La Justicia federal ordenó allanamientos en la Bolsa de Comercio del Chaco (BCCH) y en dependencias del Municipio, en el marco de una causa que analiza la colocación de fondos públicos en instrumentos no garantizados.
Las medidas incluyeron el secuestro de documentación y dispositivos electrónicos considerados de interés para la pesquisa. El expediente busca determinar si existieron irregularidades en operaciones que, según la denuncia, habrían generado una pérdida estimada en $8.000 millones y de ellos, $1.800 millones para las arcas municipales de Sáenz Peña.
Secuestro del celular del gerente en un peaje
En paralelo a los procedimientos, el gerente general de la Bolsa, Julio Barrios Cima, fue interceptado por efectivos de la Policía Federal en un peaje cuando se dirigía a Sáenz Peña para declarar ante la Justicia provincial. Allí se concretó el secuestro de su teléfono celular, en cumplimiento de una orden judicial.
María Noguera y José Peña, padres de Loan: "Nos arrepentimos de haber contratado a Burlando"
El directivo se presentó como testigo en la causa impulsada por el diputado provincial Santiago Pérez Pons, quien denunció al municipio de la ciudad termal posibles delitos vinculados a las operatorias financieras. Tras su declaración, Barrios Cima aclaró que no reviste carácter de imputado y sostuvo: “Venimos como testigos a aportar nuestro conocimiento de la situación y ponernos a disposición de la Justicia para esclarecer los hechos denunciados”.
Su abogado, Adrián Gaitán, negó versiones sobre una eventual detención y confirmó que el dispositivo fue entregado conforme al oficio judicial.
La denuncia: inversiones sin respaldo presupuestario
La presentación judicial de Pérez Pons apunta contra el intendente Bruno Cipolini, la secretaria de Economía María Alejandra Quintana y el secretario de Gobierno Diego Landriscina, por presuntos delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, malversación de caudales y peculado.
Según el denunciante, el Municipio habría modificado su perfil inversor para acceder a instrumentos de mayor riesgo a través de la Bolsa del Chaco, sin contar, siempre de acuerdo a esa versión, con una ordenanza específica ni partida presupuestaria que habilitara esas colocaciones.
Emboscada a un chofer de app en Chaco: lo golpearon con un arma y le fracturaron el cráneo
Pérez Pons sostuvo que el propio intendente habría firmado la apertura de la cuenta comitente y aceptado las condiciones del mercado, y agregó documentación que, según afirmó, demostraría que uno de los funcionarios autorizados a operar también habría percibido comisiones vinculadas a esas maniobras.
“Mi trabajo es denunciar y aportar pruebas. Ahora le corresponde a la Justicia investigar y esclarecer, porque 1.800 millones no desaparecen solos”, expresó el legislador tras presentarse ante la fiscalía.
La defensa de la Bolsa: “Se limitó a tres oficinas”
Desde la Bolsa de Comercio del Chaco emitieron un comunicado oficial en el que confirmaron el allanamiento y aseguraron que el procedimiento se circunscribió exclusivamente a tres oficinas pertenecientes a empleados de la entidad.
La institución indicó que la medida estuvo vinculada a una investigación por operaciones con cheques no garantizados y que alcanzó únicamente a un grupo reducido de libradores e inversores respecto de los cuales se levantó el secreto bursátil.
Además, la BCCH afirmó que la información del resto de los clientes no fue objeto de revisión y remarcó su “total predisposición” a colaborar con la Justicia para el esclarecimiento de los hechos.
La clave jurídica: el “inversor calificado”
En su declaración, Barrios Cima defendió la legalidad de las operaciones y explicó que el Municipio contaba con la condición de “inversor calificado”, categoría que, según sostuvo, habilita a determinados actores, entre ellos organismos estatales, a operar en el mercado de capitales sin restricciones asociadas al perfil de riesgo.
“Desde el punto de vista de la normativa vigente, esa condición le permite realizar cualquier tipo de inversión dentro del mercado de capitales”, afirmó.
La causa, que tramita en el fuero federal y tiene derivaciones en la Justicia provincial, avanza ahora con el análisis de la documentación secuestrada y el contenido del teléfono incautado.
Productor sobre la crisis yerbatera: "Esto es un proyecto de muerte y lo encara el presidente de la república"
Mayans: “Milei demostró el domingo que no está en sus cabales para gobernar el país”
Murió una niña de 12 años tras un choque entre una moto y un camión en Resistencia
