Una ley busca prohibirle a Walt Disney World operar como si fuera un gobierno sobre sus propiedades en el estado de Florida, Estados Unidos. El foco del conflicto radica en el distrito autónomo de Disney (Reedy Creek Improvement), un "gobierno privado" controlado por la megafirma del entretenimiento, y establecido por la Asamblea estatal en 1967.
Esto le permite a Disney ofrecer servicios gubernamentales como zonificación, protección contra incendios, servicios públicos e infraestructura.
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Disney, uno de los empleadores más grandes de Florida, anunció recientemente que iba a suspender las donaciones políticas por la nueva Ley de Derechos Parentales de Educación, que los opositores llaman “Ley no digas gay”. Sus críticas se basan en la prohibición de impartir lecciones sobre orientación sexual e identidad de género en los primeros años escolares, porque marginará a la comunidad LGBT.
AVS PAR
