El gobierno de Daniel Ortega echó a la Organización de los Estados Americanos y anunció el cierre de sus oficinas en el país, así como el retiro de las credenciales de sus embajadores.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, junto al funcionario iraní y acusado en el atentado a la AMIA, Mohsen Rezai |
AFP
Jorge Elías
El gobierno de Nicaragua expulsó a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y anunció el cierre de sus oficinas en el país. Además, retiró las credenciales de sus embajadores, Orlando Tardencilla, Iván Lara y Michael Campbell.
La decisión viene a consumar una amenaza de larga data. El régimen de Daniel Ortega y de su mujer, Rosario Murillo, caracterizó al organismo de ser un "instrumento diabólico” y de ejercer “intervención y dominación” de los Estados Unidos.
En su léxico habitual, el gobierno nicaragüense representó a la OEA como “un instrumento del imperialismo yanqui para violentar derechos e independencias, auspiciando y promoviendo intervenciones e invasiones, legitimando golpes de Estado en distintos formatos y modalidades”.
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La mera ocupación de las oficinas de la OEA representa una violación de las normas internacionales. El último embajador de Nicaragua, Arturo McFields, acusó en forma sorpresiva a Ortega de haber instaurado “una dictadura” en Nicaragua.
El diplomático denunció el asesinato de 300 personas durante las protestas de 2018 y la permanencia en las cárceles de 170 presos políticos. En noviembre, después de consumar la farsa electoral por la cual continúa siendo presidente en su cuarto mandato consecutivo, y después de haber encarcelado a todos sus opositores, Ortega anunció el retiro de la OEA.
