La investigación por el escándalo de las inversiones financieras que involucra fondos públicos en Chaco sumó nuevos capítulos con los allanamientos ordenados por la Justicia federal en la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña y en oficinas vinculadas a la Bolsa de Comercio del Chaco.
En ese contexto, el intendente Bruno Cipolini brindó una conferencia de prensa en la que defendió el accionar de su administración y aseguró que el municipio no es responsable de las maniobras bajo investigación, sino que resultó perjudicado por decisiones tomadas dentro del ámbito bursátil.
“Es saludable que la Justicia investigue y llegue hasta las últimas consecuencias”, expresó el jefe comunal al referirse a las medidas judiciales.
Allanamientos y búsqueda de documentación
Los procedimientos judiciales se realizaron en distintas dependencias de la ciudad, entre ellas la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Economía del municipio, donde los investigadores secuestraron documentación relacionada con la colocación de fondos públicos en instrumentos financieros.
La causa busca determinar posibles irregularidades en operaciones realizadas a través de la Bolsa de Comercio del Chaco, particularmente en inversiones vinculadas a cheques o instrumentos financieros que no contaban con garantías suficientes.
En paralelo, también se conoció que el gerente general de la Bolsa, Julio Barrios Cima, fue interceptado en un peaje mientras se dirigía a Sáenz Peña para declarar en otra causa vinculada al mismo caso. Por orden judicial, se procedió al secuestro de su teléfono celular para analizar información que pueda resultar relevante para el expediente.
Una causa que investiga el destino de fondos públicos
La investigación se originó tras una denuncia del diputado provincial Santiago Pérez Pons, quien advirtió que el municipio habría perdido cerca de 1.800 millones de pesos luego de invertir recursos públicos en instrumentos financieros de alto riesgo.
El expediente analiza posibles delitos como incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y peculado.
Entre los nombres mencionados en la denuncia figuran el propio intendente Cipolini, la secretaria de Economía María Alejandra Quintana y el secretario de Gobierno Diego Landriscina.
“El municipio es víctima”
Durante su exposición ante los medios, Cipolini insistió en que la Municipalidad no tomó decisiones irregulares, sino que actuó como inversor dentro de un esquema de operaciones financieras.
“La Municipalidad de Sáenz Peña es damnificada en esta situación. Hemos sido víctimas, si no de la institución, sí de un conjunto operativo que actuaba dentro de ella”, afirmó.
El intendente también remarcó que nadie ha señalado que funcionarios municipales se hayan apropiado de los recursos públicos, y sostuvo que el dinero involucrado en la causa continúa existiendo.
Según explicó, esos fondos provenían de excedentes financieros transitorios que el municipio utilizaba como reserva para afrontar eventuales caídas de la coparticipación o sostener obras públicas.
Fondos bajo resguardo judicial
Cipolini aseguró además que una resolución judicial dispuso el resguardo de los recursos municipales, que permanecen separados del control de la Bolsa de Comercio mientras se resuelve el conflicto de fondo.
“Los recursos de los saenzpeñenses están protegidos por orden judicial y a la espera de una resolución definitiva”, indicó.
En ese sentido, sostuvo que la documentación secuestrada durante los allanamientos demostraría que la comuna realizó una registración administrativa correcta de todas las operaciones.
El rol de Landriscina y la decisión política
Uno de los puntos más sensibles de la investigación es el rol del secretario de Gobierno Diego Landriscina, a quien la denuncia menciona por presuntas comisiones vinculadas a operaciones realizadas con la cuenta comitente municipal.
Cipolini confirmó que el funcionario se encuentra actualmente de licencia y que su lugar será ocupado de forma interina por Luis Colabiño, aunque aclaró que no tomará decisiones definitivas hasta que avance la investigación judicial.
“No soy fiscal ni juez. Tenemos que esperar que la Justicia determine responsabilidades”, sostuvo.
Impacto político y financiero
En medio de la polémica, concejales del peronismo solicitaron que el intendente se tome licencia para facilitar la investigación, una posibilidad que Cipolini descartó.
“No necesito apartarme para que la investigación avance”, respondió. El jefe comunal también buscó llevar tranquilidad sobre la situación económica del municipio y aseguró que los salarios de los empleados municipales y las obligaciones financieras están garantizados.
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