La medida cautelar que dictó la Corte Suprema este miércoles 21 de diciembre en favor de la Ciudad de Buenos Aires volvió a elevar el tono de la disputa política entre el oficialismo y la oposición. Mientras que Horacio Rodríguez Larreta salió a celebrar la medida al sostener que "la quita (de fondos) fue inconstitucional porque violó la autonomía de la ciudad", en la vereda del frente hubo quienes llamaron a desconocer el fallo.
Uno de ellos fue Jorge Capitanich, gobernador de Chaco y uno de los mandatarios que más se ha expresado públicamente en el debate por los fondos.
Es que a través de un hilo de Twitter metió presión al titular del Poder Ejecutivo al afirmar que "el presidente de la Nación debe desconocer este fallo pues objetivamente es una atribución constitucional del artículo 99, y no depende de una intromisión de carácter judicial arbitraria y discrecional".
El dirigente sintetizó ahí las razones principales que tienen quienes se oponen a la medida que dictó la Corte Suprema, que en una resolución de 28 páginas firmada los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda le ordenó a Nación que entregue a la Ciudad un 2,95% de la masa de fondos de coparticipación.
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Consideran que no es cierto que no se perjudique a las provincias, que el fallo "vulnera el federalismo" y que genera un conflicto de poderes, entre otros aspectos.
Ante esa reacción, Larreta dijo esta mañana que "las normas están para cumplirlas". Y agregó: "Yo no estaba de acuerdo con el feriado nacional de esta semana, pero no puedo no cumplir el DNU del presidente. Es un atentado a la democracia y me parece muy mal que digan eso".
Entre medio de esas posiciones antagónicas se erige un complejo panorama jurídico por el cual PERFIL consultó a especialistas en Derecho sus consideraciones sobre la medida y qué posibilidades tienen el Gobierno nacional y los gobernadores.
Para Licht hay situaciones "singulares"
Miguel Nathan Licht es profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Católica Argentina (UCA) y en declaraciones a este medio opinó que hay varias situaciones singulares, entre ellas que la decisión haya reconocido la pretensión cautelar insinuada por el GCBA.
"En los asuntos en que es demandado una entidad pública no suele reconocer la posibilidad de obtener una medida cautelar y, mucho menos, si la pretensión es monetaria. Existe un viejo adagio jurídico que da cuenta que el Estado, a diferencia de un particular, siempre será solvente para cumplir con una sentencia adversa", explicó.
De todos modos señaló que existen contadas excepciones en las que se pueden otorgar cautelares contra el Estado, una de ellas si se comprueba, un daño grave e irreparable. Son casos excepcionalísimos que refieren a cuestiones de salud o alimentarias. "En este caso el peligro irreparable no existe como tal y está a la vista que la Ciudad de Buenos Aires ha podido superar cualquier contingencia presupuestaria mediante la corrección de sus políticas tributarias y presupuestarias".
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"En el caso de la ciudad el peligro ha desaparecido porque esta medida cautelar se dicta después de dos años. Han podido conjurar ese peligro porque modificaron sus partidas presupuestarias y se financió el bache con la creación de un impuesto como también se podría haber hecho con un empréstito. Acá ya no hay peligro irreparable", manifestó.
El federalismo y las herramientas de las provincias
También comentó que la decisión afecta el sentido federal de la distribución de fondos coparticipables y ejemplificó: "Qué sucedería si tras un eventual triunfo opositor, el gobierno nacional replicase el temperamento de la administración del anterior presidente y financiase una transferencia de competencias nacionales a una provincia peronista con aumento de la coparticipación?".
"Por momentos se le reconoce a la ciudad de Buenos Aires un statu quo de 'Provincia', lo que por sí, ya es controversial, pero luego se considera plausible un aumento de porcentaje de su coparticipación por un simple acuerdo entre Nación y Ciudad, cuando es una situación que no podía justificarse en el caso de una provincia", dijo.
Y agregó: "Cuando se postula un razonamiento hay que estar a las duras y las maduras".
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En definitiva, explicitó que no se trata de un problema de federalismo de concertación, sino simplemente de examinar si las sumas transferidas fueron atribuidas en exceso y, eventualmente, si esos excesos pueden ser corregidos unilateralmente por la Nación.
De todos modos, Licht señaló que "los fallos de la Corte están para ser cumplidos", y dijo que las provincias tienen herramientas que les da el Código Procesal para ser parte del proceso y manifestar su postura dentro del reclamo iniciado por el jefe de Gobierno porteño en 2020.
Armesto: "Hay que respetar el fallo"
Desde su enfoque como abogado constitucionalista, Diego Armesto respaldó la cautelar que dictó la Corte al valorar que se trató de "una decisión conforme a derecho, a la Constitución y en pos del federalismo".
"La medida profundiza el federalismo y llama la atención en cuanto al cumplimiento de la Constitución ya que obliga a dictar una ley de Coparticipación y demanda el reconocimiento a la CABA como una ciudad constitucional federada. Desconocerlo es grave", dijo a PERFIL.
El abogado evitó valoraciones respecto de si correspondía o no que la decisión salga por vía cautelar y sobre el punto expresó que "no puedo objetar el criterio propio de los jueces". Sostuvo, además, que la medida es "provisoria" y "obviamente ahora tienen que resolver la verdadera cuestión de fondo que es la inconstitucionalidad de la ley convenio y el monto que le dieron o le dejaron de dar a la ciudad de Buenos Aires".
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Consultado respecto de si no cree que hay una afectación hacia las provincias, que desde el inicio de la compulsa judicial se marcaron en sintonía con la postura del Gobierno nacional, dijo: "La Corte dice en un párrafo textual que la medida cautelar no afecta fondos coparticipables de las provincias sino que son fondos que tiene la Nación".
"La cuestión principal acá es respetar los fallos de la Corte, que lo que hace es poner límites cuando el poder político se excede", afirmó.
Para Armesto, "si el Congreso se pusiera de acuerdo e hiciera una ley convenio con todas las partes sentadas en la mesa y se resuelve, esta cautelar cautelar perdería efecto, pero tiene que ponerse de acuerdo la política".
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