Los subsidios representan la mitad de los ingresos de las empresas energéticas
Las subvenciones no solo resultan insostenibles desde el punto de vista fiscal. También generan enormes daños por los incentivos perversos que generan; exacerba el derroche en el consumo y deterioran la calidad de las empresas proveedoras de servicios.
Se esperan subas en las tarifas de energía eléctrica. |
CEDOC
Hoy el problema más acucian que tiene el gobierno es la inflación derivada de los excesos de emisión que genera el déficit fiscal. Si bien la Argentina no sufre un desequilibrio estructural entre ingresos y gastos de larga data, en la actualidad el factor más decisivo son los subsidios a los servicios públicos.
Una prueba de ello es que en el primer trimestre del 2022 subieron a razón del 180% interanual. Actualizar las tarifas es inexorable. A tal fin, de manera tardía y dubitativa, el gobierno convocó a audiencias públicas como paso previo a la actualización tarifaria.
La información se desprende del informe N.º: 965 elaborado por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) que analiza el tema subsidios, el derroche en el consumo y las ineficiencias, así como la falta de inversión en las empresas que reciben las subvenciones.
El deterioro de las compañías prestadoras de servicios
Los subsidios económicos no solo resultan insostenibles desde el punto de vista fiscal. Además, generan enormes daños por los incentivos perversos que generan. Por un lado, exacerban el derroche en el consumo. Por el otro lado, deterioran la calidad de la gestión de las empresas proveedoras de los servicios subsidiados.
En el momento en el que las empresas dejan de cobrar por sus servicios en función de sus costos y pasan a depender de los subsidios que reciben del Estado, los incentivos están más orientados a lidiar con la arbitrariedad del Estado que a satisfacer el bienestar de los consumidores.
El informe recabó datos del Ministerio de Economía sobre el valor bruto de la población y del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) sobre fuentes de generación de ingresos; se puede estimar la parte de la facturación que las empresas de energía eléctrica, gas y agua reciben como pago de los usuarios y la que reciben como subsidios del Estado.
Según esas fuentes, para el 2021 se pudo observar que:
El 54% de la facturación proviene del pago de los usuarios.
El otro 46% de la facturación proviene de los subsidios del Estado.
Esto implica que prácticamente la mitad de los ingresos de las empresas de electricidad, gas y agua provienen de los subsidios del Estado.
Los datos revelan que el financiamiento de estos servicios públicos proviene casi en partes iguales de la tarifa que pagan los usuarios y de los subsidios que decide el Estado. Así las cosas, la idea de mejorar la situación fiscal con aumentos de tarifas impone un enorme desafío.
La actualización tarifaria implica romper la costumbre de los consumidores que pagan solo la mitad del servicio y de empresas que cubren la mitad de sus costos con subsidios del Estado. Estas malas señales han llegado al arraigo de malas prácticas de consumo y de gestión que es imprescindible revertir.
El sacrificio de la inversión y la eficiencia
La muy alta tasa de inflación derivada de los excesos de emisión es la señal más contundente de que la política tarifaria que se vino aplicando en los últimos años es insostenible. Tanto desde el punto de vista fiscal como del desafío de impulsar cambios que induzcan un consumo menos dispendioso de estos servicios y de acciones en el interior del sector tendiente a mejorar la gestión.
Hay que aceptar que, con el relajamiento y el desorden que generan los subsidios, necesariamente se está sacrificando la inversión y la eficiencia en el sector.
El Estado asigna aproximadamente 3,5% del PBI a subsidios dirigidos a sectores económicos. Cerca de la mitad se destina a combustibles, electricidad, gas y agua. Se trata de servicios donde el uso de fondos públicos solo se justifica para garantizar el acceso a consumos mínimos de los sectores vulnerables.
En el resto de los hogares, promover el consumo subsidiado, el costo no tiene sentido. Diferente es ele aso del transporte público de pasajeros donde puede haber un interés social en desincentivar la movilidad en vehículos particulares. Pero en esta área únicamente se destina un 20% del total de los subsidios y arbitrariamente se concentran en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Cambiar estas conductas conllevará tiempo y esfuerzo
Los subsidios resultan atractivos desde el punto de vista electoralista. Pero cuando se llega a situaciones extremas, en las empresas proveedoras de servicios públicos tienen la mitad de sus ingresos subsidiados, los riesgos de una disyunción son muy altos. No solamente porque resultan fiscalmente insostenibles y regresivos para distribución del ingreso, sino que también porque inducen conductas muy dañinas entre los consumidores y las empresas de servicios públicos. Cambiar estas conductas costará mucho tiempo y esfuerzo.
