La Corte Suprema de Gran Bretaña dispuso este miércoles que Escocia no tiene la facultad para organizar un nuevo referéndum de independencia sin el consentimiento del gobierno británico. La decisión representa un retroceso para la campaña del gobierno escocés para separarse del Reino Unido.
El máximo tribunal determinó con un veredicto unánime que el Parlamento escocés, con mayoría independentista, no tiene competencias para legislar un referéndum sobre la independencia de Escocia. El gobierno escocés semiautónomo quiere celebrar un referéndum en octubre de 2023 con la pregunta: “¿Debería Escocia ser un país independiente?”.
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El gobierno conservador de Gran Bretaña se rehúsa a aprobar una votación. Señala que el asunto se resolvió en un referéndum de 2014 cuando los votantes escoceses rechazaron la independencia por un margen de un 55% a un 45%.
La primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, alega que ha cambiado el mapa político y económico, y que tiene el mandato de su pueblo para convocar a un nuevo referéndum.
El gobierno británico replica que el Parlamento de Gran Bretaña, en Londres, tiene esa facultad porque se trata de una cuestión crítica para el Reino Unido, no solo para Edimburgo.
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Las encuestas indican que los escoceses están divididos en partes iguales y que la mayoría no quiere un nuevo referéndum a corto plazo. Escocia está unidas políticamente con Inglaterra desde 1707, tiene su propio parlamento y gobierno desde 1999 y elabora sus propias políticas de salud, educación y otros asuntos. Por su parte, el gobierno del Reino Unido en Londres controla asuntos de defensa y política fiscal.
BL PAR
