La senadora de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, desempeñó un rol central como ministra de Seguridad en los primeros meses del gobierno de Javier Milei, implementando políticas de mano dura y estabilizando el orden público en un contexto de ajuste económico inicial. Según el exministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni en el programa Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190), “Bullrich fue fundamental para darle tranquilidad a Milei” y permitir que el equipo presidencial se acomodara frente a desafíos internos y externos.
El político y médico Sergio Berni, reconocido por su trayectoria en seguridad y defensa civil, es médico cirujano de profesión, graduado de la Universidad Nacional de Rosario. Se desempeñó como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires en la gestión de Axel Kicillof, desde diciembre de 2019, y anteriormente acumuló experiencia en el ámbito nacional, trabajando en el Ministerio de Defensa, la Gendarmería y la Policía Federal.
Algunos años atrás, sucedió el caso en Estados Unidos de Black Lives Matter, la discusión contra los afroamericanos, a quienes se los suponía portación de cara. Algo bastante parecido a lo que sucedía en la Argentina con personas de menores recursos, culpables, eventuales culpables o sospechosos de delito. De hecho, Néstor Kirchner asumió en la Argentina en 2003, cambiando lo que hasta ese momento había sido la política conocida como gatillo fácil, incluso durante la gestión del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Ruckauf, quien había ganado las elecciones con ese planteo. Pareciera ser que, en los ciclos de humor social, la sociedad atraviesa momentos en que pide mano dura y otros en que se asusta por los excesos de los mecanismos de seguridad. En la Argentina rige todavía el protocolo de Patricia Bullrich, así que me gustaría apelar a su experiencia para que nos haga una síntesis sobre cómo encontrar el equilibrio entre empoderar a la fuerza de seguridad, pero al mismo tiempo no tanto como para que se facilite que luego cometan excesos.
La verdad es que son dos cosas distintas: una cosa es el gatillo fácil, otra es una política de exceso de represión. ¿Cómo encontrar el equilibrio? Eso es muy sencillo. Usted sabe que la diferencia entre quien improvisa y quien actúa profesionalmente es la técnica. Y la técnica en el accionar policial depende de los protocolos, de la profesionalización y, por sobre todas las cosas, de la selección del personal que va a integrar cada fuerza.
Algo que pasa totalmente desapercibido, pero que resulta importante, porque se puede tener el mejor protocolo y la mejor profesionalización, pero si la persona que porta un arma no responde psiquiátricamente como corresponde, ahí surgen los problemas del llamado gatillo fácil. Por eso, cuando hablamos de gatillo fácil, se trata de cuestiones individuales; no tiene relación con una doctrina de ejecutar permanentemente, de manera violenta, las resoluciones policiales.
Por eso es fundamental no solo contar con protocolos y profesionalización, sino, por encima de todo, con una correcta selección del personal policial, algo que en la Argentina es sumamente difícil. Mire, recuerdo que hace unos cuatro años habíamos conseguido presupuesto para reclutar e incorporar diez mil nuevos policías en la provincia de Buenos Aires. Todos los intendentes tenían la responsabilidad de seleccionar al personal que actuaría en sus municipios, y ninguno logró completar ni siquiera el 20% de la capacidad asignada, porque la mayoría de los aspirantes presentaba distintos problemas, sobre todo en las evaluaciones psicológicas, lo que impidió que se incorporara más personal.
Esas son las cuestiones que hay que tener muy presentes al momento no solo de escribir protocolos, sino de aplicarlos a través del personal, porque los problemas suelen depender de la reacción individual de cada miembro de la fuerza.
Con la experiencia de organizaciones privadas, que no existe ninguna institución con absoluta perfección. De hecho, como usted dice, pueden presentarse problemas psiquiátricos en personas mientras cumplen sus funciones, y eso no implica que el protocolo sea malo ni que la organización sea defectuosa. Son casos aislados.
Si determinados protocolos no facilitan, no sé si esa es la palabra correcta, que personas que están al borde de un desbalance emocional, o en un escalón previo, o que no cuentan con la estabilidad suficiente puedan verse impulsadas a responder con mayor violencia. Podríamos decir que un sistema con un protocolo que aliente reacciones más agresivas los produce en mayor cantidad. Por ejemplo, lo que acabamos de ver con el policía de migraciones en Minnesota, que disparó directamente a la cabeza de una señora, y el caso reciente en Oregón, donde se disparó contra un matrimonio. ¿Existen ciertos tipos de protocolos que aumentan la posibilidad de que estos episodios, no sé si la palabra correcta es “gatillo fácil”, ocurran con mayor frecuencia?
No, no tiene que ver con el protocolo, sino con la respuesta del sistema judicial. Primero, porque ningún protocolo puede ir en contra de la ley. Hay un principio general, la pirámide de Kelsen, que establece que ninguna norma puede contradecir una ley superior: una ley provincial no puede ir en contra de los principios de las leyes nacionales; las leyes nacionales no pueden contradecir la Constitución; y la Constitución no puede ir en contra de los tratados internacionales.
Lo importante es la reacción del sistema judicial. Si este actúa rápidamente y con contundencia, cualquier intento individual queda disuadido. Ahora, si hay laxitud —no es culpa del protocolo, sino del accionar y la respuesta del sistema judicial—, la disuasión se anula. Si no, fíjese lo que ha sucedido en la Argentina. Usted me hablaba del protocolo antipiquete; mire lo que le pasó a su colega Grillo: hoy, el gendarme que disparó está procesado.
El problema del protocolo antipiquete no está en su contenido, sino en que, aunque esté escrito, carece de la conducción política detrás. Fíjese que siempre terminan siendo procesados los “pobres” —digo, los gendarmes, policías o prefectos que ejecutan la acción—. Lo mismo ocurrió con Nahuel, en Neuquén, donde fueron sentenciados los prefectos que actuaron según el protocolo, mientras se exime de responsabilidad a quien dio la orden política.
Ese me parece el gran agujero negro del protocolo antipiquete. A mí no me asusta el contenido en sí, sino que es incompleto: quienes lo redactaron olvidaron establecer que la responsabilidad política debe estar por encima de todas las responsabilidades individuales de los hombres que lo ejecutan.
El ordenamiento jurídico: ninguna disposición puede ser ilegal, por decirlo de alguna manera, ni contraria a la Constitución. En el caso de la Argentina, un juez falló dos años después de que el protocolo antipiquete estuviera en funcionamiento, declarando que era inconstitucional. En Estados Unidos, hay además serias discusiones sobre la constitucionalidad de las instrucciones que dio la policía migratoria aduanera bajo la administración de Trump. Es cierto que la justicia llega después, uno o dos años más tarde, pero mientras tanto, como usted dice, la responsabilidad recae sobre quienes cumplían las órdenes, no sobre quienes las ejecutan.
Hubo un cambio de jurisprudencia: por ejemplo, en los actos de 2001, los responsables fueron el jefe de la Policía Federal y el ministro del Interior. Ahora le pregunto al abogado: ¿hubo un cambio en nuestra tendencia jurídica, trasladando el foco de la responsabilidad de la persona que da la orden al último eslabón de la cadena y no al primero?
No, no hay un cambio en la jurisprudencia; lo que sí varía es el actuar de quien lleva adelante la investigación, hasta dónde decide profundizar y hasta dónde busca reparar. Puede optar por dejar la responsabilidad en el caso del periodista Grillo sobre el gendarme que ejecutó la acción, o puede investigar hacia arriba en la cadena de responsabilidades. Mire, cuando usted me veía, siempre estaba presente en cada operativo policial que se llevaba a cabo. Eso tiene que ver justamente con asumir la responsabilidad civil y penal de las órdenes que cada uno da.
Eso es lo que permite que el protocolo funcione como corresponde: cuando la conducción política asume esa responsabilidad civil y penal, todos los protocolos se ejecutan con mayor normalidad, eficiencia y, sobre todo, con libertad de acción para los policías, quienes pueden actuar según su técnica sin temer las consecuencias judiciales.
Yo uso la palabra jurisprudencia con cierto grado de cortesía hacia nuestro sistema judicial. La diferencia entre el jefe de policía y el ministro del Interior en la época de De la Rúa es que quienes los juzgaron lo hicieron después de la caída del gobierno; en cambio, en este caso, el gobierno sigue en funciones. Por eso, las decisiones dependen en gran medida de cada persona que lleva adelante el expediente judicial, ya sea fiscal o juez de garantías.
Nosotros hicimos un reportaje conjunto entre usted y Patricia Bullrich cuando ella apenas era candidata. Hoy, tras dos años de su gestión como ministra de Seguridad del gobierno de Milei, ¿cuál es su evaluación? ¿Considera que lo desempeñó peor de lo que esperaba, mejor de lo que esperaba, o de manera similar? ¿Cuál es su valoración de ella en la función de ministra durante esos primeros dos años?
Yo creo que el rol más importante que cumplió Patricia Bullrich en este gobierno no fue estrictamente como ministra de Seguridad, sino desde el plano político. Su accionar político le otorgó a Milei un margen de oxígeno en los primeros meses de gestión, permitiéndole acomodarse. Me parece que eso fue lo más relevante. Este gobierno, más allá de la experiencia o del nombramiento de Bullrich como ministra de Seguridad, contó con un rol político fundamental de su parte, y creo que eso es lo que más hay que destacar en términos de su contribución.
Me contaba un amigo que cuando Felipe González asumió durante la transición española, a los pocos meses lo visitó el líder de la oposición. González le contó que todavía se estaba adaptando a la vida en la casa con hijos pequeños, que se sentía incómodo en el nuevo rol y por la pérdida de intimidad. Con un poco de cinismo, el líder franquista le dijo: “Quedate tranquilo, no vas a durar mucho tiempo acá, así que el problema lo vas a tener solucionado de acá a poco”. Felipe González devolvió la ironía respondiendo: “No es así. Vos creés que yo voy a durar poco porque, siendo socialista, no me voy a preocupar ni de la inflación ni de la seguridad, que serían los dos puntos por los cuales la sociedad me sacaría de acá rápidamente”. Existe en los gobiernos más progresistas cierta despreocupación por estos dos temas, que son prioridad de los gobiernos de derecha. Y cuando no se ocupan de ellos, terminan siendo la inflación y la seguridad los factores que llaman a los gobiernos de derecha.
Mirá, esa respuesta no se la puedo dar porque, si hay algo que nunca fui, fue progresista. Creo que, durante muchos años —y usted, que es un hombre de gran trayectoria, me habrá escuchado— he dicho que soy peronista y de derecha. Por eso, he sido un gran crítico del progresismo, y no estoy en posición de dar una respuesta desde sus zapatos.
Hace muchos años, cuando en la Argentina decir que uno era de derecha era casi una mala palabra, ¿se acuerda?
He tenido muchos problemas dentro de mi propio espacio político por definirme como peronista y de derecha, cuando ni siquiera existía Milei. Por eso no puedo responder desde la perspectiva progresista: no siento, ni actúo como una persona progresista. Pero sí creo que es un defecto de los gobiernos progresistas, algo que también afectó al gobierno de Cristina.
Karina Milei y Patricia Bullrich asistieron al teatro para presenciar la obra de Guillermo Yanco
Mire, creo que el problema del peronismo es que se ha dejado infiltrar por el progresismo, adoptando esa mirada de “mente abierta”, pensando que el peronismo es un movimiento que debe abarcar de la derecha a la izquierda, y con ello incorporar al progresismo. El problema es que se le otorgó al progresismo un rol más importante que al propio peronismo. Si no, basta mirar lo que ocurrió en el último gobierno pseudoperonista, el de Alberto Fernández, un gobierno al cual alcé la voz porque entendía que no representaba los intereses del peronismo, y así fue.
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