Este jueves, el presidente del partido y actual delegado regional de ANSES, Alfredo “Capi” Rodríguez, declaró como imputado en la causa federal que investiga presuntas afiliaciones partidarias falsas y supuestas maniobras de presión sobre empleados públicos.
En su indagatoria, Rodríguez buscó despegarse de toda responsabilidad. Aseguró que nunca certificó fichas de afiliación y que, al momento en que se habrían producido las irregularidades, todavía no estaba en funciones dentro del organismo previsional. Según su versión, recién asumió el cargo en mayo de 2024 y el acceso formal a la base de datos de ANSES lo obtuvo días después.
El dirigente libertario también fue tajante al señalar a la entonces vicepresidenta partidaria Ileana Aguirre y a su círculo como los verdaderos responsables de la operatoria. Según Rodríguez, la denuncia en su contra responde a un enfrentamiento interno que Aguirre habría utilizado para desgastarlo políticamente y bloquear su proyección electoral.
Tras la audiencia, su abogado defensor, Zacarías Issolio, brindó una conferencia de prensa donde ratificó la estrategia: “Rodríguez dejó claro que las supuestas afiliaciones apócrifas son anteriores a su gestión pública. Él no certificó esas firmas ni intervino en el procedimiento”.
El letrado adelantó que pedirán pericias caligráficas sobre las fichas y otras diligencias probatorias para desestimar la imputación. Además, marcó una diferencia con el otro expediente que involucra a dirigentes libertarios, conocido como “causa PAMI”: “Son procesos distintos; aquí solo se investigan las afiliaciones falsas”, precisó.
La investigación
El expediente, impulsado por el fiscal federal Patricio Sabadini, apunta a más de 40 hechos de falsedad ideológica en documentos públicos. Testimonios recogidos hasta ahora sostienen que las personas fueron afiliadas sin su consentimiento, y en algunos casos ni siquiera estaban en condiciones de firmar por problemas de salud o edad avanzada.
La pesquisa también avanza sobre una presunta estructura de aportes compulsivos a trabajadores de ANSES y PAMI, fondos que habrían sido canalizados a través de la Fundación Ideas de Libertad.
La jueza federal Zunilda Niremperger tiene ahora el plazo legal para resolver la situación procesal de Rodríguez. Mientras tanto, el propio dirigente libertario aseguró que no será candidato este año y que su prioridad es que la causa se resuelva rápido: “No me voy a amparar en fueros. Estas acusaciones dañaron mi vida política, profesional y familiar, y quiero que todo se aclare cuanto antes”.
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