El abogado y uno de los integrantes del tribunal que juzgó a las juntas militares de la última dictadura, Ricardo Gil Lavedra, se refirió a los ataques del presidente Javier Milei y otros funcionarios públicos al periodismo y aseguró que la incitación al odio está castigada por el Código Penal y señaló que se trata de delitos de acción pública. “Quien promueve el odio no es democrático, no cree en la democracia”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).
Día 510, libertad de expresión no es lo mismo que libertad de prensa
Ricardo Gil Lavedra es abogado, juez y expresidente del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Integró el célebre tribunal que juzgó a los artífices de la última dictadura militar en el Juicio a las Juntas. Fue ministro de Justicia durante el gobierno de Fernando De la Rúa (1999-2000), diputado nacional y presidente del bloque de la Unión Cívica Radical. Es uno de los generalistas más reconocidos del país.
Los continuos llamados a odiar del Presidente, especialmente en este caso al colectivo de los periodistas, ¿se encuadra dentro de algo que esté tipificado en el Código Penal? Específicamente, la ley 1.592, cuyo segundo párrafo del artículo tercero dice: “en igual pena —prisión de un mes a tres años— incurrirán quienes, por cualquier medio, alentaren o incitaren la persecución o el odio contra personas o grupos, a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas”. Vos, que fuiste uno de los artífices de aquel juicio histórico que enorgullece a la Argentina por generaciones, ¿puede ser que estemos frente a la posibilidad de un odio de Estado, así como fue en su momento un terrorismo de Estado?
No sé si es un odio de Estado, pero hay una gran cantidad de manifestaciones promovidas inequívocamente desde las autoridades públicas. Esto no solamente está castigado por la ley 23.592, que específicamente prohíbe la posibilidad de aquellos que promuevan discursos de odio o de persecución contra una raza, una religión, una determinada nacionalidad, sino también por el mismo Código Penal para quien incite públicamente a la violencia colectiva contra grupos, personas o instituciones. La sola incitación está prohibida. Esto está en el artículo 212 del Código Penal. Por cierto, la recurrencia de estas manifestaciones, que ahora ya son habituales, casi diarias y cotidianas, tienen por destino, por finalidad, tratar de evitar el libre flujo de ideas y opiniones. Creo que, claramente, son un método de censura indirecta que tratan de acallar las voces disidentes.
Y en ese caso, en tu carácter de presidente del Colegio de Abogados, ¿te parece que los fiscales tendrían que promover abrir una causa de oficio? ¿Debería un grupo de abogados importantes y con reputación promoverla? ¿Qué habría que hacer desde el punto de vista del derecho para hacer respetar la ley?
Por un lado, los damnificados tienen un papel importante para no naturalizar esto. Yo creo que está muy bien promover acciones para no tolerarlo, como vos lo has hecho en tu caso. Sinceramente, es intolerable. También, por supuesto que son delitos de acción pública. Es decir, esto lo tendrían que promover también los fiscales y, desde ya, todas aquellas organizaciones que tienen como tarea defender la libertad de expresión y el Estado de derecho.
Para compartir con la audiencia, ¿los delitos de calumnias e injurias tienen una categoría distinta a esta del odio? Si no entiendo mal, ¿lo podría promover, al ser un delito de acción pública, un fiscal directamente?
Son delitos de acción pública, sin duda.
¿Ambos lo son?
Sí, son delitos de acción pública. No son de instancia privada. Pero no está solamente en juego la posibilidad de la honra de las personas afectadas, sino también un interés colectivo.
Sí, me parecía. Encuentro una gravedad distinta en el ataque que se puede hacer a personas en particular —que a lo mejor en la repetición se convierte en un conjunto—, que el odio a una profesión en su conjunto. Me parece que trasciende al periodismo y genera esta idea del odio, algo que tiene que ver con alentar la violencia social. Vos mencionaste inclusive el otro artículo, que yo no había mencionado, de una ley.
Sí, claro. El Código Penal dice: “por el solo hecho de incitar” un discurso de odio.
¿Percibís la idea de que determinadas personas consideren que una causa judicial finalmente es algo meramente declamativo, abstracto, y que finalmente se auto limiten en llevarlas adelante, cuando la ley les da la fuerza? ¿Requiere de la participación de la sociedad civil para hacerla ejercer?
Creo que es muy importante tomar conciencia de a dónde pueden conducir todo este tipo de manifestaciones. Desde ya, cuanta mayor cantidad de participación tenga la sociedad civil, mayor y posibilidad de poner un dique a todo este tipo de pronunciamientos y de manifestaciones. En definitiva, me parece que lo que se encuentra en juego es una de las dimensiones constitutivas que tiene la democracia: la libertad de expresión y el Estado de derecho en su conjunto. Porque no están en debate cuestiones políticas o económicas como el debate de si el Banco Central debe ser limitado o las bandas de flotación del dólar. Está en debate en qué modelo de país, en qué tipo de sociedad queremos vivir.
El sábado pasado fue el Día Mundial de la Libertad de Prensa, declarado por las Naciones Unidas. A veces se lo confunde con la libertad de expresión. Explicamos al principio del programa que la libertad de expresión es algo que nace hace más de 2.000 años, y la libertad de prensa nace con la prensa, hace 400 años, con la invención de la imprenta. Ninguna le permite ni al ciudadano individual que ejerce la libertad de expresión, ni al periodista que ejerce la libertad de prensa, no ser responsable luego de lo que dice. Muchas veces se confunde —ingenuamente o intencionadamente— la idea de que tenemos libertad de expresión y podemos insultar. Me gustaría que pudieras explicar la diferencia entre que uno es que no haya censura y otro es que uno sea responsable de las palabras que emite.
Esas son las consecuencias ulteriores. Es decir, la prohibición casi absoluta de censura, y ser responsable ulteriormente de las consecuencias de la expresión. Pero hay otro punto que me parece básico: la humillación, la vejación, el insulto, la denigración no están tuteladas por la libertad de expresión. Eso lo ha explicitado no solamente la Corte americana, sino nuestra propia Corte. Hay toda una serie de precedentes en los cuales la Corte —desde el caso Amarilla hasta uno más reciente, De Santis— ha dicho que, cuando no se relacionan con la cuestión de interés público que se debate y es innecesaria e improcedente, esto no está tutelado.
Sin duda que los insultos no están tutelados. Pero, además, cuando esto es proferido por el Presidente de la Nación, esto es censura indirecta porque tiende a inhibir la expresión. Es decir, que quien es aludido con nombre y apellido por el Presidente, sin lugar a dudas, se siente intimidado. Lo va a pensar dos veces la próxima vez antes de hacer una crítica a las acciones de gobierno. Esta limitación, el tratar de poner freno al libre flujo de ideas y opiniones es una censura indirecta. Y esto es propio de cualquier régimen autocrático, que lo primero que atacan son los medios de prensa y la justicia.
Milei, el hombre que odia (y el peligro de seguir haciendo de cuenta que todo esto es normal)
Como actor de aquel célebre juicio que incluyó el alegato del “Nunca Más”, ¿te imaginabas que más de 40 años después algunos jóvenes que no vivieron aquella época comiencen a olvidarla, y que pueda haber riesgo de que no se comprenda el peligro que significa el odio y que se pueda volver a repetir de alguna manera, en una escala menor que lo que el odio lleve a la violencia, y que finalmente se olviden de aquel “Nunca Más”?
Es todo lo que ocurrió durante el siglo XX y a lo que llevan estas campañas. El propio Holocausto arrancó con un discurso de odio hacia los judíos que decía que los judíos eran los autores de todos los males que ocurrían en la sociedad. Era una incitación clara a acciones violentas contra ellos.
También hay una cuestión que es que quien promueve el odio no es democrático, no cree en la democracia. Porque la democracia es no tener una verdad única, sino aceptar, tolerantemente, el pluralismo y las opiniones del resto. Por supuesto que en la democracia hay disenso, pero es disenso para poder llegar a acuerdos básicos, y esto supone que no hay una verdad. La verdad se construye, ante todo, con la deliberación y con la discusión.
La verdad, me dejaste sin palabras. Que quien promueve el odio no cree en la democracia y quien hace lo que hace el Presidente ejerce censura previa.
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