Durante el gobierno de Javier Milei, distintos organismos de derechos humanos y de monitoreo de la violencia institucional registraron un aumento de episodios vinculados al accionar de las fuerzas de seguridad. Esta nota analiza tres dimensiones de ese fenómeno: la represión de la protesta social, los casos de gatillo fácil y las situaciones de violencia dentro de los lugares de encierro. Son escenarios distintos, ocurridos en provincias diferentes, protagonizados por fuerzas de seguridad diversas y separados por miles de kilómetros. Sin embargo, todos comparten un elemento común: la expansión del recurso represivo como forma de intervención estatal. La acumulación de estos registros y casos permite sostener una conclusión: con Milei la represión avanza. ¿Por qué? En el gobierno la represión es: 1) un método de construcción de poder. La disuasión de la movilización popular como fuerza opositora mediante la violencia y la persecución, genera un gobierno más fuerte. Además, el recrudecimiento de la hostilidad policial en los barrios populares funciona como represión preventiva hacia los sectores más desfavorecidos por la política oficial y quienes encabezaron actos insurreccionales en el 2001. 2) Un método de narrativa político electoral en el que la "fuerza" del Estado es exhibida como activa frente a los problemas de inseguridad estructurales en el país y frente a los cuales, la explicación progresista de ampliación de derechos no logra contener, al menos para buena parte de la sociedad. En ese sentido, la saña contra sectores de la sociedad percibidos como peligrosos suele tener el visto bueno de la base social del Gobierno.
Contra la protesta social
Según el monitoreo de la Comisión Provincial por la Memoria, desde la implementación del Protocolo Antipiquetes y durante los dos primeros años del gobierno de Javier Milei se monitorearon 139 manifestaciones públicas, de las cuales 51 terminaron con hechos represivos, es decir, más de una de cada tres. En ese período el organismo registró 2.585 personas heridas y 258 detenidas durante operativos de las fuerzas de seguridad.
Si se toma el período comprendido entre el 10 de diciembre de 2023 y el 30 de noviembre de 2025, las cifras equivalen a un promedio de 3 personas heridas por día en una manifestación, es decir, una cada seis horas y cuarenta minutos, y una persona detenida cada tres días en el mismo contexto. Además, la Comisión Provincial por la Memoria sostiene que en cerca del 70% de las manifestaciones monitoreadas se realizaron tareas de filmación e identificación de manifestantes por parte de personal uniformado o de civil, prácticas que el organismo considera incompatibles con la Ley de Inteligencia Nacional por constituir tareas de inteligencia sobre la protesta social.
Según denuncias de diferentes organizaciones de derechos humanos, los trabajadores de prensa fueron un blanco predilecto de la represión durante este gobierno. En el período anteriormente mencionado hubo 282 trabajadores de prensa heridos. Es decir, un trabajador de prensa fue herido en el ejercicio de su trabajo cada tres días.
Desde el retorno de la democracia no existe un antecedente documentado con una frecuencia y sistematicidad comparable de trabajadores de prensa afectados durante operativos represivos de manifestaciones. Si bien hubo episodios graves en gobiernos anteriores, como la represión de diciembre de 2001 o las protestas de 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri, el monitoreo específico realizado durante la gestión de Javier Milei permitió dimensionar un fenómeno que antes no tenía un registro equivalente. De hecho, el continuo asedio represivo a la prensa, casi se lleva la vida del fotoperiodista Pablo Grillo, quien estaba registrando el operativo de las fuerzas de seguridad durante una manifestación de jubilados el 12 de mayo de 2025.
Según CORREPI, entre diciembre de 2023 y enero de 2026 hubo 285 muertes por gatillo fácil durante el gobierno de Javier Milei. Se trata de casos en los que el organismo considera que agentes de seguridad utilizaron la fuerza letal de manera ilegítima, es decir, sin que existiera una situación que justificara el disparo mortal. No existe una estadística oficial que permita saber cuántas de esas víctimas eran completamente ajenas a cualquier actividad delictiva, pero la categoría de gatillo fácil busca precisamente registrar aquellos casos en los que la policía mata por fuera de un enfrentamiento legítimo.
Gatillo fácil y violencia a personas detenidas
Vamos a ver tres casos en los que personas fueron asesinadas por la fuerza de seguridad durante este gobierno con diferente tipo de justificación.
Juan Cruz Leal tenía 21 años y viajaba en moto con su amigo Daniel Kuhne de 20 años, en marzo del año pasado, cuando Lucas Adrián Gómez, policía de la División Servicio Especial Autopista de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, les disparó sin mediar palabra. Gómez estaba de civil, llegando a su casa. Según su propio relato, supuso que lo iban a robar. Según el sobreviviente Kuhne, iban a jugar un partido de fútbol. Leal murió en el hospital tras varias horas en estado crítico. Kuhne sobrevivió. Gómez se encuentra detenido bajo prisión preventiva por el delito de homicidio agravado. El juez de Garantías Ricardo Fraga dictó la medida en abril de 2026. El imputado deberá permanecer tras las rejas hasta el inicio del juicio oral.
Ivo Torres, de 22 años, era integrante de la comunidad Qolla San Juan de Quillaques, de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, Jujuy. Fue asesinado el 6 de febrero de 2026 en La Quiaca, cuando cuatro gendarmes del Escuadrón 21 lo perseguían mientras conducía su moto transportando hojas de coca hacia su localidad. La autopsia confirmó que recibió dos disparos de bala mientras conducía, de cerca, con balas de calibre nueve milímetros del mismo tipo que usa la Gendarmería.
En Argentina, la hoja de coca no está prohibida en sí misma. La Ley 23.737 de Estupefacientes, que penaliza la tenencia y tráfico de drogas, excluye la hoja de coca en estado natural de la lista de estupefacientes. Además, en el norte argentino existe una tradición cultural muy extendida de masticación de coca ("coqueo") y consumo en infusión. Se seguía a Torres por ingresarlo por un paso no habilitado desde Bolivia. Es decir, se investigaba a Torres por un delito de contrabando de mercadería, no por narcotráfico. Un delito no violento que no habilita el disparo contra una persona desarmada.
Los cuatro gendarmes detenidos fueron imputados por homicidio agravado: el subalférez Alexander Ezequiel Gunther, el sargento primero Walter Daniel Álvarez, el cabo primero Marcos Leonardo Wysniewki y la cabo Juliana Carina Enciso. La jueza federal Carina Inés Gregoraschuk dictó la prisión preventiva de los cuatro.
También en febrero de 2026 sucedió el caso de Matías Paredes. Albañil de 28 años, asesinado en Mar del Plata después de ser perseguido por cinco policías bonaerenses de civil, en sus propios autos particulares, sin uniforme y sin identificarse. Según se describe en la investigación, Paredes, hincha del Club Atlético Alvarado, venía junto a sus amigos en un evento en el que se había presentado la camiseta del equipo marplatense y volvía hacia su casa en Bosque Grande vestido con la indumentaria deportiva característica. Los cinco policías lo habrían confundido con su verdadero objetivo, un delincuente que hacía días había sido visto con la misma camiseta. Como los chicos venían de una fiesta y se les cruzaron dos autos civiles con hombres armados en plena madrugada, pensaron que los iban a asaltar. El conductor aceleró para escapar del supuesto robo y la policía respondió fusilándolos por la espalda.
Los dos amigos de Paredes que viajaban con él sobrevivieron al ataque y son los testigos clave de la causa. Ninguno de ellos tenía antecedentes penales, no portaban armas ni estaban alcoholizados.
En estos tres casos particulares, puede haber funcionarios o defensores del Gobierno que aleguen que hubo errores en el marco del cumplimiento del deber. En un caso, se intentó detener a un joven que entró hojas de coca en un paso no habilitado; en el otro, se confundió a un joven inocente con un criminal; y en el tercero se creyó que el joven le iba a robar al policía. Son malas reacciones dentro del marco de situaciones donde el personal de las fuerzas de seguridad no tenía la situación controlada y la velocidad de los hechos le jugó una mala pasada.
Sin embargo, la Procuración Penitenciaria de la Nación también advirtió un incremento de torturas y malos tratos en cárceles federales durante 2024, aunque esos registros incluyen agresiones, requisas violentas, aislamiento, amenazas y otros tratos crueles. Es decir, que también creció la violencia policial hacia personas que ya fueron detenidas, donde la situación es mucho más controlada por las fuerzas de seguridad.
El crecimiento de la represión estatal en sus diferentes caras proviene de que para el gobierno de Milei la represión ocupa un lugar distinto: herramienta de construcción política y de legitimación electoral. Construcción política porque gobiernos no peronistas como el de De la Rúa y Macri tuvieron fuertes derrotas políticas frente a la movilización popular; y de legitimación electoral, porque se pretende mostrarse proactivo frente a la inseguridad. Esto envalentona a los agentes a cometer todo tipo de atropellos en el uso de la fuerza, además de un avance de la represión preventiva sobre los desfavorecidos del modelo.
