Hoy entra en vigencia el DNU que habilita expulsar o impedir el ingreso de extranjeros por supuestos "mensajes de odio" contra la Argentina. La medida constituye el ingreso del gobierno de Javier Milei en un nacionalismo oportunista, superficial y contradictorio. El presidente, que llegó al poder embanderado en el anarcocapitalismo y denunciando el colectivismo, ahora abraza un chauvinismo bobo, como bien señala la tapa de Noticias que estamos mostrando, que necesita enemigos externos para compensar el desgaste interno de su gestión y la falta de respuestas económicas y sociales.
Si algo caracterizó al Milei previo a la presidencia fue precisamente su escasa preocupación por los consensos nacionales. A tal punto que le queda muy bien el mote de “Cipayo”. Insulta a mandatarios extranjeros de signo político opuesto al suyo, califica a países vecinos con términos despectivos, recomendó a jóvenes argentinos emigrar porque vivían en un "país de mierda" y aseguró que la patria no debía ser un límite para los individuos que buscan progresar. Pero ahora aparece una versión renovada del Presidente: un guardián del orgullo argentino, preocupado por los agravios contra la Nación y dispuesto a utilizar el poder del Estado para defenderla de supuestos ataques externos. La pregunta inevitable es: ¿desde cuándo Javier Milei se convirtió en nacionalista?
El problema no es que un gobierno defienda la identidad de un país. Y más en un país como Argentina, que tiene parte de su territorio ocupado por Inglaterra, las Islas Malvinas. Todas las sociedades necesitan símbolos, tradiciones y una idea compartida de pertenencia. La contradicción aparece cuando ese nacionalismo surge como una herramienta circunstancial, activada cuando conviene políticamente y abandonada cuando entra en conflicto con otros principios del propio discurso oficial. El nuevo chauvinismo mileísta no parece surgir de una convicción histórica o doctrinaria, sino de una necesidad coyuntural: encontrar nuevos enemigos, ordenar a la propia tropa y desplazar la conversación desde los problemas concretos de la economía hacia una batalla cultural donde siempre haya un adversario al que combatir.
Veamos un interesante compilado de expresiones de Milei que podrían tildarse como “anti argentina” y expone completamente esta contradicción:
Cuando ve la bandera ve “un muro”, nada. Y recomienda a los jóvenes que se vayan del país. No parecen expresiones de un ferviente nacionalista
No es casual que la discusión aparezca cuando distintos indicadores muestran una caída de la confianza en el Gobierno, un aumento de la mora de familias y empresas y un deterioro de sectores intensivos en empleo como la industria, el comercio y la construcción. En lugar de responder a esos problemas, la Casa Rosada eligió desplazar el eje hacia una batalla cultural de tono nacionalista.
La confianza en el Gobierno de Javier Milei cayó 6,5% en julio, según el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de la Universidad Torcuato Di Tella, y acumuló un retroceso del 21,5% en los últimos doce meses. Con un valor de 1,94 puntos, el indicador registró su sexta baja en siete meses y el promedio de la gestión descendió a 2,37 puntos, el nivel más bajo desde el inicio del mandato. La caída alcanzó a los cinco componentes del índice: la mayor baja se dio en la percepción de la eficiencia (-15,4%), seguida por la capacidad para resolver problemas (-7,3%), la preocupación por el interés general (-6,9%), la evaluación general del Gobierno (-2,5%) y la honestidad (-0,4%). Aun así, el promedio de Milei sigue por encima del que tenía Alberto Fernández a esta altura de su gestión, aunque por debajo del de Mauricio Macri.
El deterioro fue especialmente marcado entre los hombres, cuyo nivel de confianza cayó 11,3%, y entre los jóvenes de 18 a 29 años, donde el desplome alcanzó el 23%. También se registró la mayor baja geográfica en el Gran Buenos Aires (-10,9%), mientras que entre las personas con educación primaria la confianza retrocedió 24,7%.
Además, el índice se desplomó 25,9% entre quienes afirmaron haber sido víctimas de un delito y se mantuvo muy bajo entre quienes creen que la situación económica empeorará (0,33 puntos), en contraste con quienes esperan una mejora en los próximos doce meses, que registraron un ICG de 4,15 puntos.
Se observa que la caída más pronunciada se ubica entre el segmento donde Milei era más fuerte, la juventud.
Cuando los gobiernos necesitan recuperar iniciativa política suelen construir enemigos externos. Es un recurso conocido: convertir a un actor difuso en responsable de las frustraciones internas. Cambian los protagonistas, no el mecanismo.
Desde distintas tradiciones teóricas se ha señalado que el populismo opera mediante la construcción de un antagonismo que simplifica la realidad política. En Ernesto Laclau, esa lógica consiste en articular demandas sociales dispersas bajo una identidad común —"el pueblo"— que se define en oposición a un adversario presentado como responsable de los problemas colectivos. La cohesión no surge tanto de un programa compartido como de la existencia de un enemigo que permite unificar identidades y canalizar el descontento.
Esa dinámica retoma, aunque con un sentido diferente, la idea de Carl Schmitt de que la política se estructura alrededor de la distinción entre amigo y enemigo. Cuando esa lógica domina el debate público, los desacuerdos dejan de procesarse como diferencias legítimas y pasan a interpretarse como enfrentamientos existenciales. La complejidad de los conflictos sociales se reduce a una confrontación binaria, donde el adversario ya no es simplemente alguien con otra posición política, sino una amenaza cuya derrota resulta indispensable para preservar la identidad del propio grupo.
La existencia de un enemigo identificable favorece la movilización de los seguidores, refuerza el sentido de pertenencia y simplifica la comunicación pública. En lugar de explicar problemas complejos o asumir costos de gestión, el conflicto con la prensa ofrece un relato claro y emocional: un "nosotros" que representa la voluntad popular frente a un "ellos" acusado de defender intereses corporativos, económicos o políticos. Todas lecturas en las que Santiago Caputo abreva demostrando que esa lógica no es exclusiva de una ideología o de un gobierno en particular, sino un recurso recurrente en distintos liderazgos de carácter populista o fuertemente personalista.
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Además de la casta, el periodismo venía ocupando ese lugar de antagonismo en el relato mileista, porque constituye uno de los pocos actores con capacidad para disputar el relato oficial. Si las malas noticias, las investigaciones periodísticas o las encuestas desfavorables provienen de un actor previamente etiquetado como enemigo, dejan de ser evaluadas por su contenido y pasan a interpretarse como parte de una campaña de ataque. De ese modo, la discusión se desplaza desde los hechos hacia las intenciones atribuidas a quien los comunica. Es una forma de manipulación.
La controversia generada durante el Mundial le ofreció al Gobierno un nuevo blanco para esa lógica de confrontación. Tras la derrota de la Selección frente a España se multiplicaron en redes sociales mensajes que acusaban a la Argentina de racismo, favoritismo arbitral y otros estereotipos, en un fenómeno que el oficialismo definió como una "campaña antiargentina" impulsada desde el exterior. Si bien existieron expresiones de hostilidad y una fuerte viralización de contenidos, también hubo un intenso debate acerca de si se trató de una operación coordinada o del efecto amplificador de las redes sociales sobre discursos polarizantes.
El Gobierno decidió trasladar esa disputa al terreno institucional: el nuevo DNU modifica la Ley de Migraciones para incorporar nuevas causales de prohibición de ingreso y expulsión de extranjeros. La norma establece que podrán ser rechazados en frontera o expulsados quienes "promuevan, inciten o difundan mensajes de odio, discriminación o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por motivos de nacionalidad", así como quienes cometan actos de "ultraje de los símbolos patrios nacionales". El texto aclara que la medida no alcanza a las "opiniones, críticas o manifestaciones de carácter ideológico, político, académico o periodístico" protegidas por la libertad de expresión.
El decreto faculta a la Dirección Nacional de Migraciones a aplicar estas causales tanto a extranjeros que pretendan ingresar al país como a quienes ya cuenten con residencia temporaria o permanente, pudiendo cancelar su residencia e iniciar el procedimiento de expulsión. Según el Gobierno, la reforma busca preservar "la convivencia democrática, el orden público y la integridad institucional de la República", al considerar que el Estado no está obligado a admitir o mantener en su territorio a personas que promuevan expresiones violentas o discriminatorias contra la Argentina.
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La medida se suma al endurecimiento del régimen migratorio dispuesto por el DNU 366/2025, que reforzó los controles sobre el ingreso y permanencia de extranjeros, amplió las facultades de Migraciones y estableció nuevas causales de expulsión, como el ingreso clandestino al país. Además, dispuso que determinadas cancelaciones de residencia impliquen automáticamente la expulsión, con prohibiciones de reingreso de al menos cinco años —o permanentes cuando medie un delito doloso—, mientras que el nuevo DNU abre un debate jurídico sobre quién definirá qué constituye un "mensaje de odio" y cómo se compatibilizará esa evaluación con las garantías constitucionales de libertad de expresión y debido proceso.
Mientras el decreto se hacía aplicable ayer ingresó al país para su recitales la cantante Rosalía una de las personas más conocidas que transmitieron su disgusto con actitudes argentinas, demostrando que el DNU es solo una puesta en escena más.
La propia lógica del decreto expone una contradicción difícil de soslayar. Si un Estado puede impedir el ingreso o expulsar a extranjeros por promover "mensajes de odio" contra sus ciudadanos o por razones de nacionalidad, entonces Javier Milei habría quedado alcanzado por ese mismo criterio durante su conflicto con Brasil. El Presidente calificó públicamente a Luiz Inácio Lula da Silva de "corrupto" y "comunista", respaldó políticamente a sus adversarios en plena campaña electoral y profundizó una crisis diplomática con el principal socio comercial de la Argentina. Si Brasil hubiera adoptado una norma semejante, bien podría haber considerado esas expresiones incompatibles con la convivencia institucional y prohibirle el ingreso.
“Basura calva”, “presidiario”, “riesgo lula”. Estamos hablando de un jefe de Estado que se refiere al representante del pueblo que está visitando. Descalificaciones personales dirigidas al presidente de un país vecino y al líder elegido democráticamente por millones de brasileños. Si Brasil hubiera contado con una norma que habilitara impedir el ingreso de extranjeros por expresiones consideradas hostiles hacia el pueblo brasileño o sus autoridades, difícilmente Milei hubiera quedado al margen de esa interpretación. La paradoja es evidente: el mismo criterio que hoy el Gobierno pretende aplicar a ciudadanos extranjeros podría haberse vuelto contra el propio Presidente.
Escuchemos ahora un fragmento de Lula, que se refirió al incidente, en un modo muy distinto, que marca una diferencia de talla moral entre ambos mandatarios.
Y tampoco podría ingresar a España donde Milei hizo lo mismo que en Brasil insultar a su gobierno e intervenir en las elecciones de ese país.
En una nota publicada en Correio Braziliense, el expresidente de Brasil José Sarney reivindicó la figura de Raúl Alfonsín como el gran artífice de la integración entre ambos países y recordó que el Mercosur nació de una etapa de cooperación bilateral iniciada en la década de 1980. Sarney sostuvo que “nada se habría construido sin la Argentina, sin Raúl Alfonsín, el gran estadista de las Américas”, al destacar que el acercamiento entre ambos gobiernos permitió superar décadas de desconfianza y rivalidad estratégica. “Alfonsín fue en estos hechos aún recientes el gran artífice de esta unión. Sin él, no existiría el Mercosur, ni el Acta de Iguazú, ni el tratado de muerte a la carrera nuclear”, afirmó.
En el artículo, titulado “¡Arriba Argentina!”, Sarney recordó el encuentro de 1985 en Foz de Iguazú, donde junto a Alfonsín impulsó una nueva etapa basada en la cooperación y no en la confrontación. “Allí propuse a Alfonsín que iniciáramos una nueva era para América del Sur, con una política de cooperación entre nuestros países. De integración”, señaló. Para el expresidente brasileño, aquel acuerdo fue también un símbolo de paz regional: “Hicimos el Mercosur y el desarme nuclear entre Brasil y Argentina, tornando a América del Sur el único continente del mundo libre de esa amenaza de destrucción”. Como síntesis de ese legado, Sarney recordó una frase que, según él, debería guiar la relación bilateral: “Todo nos une, nada nos separa”.
El problema es que la Argentina nunca tuvo un conflicto estructural con la inmigración. Muy por el contrario, la inmigración forma parte de su identidad constitucional e histórica. Desde el Preámbulo hasta el artículo 25 de la Constitución, el país promovió durante décadas la llegada de extranjeros como parte de un proyecto de desarrollo nacional. Convertir ahora al inmigrante en sospechoso rompe con esa tradición.
Página/12 señala agudamente que Milei podría ser expulsado si en Brasil se aplicaran medidas como las que él propone.
La xenofobia, término derivado del griego xénos (extranjero o forastero) y phóbos (miedo), significa literalmente "miedo al extranjero", aunque en la actualidad se utiliza para describir actitudes de rechazo, hostilidad o desvalorización hacia las personas por el hecho de ser percibidas como extranjeras. Paradójicamente, la misma cultura griega que dio origen a esta palabra desarrolló la xenía, una institución que convertía la hospitalidad hacia el forastero en un deber sagrado bajo la protección de Zeus.
Es interesante que, a partir del crecimiento de las campañas xenófobas impulsadas por la extrema derecha global, el debate está en auge en el mundo, e incluso es el tema central de la última película de Christopher Nolan, La Odisea, donde el Caballo de Troya representa, justamente, una violación a la Ley de Zeus, una profanación de la ley de hospitalidad al extranjero.
Si bien el concepto moderno de xenofobia surgió recién a fines del siglo XIX, en el contexto de las grandes migraciones y el auge de los nacionalismos, la antropología explica que su origen puede vincularse a la antigua distinción entre "nosotros" y "ellos", un mecanismo adaptativo que ayudaba a identificar a los miembros del propio grupo frente a los desconocidos.
Sin embargo, esa predisposición nunca fue determinante: las sociedades humanas también construyeron normas de cooperación, comercio e intercambio entre comunidades, proceso que autores como Claude Lévi-Strauss consideraron clave para el desarrollo de las culturas. Por ello, las ciencias sociales distinguen con claridad entre la xenofobia —que implica hostilidad hacia las personas extranjeras como grupo— y el debate legítimo sobre las políticas migratorias, que puede abordar el control de fronteras o la regulación de la inmigración sin suponer necesariamente una actitud xenófoba.
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El concepto de chauvinismo tiene un origen singular: nació a partir de un personaje casi legendario, Nicolas Chauvin, un supuesto soldado francés de los ejércitos de Napoleón Bonaparte caracterizado por su devoción extrema e irracional al emperador, incluso después de sus derrotas y del fin de su poder. Aunque no existen certezas sobre su existencia histórica y muchos investigadores lo consideran una figura ficticia o exagerada, su imagen fue utilizada en el teatro francés de las décadas de 1820 y 1830 para ridiculizar el patriotismo ciego, especialmente a través de obras como La Cocarde tricolore.
De allí surgió el término chauvinismo, que originalmente describía un nacionalismo exagerado basado en la idea de que el propio país siempre tiene razón y que cualquier crítica constituye una traición. Con el tiempo, el concepto se amplió para referirse a cualquier sentimiento de superioridad fanática de un grupo sobre otro, como el chauvinismo étnico, religioso o, especialmente desde el siglo XX, el chauvinismo masculino, asociado a la creencia de la superioridad natural de los hombres sobre las mujeres.
Desde la antropología, puede entenderse como una deformación de un mecanismo humano básico: la construcción de una identidad colectiva basada en la diferencia entre "nosotros" y "ellos". Si esa distinción permite inicialmente la cohesión social, se transforma en chauvinismo cuando deriva en superioridad moral, desprecio hacia los otros e incapacidad de ejercer una mirada crítica sobre el propio grupo.
En este sentido, retomando a Norbert Elias, el chauvinismo puede interpretarse como una dificultad para alcanzar la distancia reflexiva necesaria para reconocer la interdependencia entre grupos y limitar la propia identidad cuando esta se vuelve excluyente. En definitiva, el término pasó de ser la caricatura de un soldado incapaz de cuestionar a Napoleón a convertirse en una categoría para describir toda adhesión fanática e irreflexiva a una identidad colectiva.
Pero más allá del contenido xenófobo y chauvinista de la medida de Milei, cabe preguntarse cuál es la urgencia que justifica un Decreto de Necesidad y Urgencia. El artículo 99 inciso 3 de la Constitución reserva este instrumento para circunstancias excepcionales que impidan seguir el trámite legislativo ordinario. Sin embargo, el propio Gobierno fundamenta la medida en una supuesta "campaña antiargentina" surgida durante el Mundial de fútbol, un fenómeno esencialmente comunicacional que difícilmente configure una emergencia institucional. Si no existe una amenaza inmediata que el Congreso no pueda abordar mediante el procedimiento legislativo habitual, el uso del DNU es completamente injustificado.
Esa es, precisamente, una de las principales objeciones formuladas por especialistas en derecho constitucional. El abogado Félix Lonigro sostuvo que la regulación de derechos y libertades corresponde al Congreso y que el Ejecutivo no acreditó las circunstancias excepcionales exigidas por la Constitución para legislar por decreto. En la misma línea, Ricardo Gil Lavedra afirmó que “no existe una legión de odiadores extranjeros" que justifique la necesidad y urgencia de la medida, mientras que Roberto Gargarella calificó al decreto como una "aberración inconstitucional" por modificar la Ley de Migraciones sin intervención parlamentaria. Más allá de las diferencias políticas entre estos juristas, existe un punto de coincidencia: el problema no es solamente el contenido de la norma, sino también el procedimiento elegido para sancionarla.
A esa discusión se suma otra igualmente delicada: la amplitud de los conceptos incorporados por el decreto. Expresiones como "mensajes de odio", "discriminación" o "ultraje a los símbolos patrios" carecen de una definición precisa y dejan un amplio margen de interpretación a la Dirección Nacional de Migraciones. Aunque el texto aclara que no alcanzará a las opiniones de carácter político, académico o periodístico, será la propia administración la que, en una primera instancia, deba decidir cuándo una expresión constituye una crítica legítima y cuándo amerita la expulsión de una persona extranjera. Esa discrecionalidad es la que diversos especialistas consideran incompatible con los principios de legalidad, debido proceso y seguridad jurídica que deben regir cualquier restricción de derechos.
Más llamativo todavía es que Milei adopte una categoría que durante años cuestionó con dureza por ser utilizada por el kirchnerismo, la idea de "discursos de odio". El presidente y sus seguidores denunciaban esa expresión como un concepto ambiguo utilizado por el progresismo para justificar mecanismos de censura. Hoy esa misma categoría aparece incorporada en un decreto presidencial como fundamento para restringir derechos.
La contradicción no es menor. Si el concepto era arbitrario cuando lo utilizaban gobiernos anteriores para regular expresiones públicas, difícilmente deje de serlo porque ahora lo invoque un gobierno libertario. Los principios pierden valor cuando se transforman en herramientas de conveniencia política.
El mayor problema jurídico reside precisamente allí. ¿Quién determina qué constituye un mensaje de odio? ¿Dónde termina una crítica dura y dónde comienza una expresión expulsable? El decreto deja esa interpretación en manos de la autoridad administrativa, otorgándole un margen de discrecionalidad incompatible con la seguridad jurídica que cualquier Estado de Derecho debería garantizar.
Paradójicamente, quien llegó prometiendo limitar el poder del Estado termina ampliando sus facultades para evaluar opiniones.
Los retratos de Trump y Milei en la embajada de Estados Unidos, durante el evento por el 4 de julio.
El giro también evidencia una importación forzada de debates extranjeros. La agenda antiinmigración tiene una lógica específica, impulsada por la nueva extrema derecha, en países como Estados Unidos o algunas naciones europeas, donde existen fenómenos migratorios masivos y desafíos completamente distintos a los argentinos. Trasladar ese conflicto a la realidad local constituye una copia superficial de estrategias ajenas.
Es un trumpismo sin Trump. La retórica nacionalista, el señalamiento de extranjeros y la polarización permanente aparecen descontextualizados, como si bastara reproducir consignas exitosas en otros escenarios para obtener idénticos resultados. Pero la Argentina no enfrenta una crisis migratoria comparable, sino problemas vinculados al empleo, el crédito, el consumo y la actividad económica.
Otro elemento contradictorio es que el discurso patriótico pierde consistencia cuando convive con políticas que promueven una mayor apertura para la adquisición de activos estratégicos por parte de capitales extranjeros.
Si el Gobierno sostiene que la soberanía nacional merece una protección extraordinaria frente a los agravios de ciudadanos extranjeros, resulta difícil comprender por qué esa misma lógica desaparece cuando se trata del control sobre los recursos estratégicos del país. Mientras endurece la política migratoria en nombre del patriotismo, impulsa al mismo tiempo una reforma de la Ley de Tierras que flexibiliza las restricciones para la adquisición de inmuebles rurales por parte de extranjeros, incluso en zonas de frontera o con recursos naturales estratégicos. La contradicción es evidente: el nacionalismo se vuelve inflexible frente a un comentario en redes sociales, pero extraordinariamente permisivo frente a la propiedad de activos vinculados con la soberanía territorial.
Ese doble estándar revela el carácter instrumental del nuevo discurso patriótico. El Gobierno invoca la defensa de la Nación para justificar mayores facultades estatales sobre las personas, pero reduce al mínimo las barreras cuando están en juego intereses económicos. El mismo Presidente que reivindica el libre flujo de capitales y sostiene que la nacionalidad del propietario es irrelevante en una economía abierta, ahora convierte la nacionalidad de una persona en un criterio suficiente para restringir derechos migratorios. La bandera aparece así como un recurso comunicacional antes que como un principio coherente de gobierno.
Ese es el rasgo más llamativo del nuevo chauvinismo mileísta: no es un nacionalismo orientado a preservar el patrimonio, la industria, el trabajo o los recursos estratégicos del país, sino una puesta en escena destinada a movilizar emociones y reorganizar la agenda pública. Es un patriotismo declamativo que se endurece frente a inmigrantes o críticos extranjeros, pero se diluye cuando se discuten decisiones económicas que comprometen la capacidad del Estado para resguardar activos considerados estratégicos. En ese contraste aparece el verdadero sentido de este giro: menos una defensa de la soberanía que una estrategia política para construir nuevos enemigos mientras los problemas reales siguen esperando respuestas.
El nacionalismo deja entonces de ser una convicción para convertirse en una herramienta comunicacional. La bandera funciona como un recurso para reorganizar la agenda pública, consolidar a la propia base política y obligar a la oposición a discutir los temas que el oficialismo elige. Es una estrategia eficaz para dominar la conversación, pero inútil para resolver los problemas del país.
Las sociedades democráticas necesitan reglas claras, instituciones fuertes y libertades consistentes, no patriotismos administrados desde el Estado. Defender a la Argentina no implica blindarla frente a opiniones incómodas, sino fortalecer las instituciones que permiten responder a esas opiniones con más libertad y más democracia.
El verdadero riesgo del chauvinismo bobo no es únicamente su inconsistencia ideológica. Es que, cuando la política reemplaza la discusión sobre empleo, producción, salarios e inversión por la búsqueda permanente de enemigos externos, termina confundiendo identidad con propaganda. Ningún país se fortalece expulsando críticos; se fortalece cuando puede enfrentar sus desafíos y resolver los problemas de la población sin la necesidad de inventar adversarios para distraer a la sociedad.
Producción de texto e imágenes: Facundo Maceira
MEG
