Mientras el presidente Javier Milei encontró un nuevo chivo expiatorio en los espías rusos que financian medios argentinos para que critiquen al Gobierno, las provincias se quedan sin dinero suficiente para afrontar las paritarias y crecen los conflictos gremiales. Los gobernadores que cambiaron votos por fondos coparticipables siguen entrampados en una lógica perversa: si dejan de acompañar políticamente al Gobierno tendrán aún menos fondos y si se siguen acercando se vuelven tan responsables como Milei del ajuste que vive el pueblo de sus provincias y que no se compensa con los ATN enviados discrecionalmente por el Ejecutivo.
Mientras gran parte de los argentinos se endeuda con tarjetas, billeteras virtuales y familiares para llegar a fin de mes, el presidente pasa horas en redes sociales atacando a periodistas y acusándolos de ser financiados por el Kremlin. La cadena puede cortarse por su eslabón más débil, las provincias. Algo que ya sucedió durante la presidencia de Carlos Menem, con el Santiagueñazo en 1993 y en Cutral Có y Tartagal en 1997.
Para poner en contexto, algunos números. Hay problemas estructurales y problemas coyunturales. Según una muy buena nota de Letra P, de César Pucheta, el gasto promedio de las provincias del interior relativo a gastos de sueldos son de entre el 70 y el 80% de las partidas presupuestarias provinciales. Esto hace que cualquier cambio en la recaudación, o en los gastos de coparticipación, pone en riesgo los salarios de los empleados públicos y naturalmente, se abre la puerta al reclamo gremial.
Sobre esa base estructural, empiezan los problemas propios de la actualidad. En los primeros tres meses del año, las transferencias automáticas cayeron 8% real y el total de envíos nacionales por coparticipación un 6,1%, lo que estrangula a las provincias. Según el CEPA, hubo 92 conflictos laborales entre enero y marzo, más del 80% activos, abarcando educación, salud, administración y hasta episodios como el levantamiento policial de Santa Fe.
Todas las provincias tuvieron conflictos sindicales durante el año y solo La Rioja, se mantiene actualmente sin conflictos. Es interesante, que Ricardo Quintela es un gobernador opositor que no prestó ningún apoyo parlamentario al Gobierno. En este contexto, los gobernadores están en aprietos. Dependen de que Nación envíe más fondos para poder destrabar los conflictos sindicales, pero para esto deben acompañar a Milei en la aprobación de leyes que los dejan pegados políticamente a los libertarios. ¿Cómo pueden luego esquivar la responsabilidad de las medidas del Gobierno Nacional ante las cuales se rebelan los gremios provinciales?
Frente a esta situación, el Gobierno ofrece a doce provincias un adelanto de 400 mil millones de pesos para afrontar estos gastos. Sin embargo, este adelanto deberá ser devuelto antes de fin de año y cada provincia deberá negociar con el Ministerio de Economía. Por un lado, es un problema que en todo caso se amortigua y se pasa para más adelante y por el otro, mete a los gobernadores en el dilema de ser cercanos al oficialismo y ser visto como responsables del ajuste o ser opositores y hacer efectivo este ajuste.
Las provincias que recibirían este adelanto si acuerdan con Economía son: Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.
En ese contexto, el gobernador de la provincia más grande, Axel Kicillof lleva adelante una política que busca apuntar la responsabilidad contra Milei y busca recuperar algo de fondos mediante una insistencia sobre la Justicia.
Kicillof volvió a reunir a más de sesenta intendentes en La Plata para explicarles, otra vez, por qué la caja provincial está agujereada. Solo en febrero, Buenos Aires perdió cerca de $100.000 millones por la caída de la coparticipación. En un distrito donde cada peso cuenta dos veces, el impacto es inmediato: paritarias frenadas, hospitales sin insumos y obras que se detienen como si el tiempo político también estuviera en pausa.
Se aferra a la vía judicial como salida. Ya presentó ocho demandas ante la Corte Suprema reclamando más de $1,13 billones que —según la Provincia— la Nación debe por incumplir el Consenso Fiscal 2017 y convenios firmados en 2023. Si la Corte falla a favor, promete coparticipar un 16% con los municipios, una medida aplaudida por los convocados y que al futuro candidato a presidente lo ayuda a mantener alineados a los jefes comunales ante un panorama cada vez más áspero.
En síntesis: Milei recorta transferencias discrecionales, el derrumbe de la recaudación nacional achica la torta y la Provincia queda atrapada en su eterno karma demográfico: ser la que más pone y la que menos recibe. En la reunión, los intendentes reclamaron por obras paralizadas, patrulleros sin combustible y comedores desbordados; Kicillof les respondió con el único recurso que hoy tiene: judicializar la política y apostar a que la Corte actúe.
Hablando de los intendentes, hace una semana hubo una reunión del COFEIN, Consejo Federal de Intendentes, en la que se planteó el problema desde el punto de vista municipal. Los jefes comunales se reunieron en Paraná, luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, en un encuentro con supermercadistas declarara que el problema de la baja del consumo eran las tasas municipales.
En ese contexto, intendentes de todo el país salieron a responderle. Vamos a compartir algunos fragmentos de la declaración conjunta que hicieron los mandatarios provinciales de distintos colores políticos:
“Hoy los Municipios debemos hacernos cargo de más atención social, mayor demanda en salud, jubilados nacionales sin cobertura adecuada de PAMI, programas que cubrían medicamentos para enfermedades crónicas, como diabetes y patologías oncológicas, el vaciamiento del Plan Remediar y del Plan Sumar+, y también del transporte público, sin los aportes nacionales derivados del impuesto a los combustibles que sí se siguen destinando al AMBA. Solo en 2025, el Gobierno Nacional retuvo 120.000 millones de pesos que corresponden al interior.
La situación fiscal también es desigual. La incidencia impositiva de los municipios es apenas del 3%, frente al 75% que aplica la Nación. Sin embargo, salvo los giros automáticos que no puede interrumpir, el Gobierno Nacional retiene fondos que corresponden a provincias y municipios. Solo en concepto de ATN, en 2025 quedaron sin distribuir 740.356 millones de pesos, incumpliendo leyes y acuerdos. Para luego criticar a los municipios por el cobro de tasas que solo representan el 3% del costo fiscal.
Por eso reclamamos abrir una discusión de fondo sobre el esquema impositivo y la distribución de recursos en la Argentina, sobre la base de un federalismo fiscal que contemple la cantidad de habitantes y los servicios que presta cada nivel del Estado”.
En la lista está Rosario Romero (Paraná), Pablo Javkin (Rosario), Daniel Passerini (Córdoba), Juan Pablo Poletti (Santa Fe), Rossana Chahla (San Miguel de Tucumán), Julio Alak (La Plata), Ulpiano Suárez (Mendoza).
Como ven hay de todos los colores políticos. Hasta el momento, el ajuste del Gobierno Nacional, que según el propio Milei es “el más grande de la historia de la humanidad”, contó con cierta pasividad de la sociedad. No es que no haya habido respuesta con movilizaciones y piquetes. Es que frente a la criminalización de estas medidas y a la represión por parte de las fuerzas de Seguridad, no hubo una multiplicación de la movilización social, sino una merma. Hay grandes marchas de tinte opositor, pero son en fechas precisas como la del 24 de marzo u otras.
Esto que sucede en las provincias y municipios, ¿será el germen de una resistencia social que empiece a cambiar esta situación? Esto fue lo que sucedió durante el gobierno de Menem. Las primeras grandes movilizaciones sociales contra el modelo económico empezaron por las provincias. Más particularmente por Santiago del Estero.
Luego, de este estallido vino Cutral Có, Tartagal y el Correntinazo. Estos movimientos en las provincias fueron los precursores del movimiento piquetero que luego, aliado a los ahorristas de clase media fueron claves en la caída de De la Rúa en el 2001. En la actualidad, el desempleo no está en estos niveles y aún no se dejaron de pagar los sueldos estatales. Sin embargo, empiezan las señales de alarma. De hecho, hay municipios que dan cuenta de que pueden quedarse sin poder afrontar estos gastos corrientes.
El intendente de Sauce de Luna, una localidad de Entre Ríos, anunció el miércoles pasado que pagará parte de los sueldos municipales con un bono alimentario de 50 mil pesos, que se podrá cambiar en supermercados de la zona. Alcides Alderete justificó la medida ante la crisis de recursos que viven los municipios y enmarcó su decisión en el duro comunicado que emitió en Paraná el Consejo Federal de Intendentes.
Más de cuatro horas el jueves, cuatro horas el viernes, más de tres horas y media el sábado y así. ¿Qué es lo que estuvo haciendo en esta red social? Básicamente atacando al periodismo, algo a lo que nos tiene acostumbrados, pero en relación ahora a una nueva acusación: ser financiados por espías rusos.
La investigación que tomó estado público en los primeros días de abril de 2026 —coordinada entre varios medios globales como The Continent, OpenDemocracy, Forbidden Stories y Filtraleaks, con participación del periodista argentino Santiago O’Donnell— sostiene que durante 2024 existió una operación de influencia e inteligencia impulsada por una red vinculada a los servicios de inteligencia rusos llamada internamente “La Compañía”. Según los documentos filtrados a los que accedió ese consorcio, este grupo puso en marcha una campaña dirigida a influir en la opinión pública en Argentina, en particular para desacreditar al entonces gobierno de Javier Milei y sus políticas, fomentar divisiones internas y desincentivar posiciones favorables a Ucrania.
Los registros filtrados, supuestamente internos de "La Compañía", detallan que entre junio y octubre de 2024 se encargaron y publicaron más de 250 artículos en más de 20 medios digitales argentinos, con un presupuesto estimado de unos 283.000 dólares. Muchos de estos artículos, según los documentos, estaban firmados bajo nombres falsos o inexistentes, y trataban sobre temas como recortes presupuestarios, protestas sociales y sindicales, tensiones políticas, o relaciones con países vecinos. El uso de nombres fabricados o perfiles de autores posiblemente creados con inteligencia artificial también aparece documentado.
Entre los medios y portales que figuran en esos registros se encuentran sitios de distintos perfiles y alcances editoriales: Diario con Vos, El Destape, Diario Registrado, Realpolitik, C5N, Ámbito, Política Argentina, A24, La Patriada Web, En Orsai, Tiempo Argentino, El Cronista, Infobae, Infocielo, Grito del Sur, y otros, incluidos también medios con menor alcance o de audiencias especializadas.
Los investigadores del consorcio contactaron directamente a los medios mencionados en la filtración. En la mayoría de los casos, los editores y directores consultados negaron haber recibido pagos de agentes rusos o tener conocimiento de la supuesta campaña, y algunos señalaron que no conocían a los autores de los artículos en cuestión, sosteniendo que los contenidos les habían llegado a través de intermediarios sin contacto directo con agentes rusos. Dos fuentes consultadas admitieron haber recibido algún pago por la publicación de artículos, pero aclararon que esos pagos eran sustancialmente menores a los montos que aparecían en los documentos filtrados y no provenían directamente de “La Compañía” ni de ciudadanos rusos.
A partir de estas revelaciones, el gobierno argentino, a través de su Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), había señalado anteriormente en 2025 que ya había detectado una presunta red de agentes rusos involucrados en campañas de desinformación e influencia contra el Estado argentino y que la cuestión se encontraba bajo análisis de la Justicia. El Ejecutivo nacional formalizó denuncias ante la Justicia por estas actividades, y funcionarios como el portavoz Manuel Adorni identificaron a ciudadanos rusos residentes en el país —incluyendo a Lev Konstantinovich y su esposa Irina Iakovenko— como parte de las personas vinculadas a la maniobra.
La Embajada de Rusia en Buenos Aires respondió a estas acusaciones calificándolas de “infundadas” y atribuyéndolas a una agenda ideológica contra sus relaciones bilaterales, rechazando cualquier implicación en campañas de desinformación.
Santiago O’Donnell habló sobre el financiamiento ruso: “Es la punta del iceberg”
En paralelo, esta investigación periodística y las acusaciones públicas del gobierno argentino tuvieron un impacto sobre el acceso de algunos periodistas y medios a la Casa Rosada y a actividades oficiales. La administración de Milei estableció pautas más estrictas para la acreditación de prensa. Organizaciones de defensa de la libertad de prensa, como Amnesty International, denunciaron estos cambios como una restricción al acceso y criticaron la arbitrariedad de la decisión, argumentando que un gobierno no puede restringir el ejercicio del periodismo en función de su línea editorial o de investigaciones que señalan a terceros de posibles campañas de desinformación.
Lo que sigue en discusión no es sólo la veracidad de los pagos o la autoría real de las supuestas campañas rusas —la investigación periodística no pudo verificar de manera independiente si los pagos documentados se efectuaron ni a quién fueron dirigidos— sino también el impacto institucional de estas acusaciones en la relación entre el Ejecutivo y los medios de comunicación. Parte del debate gira en torno a hasta qué punto el Estado puede limitar o condicionar el acceso de medios a actos oficiales en función de investigaciones sobre desinformación, sin que ello se traduzca en una forma de censura indirecta o discriminación injustificada en el ejercicio del periodismo.
Por otro lado, entre los medios a los que no se deja entrar a la Casa Rosada y los que fueron nombrados en la investigación periodística hay diferencias. Es decir, hay medios que fueron nombrados como Infobae y C5N que no fueron rechazados en su entrada a la Casa Rosada. Probablemente la apuesta del Gobierno es dividir a los medios y tratar de condicionarlos con el acceso a la Casa Rosada y las fuentes. Muchos medios críticos e independientes ya estamos trabajando sin acceso a fuentes oficiales y efectivamente hace que nuestro trabajo se haga muy difícil.
Por otro lado, si bien la investigación llevada adelante es seria, lo que denuncia aún es limitado. No todos los medios fueron mencionados y la cantidad de notas presuntamente financiadas son de un alcance menor. Es decir, no hay indicios para plantear, como hace el Gobierno que “no se odia lo suficiente a los periodistas”, ahora por ser financiados por una nación extranjera.
La ironía de nuestro título refiere a que probablemente, el chivo expiatorio que Milei empezó a utilizar durante su furia tuitera del fin de semana largo, será utilizado para explicar la creciente conflictividad en las provincias y todos los desafíos que enfrenta su gestión.
Por otro lado, como diría Borges “la maestría de Dios que tiene magnífica ironía” hizo que quien publique esta campaña de los espías rusos sea el propio periodismo que él dice que no se odia lo suficiente. ¿Cómo podrá explicar eso? Difícil saberlo.
Por otro lado, no sería la primera vez que Rusia interviene en elecciones. Anteriormente, hay denuncias que vinculan al Kremlin con una campaña contra Hillary Clinton, primer rival de Donald Trump, hoy principal aliado de Milei. Volviendo a la frase de Borges sobre la ironía divina: Los espías rusos, hoy responsables de todos los males del país, también intentaron ayudar al triunfo de Trump, gran responsable de que el gobierno del propio Milei se pueda estabilizar gracias al préstamo de 20 mil millones de dólares, tras la derrota legislativa bonaerense del año pasado. Podemos decirle en broma al Presidente, si los espías rusos realmente fueron decisivos en el triunfo de Trump, Milei debería serles más agradecido.
La asfixia de las provincias y municipios requiere muchos acuerdos. Nación, provincias, gremios y empresarios deben llegar a un acuerdo para evitar que la conflictividad siga escalando. Lo que empezó a mediados de los noventa y terminó en el 2001, fue una catástrofe social que terminó en el colapso del modelo de la convertibilidad, provocó decenas de muertes y expulsó a millones debajo de la línea de pobreza.
No necesitamos repetir ese escenario. Gobernadores, intendentes, varios gremios y sectores económicos mostraron capacidad de diálogo. Ahora, la responsabilidad es del Gobierno Nacional.
Producción de texto e imágenes: Matías Rodríguez Ghrimoldi
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