Una treintena de organizaciones de prensa de América Latina se comprometieron a actuar para restaurar las libertades de prensa y expresión en la República de Nicaragua y que estas se conviertan en "garantías esenciales para restablecer la democracia". Aseguraron que, desde su turbia elección en 2021, los Ortega mantienen "una línea férrea de represión y terror contra cualquier expresión de crítica o disidencia".
Las organizaciones firmantes del documento, entre las cuales se encuentran la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Reporteros Sin Fronteras (RSF), denunciaron la "persecución sistemática del periodismo independiente, la opresión y censura generalizada, el secuestro de los poderes públicos y la demolición de las estructuras de la sociedad civil" en Nicaragua.
Las organizaciones declararon su intención de solicitar a los organismos multilaterales que condicionen el otorgamiento de créditos y de ayuda no humanitaria hasta que el gobierno libere a los presos políticos, devuelva las instalaciones a La Prensa, Confidencial y 100% Noticias; permita el regreso de medios y periodistas desde el exilio y ofrezca garantías para su labor, tal como lo establece la Carta Democrática Interamericana.
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Además, se comprometieron a exigir, mediante campañas mediáticas y por vías diplomáticas, que el gobierno de Nicaragua libere a los presos políticos, incluyendo a políticos, periodistas y directores de medios censurados.
Las organizaciones recordaron que el gobierno del presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, tiene más de 170 presos políticos, entre ellos la precandidata presidencial a las elecciones de noviembre de 2021 Cristiana Chamorro, y Pedro Joaquín Chamorro, miembro del directorio del diario La Prensa y de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, condenados a ocho y nueve años de cárcel, respectivamente.
Las organizaciones quieren "animar" a los gobiernos receptores del éxodo de periodistas nicaragüenses "a que lo sigan haciendo y exhortar a otros gobiernos que los acojan y les ofrezcan cooperación humanitaria, tecnológica y económica para que puedan seguir informando desde el exilio". Pedirán a otros gobiernos, además, agilizar los trámites para el otorgamiento de visas de trabajo humanitarias a periodistas perseguidos por el régimen.
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En su documento las organizaciones firmantes recordaron que la "crisis institucional y social de Nicaragua se agravó a partir de abril de 2018, cuando fueron asesinados más de 335 opositores en enfrentamientos con la Policía Nacional y grupos paramilitares". Acusaron al régimen de Ortega de "ahogar en sangre" a las manifestaciones opositoras, tras lo cual el gobierno "fue endureciendo su postura".
"A través de una maquinaria legal que incluyó sendas leyes sobre Agentes Extranjeros, Delitos Cibernéticos y Soberanía de los Pueblos, el gobierno encarceló a opositores, persiguió a disidentes, cerró organizaciones de la sociedad civil, expulsó a periodistas y confiscó universidades y medios de comunicación", acusaron las organizaciones, que aseguran que su plan de acción busca permitir a los nicaragüenses "cumplir con sus aspiraciones de vivir nuevamente en libertad, democracia y con las garantías de un Estado de derecho".
Las organizaciones se comprometieron también a realizar campañas de promoción a través de los medios y las redes sociales para impulsar donaciones, membresías y suscripciones destinadas a apoyar la viabilidad de medios independientes nicaragüenses dentro y fuera del país, así como gestionar ante startups y empresas tecnológicas que provean a los medios independientes nicaragüenses servicios más asequibles.
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Impulsar un debate con agencias de noticias y medios de comunicación internacionales "con el objetivo de que se mantenga una cobertura periodística profunda sobre Nicaragua, para que el tema permanezca en la agenda pública global", y apoyar campañas de información que exhorten a funcionarios del régimen a denunciar violaciones a los derechos humanos y la libertad de prensa son otras de las iniciativas.
Entre las ideas que impulsarán, se encuentran peticiones a la Organización de las Naciones Unidas, a la OEA y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que abran "espacios amplios de debate para definir acciones que permitan restaurar la democracia y la plena vigencia de los derechos ciudadanos y de las libertades fundamentales" en Nicaragua, y exhortar a los gobiernos de EEUU y de la UE "a que no disipen el interés por Nicaragua y busquen con firmeza senderos para presionar al régimen Ortega-Murillo a favor de la paz y la democracia".
Las organizaciones firmantes son: Sociedad Interamericana de Prensa (SIP); Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR/IAB); Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-IFRA); Reporteros Sin Fronteras (RSF); Organización de Telecomunicaciones de Iberoamérica (OTI); Grupo de Diarios América (GDA); Fundamedios; Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA, Argentina); Foro de Periodismo Argentino (Fopea, Argentina); Asociación Nacional de la Prensa (ANP, Bolivia); Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji, Brasil); Associação Nacional de Jornais (ANJ, Brasil); Associação Brasileira de Rádio e Televisão (Abratel, Brasil); Associação da Imprensa de Pernambuco (AIP, Brasil); Asociación Nacional de la Prensa (ANP, Chile); Asociación de Medios de Información (AMI, Colombia); Fundación para la Libertad de Prensa (Flip, Colombia); Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP, Cuba); Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP, Ecuador); Asociación de Medios de Comunicación de Honduras (AMC, Honduras); Media Association of Jamaica (MAJ, Jamaica); Alianza de Medios MX (México); Fórum de Periodistas (Panamá); Consejo de la Prensa Peruana (CPP, Perú); Instituto Prensa y Sociedad (Ipys, Perú); Sociedad Dominicana de Diarios (SDD, República Dominicana); y la Asociación de Diarios y Periódicos del Uruguay (Adypu, Uruguay)
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