La producción de hidrógeno verde en Argentina está cerca de volverse realidad. La legislatura de Río Negro ya aprobó la ley que fija las bases para concesionar 625 mil hectáreas fiscales en la Meseta de Somuncurá, un área remota en el centro de la provincia, donde el grupo australiano Fortescue instalará una planta de ese combustible que se genera por electrólisis (descomposición de las moléculas de agua en oxígeno e hidrógeno) a partir de energía eléctrica obtenida de parques eólicos, a cargo de la misma compañía. La concesión será por al menos 50 años y la producción empezará en 2026.
En noviembre, el Gobierno había anunciado que Fortescue invertiría USD 8.400 millones y crearía 50 mil puestos de trabajo para un proyecto que transformaría a la Argentina en el séptimo estado en elaborar hidrógeno verde. “Nuestro país podrá convertirse en uno de los proveedores mundiales de este combustible, que va a permitir reducir drásticamente las emisiones de carbono”, dijo Alberto Fernández. La molécula de hidrógeno tiene el triple de densidad energética que el combustible convencional. En su versión “verde” se usa, entre otras industrias, en la industria del acero.
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Críticas en ascenso
Una de las primeras críticas había sido la diputada radical Jimena Latorre, para quien se trata de un modelo exportador que no aportará al recambio de la matriz energética ni a una planificación a nivel local que potencie, por ejemplo, la industria del transporte sustentable. El ex rugbier Agustín Pichot, a cargo de la filial regional de Fortescue, reconoció que “nos encantaría que Argentina incorpore para su movilidad al hidrógeno, pero esa será otra etapa”.
El proyecto también despierta la oposición de comunidades originarias, que advierten sobre la falta de un plan de manejo de la meseta, “un sitio tan inexplorado como repleto de riquezas naturales en su subsuelo”, según advierte una nota de Clarín. Mientras que la compañía dijo estar comprometida a “atender las necesidades locales”, el vocero de la Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche, Orlando Carriqueo, aseguró que la exigencia provincial de un canon anual y garantías por USD 115 millones “es mínima”, aunque “lo más grave es que ceden tierras con la gente adentro”.
CB PAR
