Dos años después de que en Tierra del Fuego se prohibiera la cría intensiva de salmones a mar abierto, el mapa global de la actividad empieza a frenarse de a poco. Los gobiernos de las Islas Malvinas y del estado de Washington también decidieron abandonar el sistema, ejemplo que seguirá la provincia canadiense de Columbia Británica en 2025.
Aunque la salmonicultura intensiva sigue siendo la segunda industria más importante de Chile, el mes pasado el gobierno anunció la suspensión de nuevas concesiones en áreas protegidas que no cuenten con un plan de manejo. De todas formas, aún hay más de 400 operativas en esas zonas.
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El ejemplo fueguino
El 30 de junio de 2021 una ley provincial había regulado la salmonicultura en Tierra del Fuego, convirtiendo a Argentina en el primer país en frenar la actividad.
Fue luego de que parte de la comunidad local, y las industrias turística y gastronómica, rechazaran un proyecto para instalar las granjas en el Canal Beagle. El gobierno noruego apoyaba la iniciativa y buscaba expandirla a otras provincias argentinas.
Esta forma de producción implica el hacinamiento de los salmones en centros de engorde: balsas de hasta 10 jaulas con una profundidad de 15 pisos, que habilitan condiciones propicias para el desarrollo de patógenos, la contaminación con los antibióticos que se administran a los peces, y el impacto negativo sobre las especies que habitan en el mar.
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La actividad también contribuye a la sobrepesca. Para alimentar al salmón se producen pellets con harina y aceite de pescado, un proceso en el que se estima se pierde un 72% de proteína.
Se necesitan más de un kilo de otros peces -la mayoría, aptos para consumo humano- para producir un kilo de salmón, según cálculos de la Alianza Global Contra las Salmoneras, que nuclea a científicos y conservacionistas de 15 países.
BL JL
