“Es importante salir del oscurantismo, que la gente nos conozca para que pueda considerar, examinar, criticar o elogiar las medidas que tomamos”. La expresión le corresponde a Miguel Nathan Licht, el abogado especialista en Derecho Tributario que el lunes pasado fue designado por el presidente Alberto Fernández como presidente de un organismo tan relevante como poco conocido puertas para afuera: el Tribunal Fiscal de la Nación.
Desde una oficina austera y apartada en el 7° piso del edificio donde funciona la sede del Ministerio de Desarrollo Productivo, en el centro porteño, Licht expresó a PERFIL su satisfacción por haber sido nombrado tras más de dos años de espera porque, a pesar de haber ganado un concurso abierto tiempo atrás desde el Ministerio de Economía, en tiempos de Nicolás Dujovne: el ex presidente Mauricio Macri decidió no confirmarlo y dejar vacante su vocalía.
Según Licht, el Gobierno actual comenzó a demostrar mayor voluntad de potenciar el Tribunal a cargo de recibir las denuncias de los contribuyentes contra la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Muestra de ello, reconoce, la semana pasada el ministro de Economía Martín Guzmán lo visitó durante la inauguración de la nueva sede a la que se mudará el organismo autárquico en las próximas semanas.
Cómo acceder a la condonación de deudas con la AFIP
Como se mencionó, el trabajo del Tribunal Fiscal es recibir planteos de supuestos damnificados por determinaciones de la AFIP en materia impositiva y aduanera. Es una especie de Juzgado con competencias similares a las judiciales que puede revocar o confirmar la aplicación del tributo en cuestión y cuya intervención suspende el cobro por parte del fisco hasta que se resuelva el planteo. Tanto los particulares como la AFIP tienen la posibilidad de apelar el fallo del Tribunal ante la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal.
-¿La función del Tribunal, entonces, es activar una cautelar mientras se define si corresponde o no el cobro de un impuesto pretendido por la AFIP?
-No, no es una cautelar. El Tribunal nació históricamente para evitar el instituto por el cual los contribuyentes antes de discutir las deudas fiscales debían pagar y luego presentarse en la Justicia. El organismo tiene naturaleza jurisdiccional pero está dentro de la órbita del Ministerio de Economía y es el lugar apto para discutir las controversias tributarias sin necesidad de pagar el impuesto, salvo que sea una cuestión de constitucionalidad, que va directamente a la Justicia. Además, las salas impositivas están integradas por un contador: cuatro son impositivas y tres aduaneras. De dar una definición rápida y justa a la contienda, si confirmamos el ajuste fiscal, el fisco cobra más rápido; y si revocamos, le damos al contribuyente certeza sobre su deuda. Por eso es importante que estén dotando al Tribunal de las herramientas necesarias para cumplir.
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-¿Con lo último marca una diferencia entre la gestión actual y la presidencia de Mauricio Macri?
-Nosotros estamos muy agradecidos con que ahora se le esté prestando la atención que se merece al Tribunal, sin injerencia alguna en lo jurisdiccional pero con apoyo en lo administrativo. Hoy, las condiciones no son las mejores y no se condicen con el nivel de responsabilidad que tenemos. Y efectivamente hay una diferencia sustantiva respecto de lo que pasaba en la gestión anterior. Mi vocalía, por ejemplo, estuvo seis años en subrogancia y el último concurso que se hizo (durante la gestión macrista) acumuló 10 vacantes cuando somos 21 en total, es decir, la política no le prestó atención al organismo.
-Hace un tiempo, la AFIP desistió de ser querellante en la causa conocida como Oil Combustibles porque supuestamente hubo “corrupción administrativa” entre 2015 y 2019, según los informes internos alegados por Mercedes Marcó del Pont, lo que se habría traducido en persecución hacia algunas empresas, por ejemplo. ¿Hubo en el Tribunal algún impacto de ello?
-En casos como el que citás, los decaimientos de planes no son apelables ante el Tribunal Fiscal, si puede venir una determinación de oficio. Es decir, los contribuyentes pueden plantear las defensas que consideren, y si creen que hubo desviación de poder en administraciones anteriores, son analizadas y examinadas.
-¿Cuáles son los planteos que más abundan y cómo es el proceso interno?
-Nosotros tenemos en Impositiva mucho de salidas no documentadas, utilización de facturas apócrifas, ajustes de IVA, Ganancias o por incrementos patrimoniales no justificados. También tenemos muchos asuntos como el de Vicentin u otras cerealeras por derechos de exportación o triangulación de exportaciones. En materia aduanera, por ejemplo, las deudas se mantienen en valor dólar, pero no las multas, a diferencia de Impositiva, con lo cual el tiempo juega un factor preponderante. Acá siempre viene un contribuyente, nunca la AFIP, y cada sala es como un Juzgado que hace una instrucción a modo de ser garantes de la legalidad de lo actuado por el fisco. Tenemos más discrecionalidad que la que puede tener un Tribunal Judicial sin que signifique desequilibrar la balanza en favor de alguna parte.
El valor de los juicios en marcha y el “win to win”
A sus 46 años, Licht viene de ser secretario letrado Corte Suprema de Justicia. Está convencido del peso que tiene la palabra del Tribunal hoy a su cargo y el impacto que pueden tener las decisiones que tomen las vocalías en los diferentes casos. Al respecto, asegura que “los juicios que están en discusión podrían superar los mil millones de dólares” y que dotar al organismo de mayores herramientas y recursos que permitan, por ejemplo, “que nuestro personal tenga un reconocimiento salarial similar al que tienen los integrantes del Poder Judicial, que hacen el mismo trabajo, sería muy importante”. Entiende que “sería un win to win porque podríamos sacar las causas con mayor rapidez y eso generaría un aumento en la recaudación”.
-Un discurso muy común en el país señala que el Sistema Tributario argentino es muy confiscatorio. ¿Está de acuerdo?
-Identificar los problemas es algo muy complejo, pero en líneas generales podría decir que es un sistema que va haciéndose en parches, cada uno en función de la necesidad financiera del momento. Al hacerse de esa manera, uno pierde la visión sistémica que tiene que tener para coadyuvar o fortalecer la justicia tributaria y, de ese modo, evitar que haya situaciones de no evidencia de capacidad contributiva y, paralelamente, exigencia de muchos impuestos. Hay que barajar y dar de nuevo, tener una visión de arriba para abajo. Porque incluso es muy difícil la interpretación de la norma.
-¿Se solucionaría con una reforma tributaria integral?
-Lo que ocurre es que siempre hay disputa de intereses. Es muy difícil encarar una discusión sin un sinceramiento, siempre vas a tocar intereses. Ese es el problema, pero no podría decir que la imposición tributaria es asfixiante en Argentina.
-¿Está a favor del Impuesto a las Grandes Fortunas?
-Yo hago Aduana acá, por lo que no me incumbe analizar la oportunidad, mérito y conveniencia del proyecto. Pero sobre los aspectos confiscatorios, creo que son los más recurrentes y más difíciles de probar, porque para que exista confiscatoriedad tiene que haber una desnaturalización del derecho de propiedad a partir de una exigencia muy desproporcionada. Entiendo que algunos planteos contra ese aporte están relacionados a que durante un ejercicio fiscal los bienes sujetos al tributo no generaron suficiente renta para pagarlo, pero es un planteo que no me conmueve.
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-¿Por qué?
-Lo explico con un ejemplo. Supongamos que hay una persona que tiene un campo con grandes plantaciones de soja equivalentes a 100 millones de dólares y otra persona que tiene un monoambiente en Almagro. El año en el que hubo que hacer el aporte hubo una sequía y el campo no produjo nada pero el departamento se alquiló, el que igual tiene mayor capacidad contributiva es el sojero. Tal vez no le exijan en función de la renta sino de todo su activo para que haga un aporte. Nadie dice que va a tener que vender, puede hacer otras cosas. Entonces ahí la confiscatoriedad no es un argumento. Diferente sería si todos los años se repite el impuesto y absorbe el capital, lo cual se discutirá.
Un organismo clave en tiempos clave
Licht llegó a la presidencia del Tribunal tras la renuncia de su antecesor, el vocal Rubén Marchevsky, quien se retiró por cuestiones de salud.
A pesar de su inclinación hacia el Derecho Tributario, que enseñó como profesor en varias universidades, su paso por el cuarto piso del Palacio de Tribunales le dio un fuerte conocimiento en materia jurisprudencial. Además de encarar la gestión del organismo, Lich viene de obtener un puntaje inédito de 100 puntos en el examen de oposición del Consejo de la Magistratura. Es que está en plena competencia para ser camarista en lo Contencioso Administrativo Federal y las posibilidades de que ello ocurra son altas, pero eso podría ocurrir entrado el año que viene.
En medio de la crisis económica que enfrenta el Gobierno del Frente de Todos y la necesidad de dólares en un contexto de negociaciones con el Fondo Monetario, está claro que en el Palacio de Hacienda observan y observarán con atención las decisiones que tome, dentro de su autarquía, el Tribunal. Y, claro, el propio Licht.
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