Mientras Nicaragua retira a sus representantes de la Organización de los Estados Americanos (OEA), gobiernos que se habían mostrado ambiguos frente a la sistemática violación de los derechos humanos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo comenzaron a expresar su disconformidad.
Se trata de Bolivia y México, enrolados en un apoyo a Ortega que fue descafeinándose con el correr de los meses después del fraude gracias al cual revalidó su mandato, al precio de encarcelar a los candidatos opositores. Argentina se movió en igual dirección, pero con sin poner énfasis en su posición.
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) debatió la toma de la sede del sistema interamericano en Managua, confiscada por el régimen de Ortega. El organismo no tomó medida alguna, pero los tres gobiernos expresaron su desencanto con Ortega, cuyo embajador ante la OEA, Arturo McFields, decidió dejar de guardar silencio y arremetió contra la dictadura que se instaló en su país. Eso ocurrió a finales de marzo.
El ingreso ilegal de las autoridades de Nicaragua en el edificio de la OEA en Managua, este domingo, representa el desconocimiento de las inmunidades y los privilegios de los cuales gozan las instalaciones, los bienes y los archivos de una organización internacional, como explicó el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
La vicepresidenta Murillo anunció que la sede diplomática, tildada de museo de la infamia, pasó a ser un bien de utilidad pública, que será gestionado por el Instituto de Cultura, como publicó La Gaceta, el diario oficial del país.
Las instalaciones fueron tomadas por un contingente policial y, tras la lectura de una nota leída por el canciller Denis Moncada, que tachó a la OEA de “infame” y “diabólico”, pasó página de la usurpación. Argentina no repudió la usurpación, pero se mostró favorable a la defensa del principio de inmunidad diplomática.
CB PAR
