La base del sustento del Poder Judicial radica en la autoridad moral que deben tener los jueces o juezas que los ejerzan, ya que ellos, desde la ley, administran el honor, la libertad y los bienes de las personas. Mas, la sensación que existe en la población radica en el hecho que se siente que la magistratura opera como un fuero de privilegios no democráticos. Así, tienen 41 días de vacaciones o ferias al año (31 días en enero y 10 días en diciembre); cobran muy buenos sueldos, mas se oponen a pagar impuesto a las ganancias y se niegan a retirarse a los 75, como manda la Constitución, en especial, algunos miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Asimismo, el Poder Judicial se muestra más monárquico que democrático, reparemos que sus ámbitos se los denomina ‘Palacios de Tribunales’ y los máximos órganos judiciales son ‘Cortes’. Además, se siente lento y cuesta que las decisiones lleguen en los momentos necesarios, por aquello que “la justicia lenta no es justicia”.
Las y los aproximadamente 5.000 magistradas y magistrados de todas las instancias, fueros y jurisdicciones que existen en el país, todas sus decisiones pueden ser llevadas, en apelación, a que la CSJN las resuelva. Con mayor razón, los miembros que integran ese máximo tribunal del país deben ser intachables en su accionar, por ser la cabeza del Poder.
Pues la realidad dice que los actuales miembros distan de tener la ejemplaridad necesaria para ser quienes determinan el destino jurídico del país.
Esta Corte, que dice que no se afecte su independencia, sin embargo, no se ha opuesto nunca a la resignación de la soberanía jurisdiccional argentina en todos acuerdos de deuda externa y toleró que un juez inferior de Nueva York nos tuviera arrodillados ante los fondos buitres y obligara al país a pagar deudas odiosas.
Esta Corte pretendió convalidar el cómputo de dos por uno a los detenidos acusados de crímenes de lesa humanidad y ha permitido que los tribunales se transformen en ámbitos y dinámicas propias de servicios de inteligencia, contrarios a la búsqueda de la verdad y la justicia. Además, la misma Corte permitió que las posverdades sirvan para darle sustento mediático a las guerras judiciales (“lawfare”) armadas contra opositores.
Asimismo, hay que recordar que, en la actual Corte, dos de sus miembros aceptaron ser nombrados por el presidente Macri, sin respetar los mandatos constitucionales: Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Ellos se votaron a sí mismos por tres años, como presidente y vicepresidente del Tribunal. Y este último, en un acto de soberbia pornográfica de poder, comunicó que no se apartará de votar en los casos de exclientes de su estudio jurídico y a su vez, para no andar con vueltas en su accionar cercano a determinados intereses, vacaciona en el mismo country Cumelén, en Villa la Angostura, donde está Macri.
Por su parte, Rosatti no solo se votó a sí mismo como presidente de la Corte por tres años, sino que, también se nombró presidente del Consejo de la Magistratura, al firmar el reciente fallo que así lo determina. En definitiva, ahora él será la cabeza del Poder Judicial Nacional, con la suma de poder público judicial, manejará los tiempos de los fallos de la Corte, decidirá sobre todas las resoluciones de los tribunales de Argentina que lleguen a la CSJN y como presidente del Consejo de la Magistratura, participará de la selección y propuesta de jueces; en la administración del presupuesto de la Justicia; ejercerá funciones disciplinarias sobre los jueces y, eventualmente, los podrá destituir, entre otras funciones propias del cargo.
Jueces que se manejen de esa forma pierden el poder moral necesario para la función y son peligrosos para la seguridad jurídica. Por lo referido y otras causales más, la sociedad argentina se autoconvocó masivamente, el 1 de febrero, para pedir que renuncien, por el bien del país.
*Abogado constitucionalista cordobés y periodista-columnista de opinión
