El presidente de la Asociación de Reducción de Daños de Argentina, Gustavo Zbuczynski, habló con Modo Fontevecchia por Radio Perfil (FM 101.9) acerca de la polémica en torno a un volante antidrogas.
¿Cuál es su opinión sobre el conflicto generado alrededor del Municipio de Morón y la recomendación de "consumir poquito"?
Lo primero que hay que decir es que todo el escándalo que se armó ayer, en torno a un volante clásico, y hasta diría livianito de reducción de daños, porque ni siquiera incluye estrategias para las sustancias más cuestionadas, como la pasta base o las vinculadas a la música electrónica, que son menos conocidas.
Uno podría llegar a sospechar de cierta intromisión de información, que el lector no tendría, y se estaría sabiendo de cosas que no conocía. Es un volante clásico, habla de las sustancias de consumo más regular en los ámbitos en los que estaba convocada esta actividad.
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El volante fue tergiversado porque las fotos que se subieron para armar este escándalo, por parte de Diego Santilli y otros dirigentes, recorta sectores del volante obviando información que es fundamental, que es que va dirigido a personas que ya han decidido consumir o que ya están consumiendo, son personas que de alguna u otra manera, con o sin información, iban a consumir igual. Este volante ofrece a esas personas una información extra para el cuidado y algunos daños que se puedan reducir en el consumo que ya iban a tener.
Nos ha dado la posibilidad de insertar el debate en la opinión pública y empezar a poder conversar estas cuestiones, una vez que podamos despejar todo este drama que quisieron armar que empaña el debate. Una vez que baje la espuma, que tapa la parte importante, podemos empezar a conversar acerca de qué significa una política pública de reducción de daños, qué significa poner el acento en el ámbito socio-sanitario.
¿En qué consiste la reducción de daños?
En el marco de la prevención de la transmisión de VIH, en el año 2000 hicimos campañas de provisión e intercambio de jeringas en la ciudad de Rosario. Son sectores donde había mucho consumo de cocaína inyectable. Es sabido que el problema no es el consumo de drogas, sino en la forma en que estas se incorporan al organismo y en el compartir los elementos de inyección.
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Una de las críticas de quienes denunciaron penalmente al intendente Ghi, es que Argentina no es Holanda. ¿Hay diferencias en lo que se debe hacer en un país que tiene 50% de pobres con otro que tiene un 4%?
La denuncia penal que se hizo es un disparate total porque están amparándose en una ley declarada inconstitucional en el año 2009 (Ley 23.737, Ley de Drogas). El Congreso no se ocupó de modificarla. Nos están acusando de hacer apología de delito por un volante amparado en la Ley de Salud Mental. Es una cuestión hecha para los medios de comunicación y para juntar votos en el electorado más conservador.
No es lo mismo, ni siquiera, en un país con el mismo porcentaje de pobres porque las sustancias que se consumen no son las mismas, no son los mismos espacios. Son campañas que valen para determinado lugar y no para otro. Pero esto no quiere decir que no se pueda hacer un programa de reducción de daños en un país con 50% de pobres. Los argumentos que esgrimieron, desde esta perspectiva, implican el pensamiento de que el pobre es estúpido y no puede entender un volante en el cual yo le estoy diciendo que hay que ir de a poco en el consumo.
Es una política distinta a la de Holanda porque allá hay consumo de heroína y acá, afortunadamente, no. El uso de inyectables en la Argentina es acotado entonces tenemos que adaptar los programas al tipo de población al que está dirigido. Los mismos sectores decían, cuando salió la Ley del Aborto, que las chicas se iban a embarazar para después poder abortar y eso no ocurrió.
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¿Qué cambios se registran en el último tiempo respecto al uso de la cocaína en nuestro país?
No tenemos estadísticas muy confiables, la prohibición como tal nos impide hacer actividades que nos permiten esclarecer que está sucediendo en el día a día de los consumos. Si voy a hacer una encuesta en este momento, y pregunto cuál es el consumo de cocaína en determinado sector, no van a ser fiables porque la tenencia de cocaína está penalizada. La ilegalidad de las sustancias nos impide tener estadísticas serias. Podemos tener un panorama con lo que viene sucediendo con el consumo de sustancias por el contacto con la población usuaria y el estudio de los últimos años que nos da una pauta de hacia dónde vamos.
Hay organizaciones de reducción de daños en otros países de la región y estamos viendo la adulteración de las sustancias con opiáceos de extrema potencia. Con respecto a las vías de consumo, hay un poco de variación de la vía inhalable a la fumada lo cual es un índice negativo porque esta última es mucho más complicada de manejar. Todos los indicadores son malos en materia de consumo de sustancias.
¿La falta de información por la ilegalidad supone un primer obstáculo para encarar políticas públicas?
Absolutamente, la punta del ovillo es derogar la ley 23.737, que permite que algún iluminado te haga una denuncia penal, que no te va a complicar la vida porque no vas preso por eso. Pero todo el despilfarro, que se produce en los procesos, impide que los fondos sean destinados a ocuparse en serio de los problemas del consumo de drogas.
La punta del ovillo también es dejar de penalizar a los usuarios de drogas, que tienen para consumo personal. Las cárceles argentinas están llenas de usuarios de drogas que están presos por cometer delitos menores, sostener su consumo y traficar para sostener eso o su precaria economía familiar, que tiene que ver con la pobreza que venimos teniendo hace años.
Derogar esta ley también implica que podamos desarrollar estrategias de reducción de daños adecuadas a la época. Hoy llevar esto adelante, por ejemplo, con análisis de pastillas, hubiese evitado la tragedia de Time Warp de 2016.
AVS PAR
