Por primera vez desde que el Estado argentino decidió apostar a las propiedades medicinales del cannabis, el CONICET otorgó licencias para comercializar semillas desarrolladas con su propia tecnología.
Los permisos se otorgaron a Whale Leaf Farm, empresa de Puerto Madryn que trabajará con el distribuidor Santa Planta para llegar a puntos de venta de todo el territorio, bajo garantía de trazabilidad.
Las semillas son un desarrollo de Cannabis CONICET, consorcio público que también integran la Universidad Nacional Arturo Jauretche y el Hospital de Alta Complejidad “El Cruce”, ambos en Florencio Varela. Bautizadas Pachamama y Malvina, servirán para hacer preparados de aceite de cannnabis bajo indicación profesional.
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En los últimos años, ese producto se convirtió en un tratamiento prometedor contra las epilepsias refractarias, diagnosticadas cuando no funcionan al menos dos medicamentos, y que afectan a unas 50 millones de personas. “Se cree que el cannabis tiene un efecto inhibitorio sobre la red neuronal epiléptica”, explicó la coordinadora científica de Cannabis CONICET, Silvia Kochen, al sitio SciDev.Net .
Mientras tanto, a los consultorios llegan cada vez más familias interesadas en el tratamiento de otras afecciones, ya que los cannabinoides pueden contribuir a mejorar la evolución de trastornos de conducta asociados a los autismos, insomnio o estrés postraumático, agrega el neurólogo de niños y jóvenes Marcelo Di Blasi. También hay aplicaciones contra el dolor, la ansiedad, la demencia y el Parkinson.
En 2022, el Congreso había sancionado una ley que promueve la investigación científica de la planta y sus derivados, complementando la norma que desde 2017 autorizaba el uso terapéutico. Fue el corolario de un camino iniciado por organizaciones como Mamá Cultiva, que llevaba años militando por la legalización de sustancias que hasta entonces se importaban a valores internacionales y bajo permiso exclusivo de la ANMAT.
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Más allá de los logros de los últimos años, Di Blasi plantea la necesidad de una Ley de Drogas integral que termine con los episodios de allanamientos y persecución arbitrarios, como el del mes pasado en El Hoyo (Chubut), cuando la policía secuestró los elementos de trabajo de un cultivador que tenía todas las autorizaciones en regla.
Otros avances pendientes son la implementación de programas de reducción de daños para los usuarios con consumo problemático, la educación continua a los profesionales de la salud y la divulgación de precauciones de consumo a la población general.
AO JL
