.
Sobre los cambios en el Máximo Tribunal, agregaron que los supremos deben encarar modificaciones en el propio funcionamiento que, por ejemplo, abran la puerta a “una mayor participación de la ciudadanía en la resolución de causas (mediante amicus curiae o audiencias públicas) y en la gestión del órgano”.
También señalaron a PERFIL que es necesario que se priorice “la función jurisdiccional de la Corte” y que se planifique un “traspaso gradual de funciones al Consejo de la Magistratura”.
Por otro lado, “si bien una mayor cantidad de autoridades podría aumentar la diversidad de orígenes y miradas, en el actual funcionamiento de la Corte eso podría derivar en una mayor cantidad de tiempo para resolver los expedientes”. De todos modos, si ocurriera, “la designación de las nuevas vacantes debería darse mediante un mecanismo diferido que no sólo le otorgue a un gobierno la posibilidad de hacerlas en un mismo periodo presidencial”.
Queda claro entonces que para resolver los problemas hay que empezar por casa. El gobierno tiene una amplia agenda de temas judiciales pendientes que tiene que empezar a resolver. En definitiva, ya queda poco lugar para la queja verbal, hay que empezar a hacer.
